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El manejo mediático, junto a la narrativa del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha llevado a los y las salvadoreñas a aplaudir y tomar como cierto todo lo que desde los tuits del mandatario salen, sin poner nada en duda, y ni tan siquiera pedir una aclaración.
Solo un “tres por ciento”, que en realidad es el 20 por cien de la población en El Salvador que no aplaude, y por supuesto no da validez a todo lo que de Capres y sus filiales sale y ha adoptado una valiente y necesaria posición crítica.
Y es cierto que hay que reconocer que en el terreno y en la percepción de la población se da como válida la disminución de la violencia y, por ende, en la mejora de la seguridad, sobre todo de los homicidios y extorsiones provenientes de los grupos delincuenciales conocidos como maras o pandillas.
Pero, es cierto también, que entre las más de 70 mil personas capturadas en el marco del régimen de excepción hay 20 mil inocentes, entre los que se encuentran una treintena de colombianos que le están haciendo mucho ruido al presidente, no solo en Colombia, sino en los países vecinos, y más allá.
Como también es cierto que hay sospecha de que El Salvador está viviendo una segunda etapa de negociaciones entre el gobierno y los grupos criminales. Esta sospecha se da a partir de que entre los capturados no figuran los cabecillas de los grupos terroristas, los decomisos de armas, celulares y dinero no responden a todo el aparato de comunicación y finanzas de esos grupos delictivos.
Y un último elemento de la sospecha es que este Gobierno se niega a extraditar a cabecillas de las pandillas reclamados por Estados Unidos. Es decir, se sospecha que se ha negociado la captura de las bases de los grupos delincuenciales, “hasta después de las elecciones”, y no tocar las estructuras de mando.
Pero no solo el tema de la seguridad es lo que debe interesarle a la población salvadoreña, sino mucho más, y no solo los críticos, sino también los aplaudidores deberían comenzar a pensar en otros problemas, y comenzar a preguntarle al presidente algunas explicaciones, o por lo menos información creíble.
Por ejemplo, en los primeros tres años del Gobierno del presidente Bukele, el endeudamiento de El Salvador pasó de $18,878.6 millones en 2019 a $24,102.7 millones en 2022, con cifras hasta noviembre. Y si le agregamos los préstamos que se han hecho cada martes de plenaria en la Asamblea Legislativa, que en la vox populi comienzan a decir los “martes de préstamos”.
Este periódico siempre creyó que el presupuesto general de la nación, mientras no se hicieran reformas fiscales serias, siempre iba a necesitar de préstamos para completarlo, sobre todo para la inversión pública, sino es que para el gasto público.
Pero, los salvadoreños deberían ponerle atención a esta deuda por dos razones: primero, el presidente Bukele, durante su campaña electoral en 2019, asegura que no era necesario endeudarse, “porque el dinero alcanza cuando nadie roba”.
Aquí viene la primera pregunta que los fanáticos, discípulos, aplaudidores o seguidores del presidente deberían hacer ¿Cómo es que siendo un gobierno que no roba, no le alcanza el pisto y tiene que pedir prestado hasta noviembre de 2022?
Además, el Ministro de Hacienda, cuando ha aparecido en los medios de comunicación, se jacta de la excelente captación de impuestos, como resultado del combate a la evasión de impuestos. Entonces, en un país que recupera más dinero por la vía del impuesto y no roba, por qué tiene que a cudir a los préstamos.
Pero hay algo más grave, y lo debería de ser también para los seguidores del presidente Bukele. Y es que recienteme, el ex ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, publicaba en un matutino, un artículo en el que, basándose en datos del BCR, afirma que en primer lugar, en la actualidad, aunque el gobierno emite nuevos bonos, en el mercado internacional no los quieren, y quienes se atrevan a aceptarlos tendrían que pagar entre el 15% y 20% de intereses.
Segundo, ante tal situación, el gobierno ha recurrido a financiarse con los fondos de la gente: “Unos son los ahorrantes del sistema de pensiones, a quienes ahora y por cuatro años al menos les está pagando cero intereses. Calculando que en los mercados internacionales tendría que pagar al menos 15-20% anual, el no pagarles nada equivale a confiscarles el 80% de sus fondos a estos ahorrantes”.
“Es importante notar que esos fondos se los confisca directamente a los ahorrantes, no a las administradoras de pensiones”, aclara Hinds.
Tercero: “La otra fuente de efectivo surge de las reservas de los bancos, que en el fondo son de los depositantes de los bancos. Los bancos tienen la obligación de depositar en el Banco Central un porcentaje de los depósitos que ellos tienen del público”.
Lo anterior es grave, pues esas reservas no se están utilizando para lo que son, es decir, que “El Banco Central deposita estos fondos en cuentas e inversiones de gran seguridad en el extranjero para que sirvan en caso de una crisis”, dice Hinds.
O sea, pues, el Gobierno del presidente Bukele está utilizando el dinero de los ahorrantes y pensionados de El Salvador, para mantener la liquidez en las finanzas públicas, a costa de poner en peligro no solo la estabilidad financiera del país, sino también las pensiones o depósitos de los ahorrantes. Estas son las cuentas que todos los salvadoreños deberían pedir a este gobierno del slogan que “cuando nadie roba el dinero alcanza”.
