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Brasilia/Prensa Latina
Más de 400 líderes políticos de entidades, asociaciones y universidades de 46 países de Latinoamérica, África y Europa firmaron un manifiesto para pedir este lunes la anulación de sentencias contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la columna de la periodista Mônica Bergamo, del diario Folha de Sao Paulo, ‘el documento afirma que la conducta del exjuez Sérgio Moro y del grupo de trabajo de la Lava Jato del Ministerio Público, deja clara la existencia de colusión’, y a Lula se le niega su derecho a un juicio justo. Mañana el juez Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), recibirá el texto de apoyo.
El documento también rechaza la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en las pesquisas de la operación judicial Lava Jato.
‘Hemos recibido extrañamente la noticia de que hubo una interferencia del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Lava Jato. Resulta inaceptable que gobiernos extranjeros actúen en demandas locales, las cuales atentan contra la soberanía y ocultan otras motivaciones políticas y económicas’, señala la nota.
La iniciativa marca un calendario desde la liberación de Lula (8 de noviembre de 2019) después de 580 días de encarcelamiento en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.
Con su arresto, el exdirigente obrero quedó fuera de las elecciones presidenciales de 2018, mientras que Moro ascendió al rango de ministro de Justicia del gobierno del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.
Un año después de salir de prisión, continúa la batalla por la defensa del fundador del Partido de los Trabajadores en cortes superiores (STF y Supremo Tribunal de Justicia, consideradas tercera instancia).
La semana pasada, el juez Edson Fachin, del STF, volvió a negar una apelación de los abogados de Lula que solicitan la suspensión del juicio en el llamado caso de Guarujá.
Al exmandatario se le acusa por la posesión de un apartamento triplex en el área litoral de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, supuestamente recibido a cambio de beneficiar a la empresa OAS.
Los fiscales indican que el exjefe de Estado recibió el inmueble como retribución por los contratos cerrados por la contratista con Petrobras.
Desde el comienzo del proceso, aún en primera instancia, Lula reafirma su inocencia y la defensa alega que el apartamento no es suyo, no hay pruebas contra el expresidente, quien no cometió delitos antes, durante o después del mandato (2003-2011).
