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El informe también reportó que se registraron 468 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como 40 casos adicionales contra mujeres adultas, algunos de ellos perpetrados por agentes estatales.
Saúl Méndez
Colaborador
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentó su Informe Anual: El estado de los Derechos Humanos en El Salvador 2024, dónde evidenciaron graves vulneraciones a derechos fundamentales. La libertad personal y la libertad de expresión figuran entre los derechos más afectados durante el 2024.
En 2024 la percepción de seguridad en El Salvador mostró una mejora, atribuida principalmente a una reducción del 70% en los homicidios respecto a 2021. No obstante, organismos defensores de derechos humanos aseguran que la disminución ocurre en un contexto marcado por graves vulneraciones de derechos humanos.
El informe del OUDH constató que desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2024, bajo el régimen de excepción, más de 83,600 personas han sido capturadas, en su mayoría sin órdenes judiciales ni respeto al debido proceso.
Gabriela Santos, directora del Idhuca, señaló que en los últimos años se han agudizado prácticas como las detenciones arbitrarias, las torturas, los malos tratos y la negación del acceso a la justicia.
Santos también reveló que, durante 2024, el derecho a la libertad personal fue el más vulnerado, acumulando el 65% de las denuncias documentadas, seguido por el derecho a la seguridad personal, con el 23%.
El informe también reportó que se registraron 468 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como 40 casos adicionales contra mujeres adultas, algunos de ellos perpetrados por agentes estatales.
«El debilitamiento del sistema de justicia es igualmente alarmante», dijo Santos.
El número de procesos de hábeas corpus se redujo en un 68% respecto a 2023, reflejando una restricción en los mecanismos efectivos de protección de los derechos fundamentales.
«La reducción del número de defensores públicos ha incrementado la sobrecarga de casos, limitando seriamente el acceso a una defensa técnica adecuada para las personas detenidas», mencionó la directora del Idhuca.
«Vivimos en este contexto adverso, donde la institucionalidad sigue gravemente afectada por la falta de transparencia, por políticas gubernamentales que no solo cuestionan sino que atacan los derechos humanos», agregó.
Libertad de expresión
La situación de la libertad de expresión también se ha visto gravemente afectada. En el informe se documentó el aumento de ataques y amenazas contra periodistas y medios independientes, junto con restricciones sistemáticas en el acceso a la información pública.
«Este deterioro de derechos ocurre en un contexto político y social adverso, caracterizado por procesos electorales con serias irregularidades, represión a voces disidentes y consolidación de un clima de vigilancia, miedo y amenazas», alertó Santos.
«Lejos de promover nuevas políticas de seguridad basadas en la prevención, el diálogo y el respeto a los derechos humanos, se refuerzan mecanismos de control autoritario que vulneran el tejido democrático», concluyó.
2024: un año marcado por el debilitamiento institucional
El 2024 fue un año con eventos relevantes para el contexto nacional. En marzo del año pasado se cumplieron dos años de vigencia del régimen de excepción, una situación que no ocurría en el país desde la firma de los acuerdos de paz. Esto suspende derechos fundamentales de la población de forma generalizada y con impacto diferenciado sobre estratos de la sociedad históricamente estigmatizados.
Además, el 2024 fue el año de los procesos de elección presidencial, legislativo y municipal que estuvieron marcados por distintas irregularidades, así como ataques a voces disidentes al oficialismo.
«A la base de todo esto tenemos la reelección inconstitucional que marca el pleno rompimiento del Estado de Derecho en nuestro país, una situación que tiene impactos directos en los derechos de la población
ante la ausencia de mecanismos efectivos de contraloría y frenos al ejercicio del poder», aseveró la directora del Idhuca.
«En lugar de construir un entorno de seguridad, entendiendo la seguridad con ese concepto amplio, basado en el diálogo y en la prevención, nos encontramos con un clima de miedo», advirtió.
