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A esta demanda se suman las más de 250 mil firmas que presentó la Iglesia Católica, con una solicitud a la Asamblea Legislativa para que los diputados y diputadas deroguen la actual Ley de Minería Metálica y volver a implementar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“No existe la minería verde o amigable, es mentira también que genera desarrollo, ingresos para el Estado u oportunidad de empleos para la población”, afirmó el abogado Oscar Morales, de la Mesa Frente a la Minería Metálica.
Morales agregó, además, que esta normativa aprobada recientemente por el gobierno del presidente Nayib Bukele “violenta los derechos humanos y ambientales”, que están reconocidos en la ley primaria como la Constitución de la República, la secundaria referida a la Ley de Medio Ambiente y Tratados Internacionales.
“Es importante, en un primer momento, hacer un análisis con un enfoque estructural y sistémico, porque no es temático ni coyuntural, es decir, responde a un modelo económico implementado en el país, que es neoliberal que ve en el extractivismo y la minería metálica una forma de acumulación de Capital”, indicó.
Morales recalcó que era importante mencionar que la minería metálica, “violenta una serie de derechos conquistados”, los cuales están reconocidos en la Constitución de la República, así como la legislación internacional.
“Hemos llegado a más de un mes, luego que el 24 de marzo, presentamos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y no hemos obtenido ninguna respuesta ni favorable ni en contra. Ni nos han notificado si se admitió o no la demanda de inconstitucionalidad que le acompañan alrededor de 59 mil firmas”, sostuvo Morales.
A esta demanda se suman las más de 250 mil firmas que presentó la Iglesia Católica, con una solicitud a la Asamblea Legislativa para que los diputados y diputadas deroguen la actual Ley de Minería Metálica y volver a implementar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
Asimismo, las organizaciones ambientalistas, academia e iglesias históricas que vienen apoyando la iniciativa de prohibición de la minería ante las graves violaciones al cuerpo normativo que garantiza el derecho a un ambiente sano, derecho a la salud y la vida de la población salvadoreña.
“Encontramos la primera violación al principio de no regresión en materia ambiental. ¿Dónde se consigna esta violación?, en el artículo 34 de la Ley General de la Minería Metálica, recientemente aprobada”, afirmó.
“Ese principio de no regresión establece que siempre cuando un Estado ha avanzado en materia de derechos humanos y en materia de derecho ambiental, siempre que el Estado haya avanzado reconociéndose, no puede existir otra legislación que la derogue”, explicó Morales.
El artículo 34 de la Ley General de Minería Metálica derogó la Ley de Prohibición de Minería Metálica, para permitir la actividad extractiva “violenta el principio de no regresión en esta materia”, señaló Morales.
De igual forma, esta nueva Ley General de Minería va en contra del artículo 2 y 117 de la Constitución de la República, que consagran el derecho a la vida, la salud y el derecho a un medio ambiente sano.
Al que se suma la violación al artículo 2 de la Ley del Medioambiente y el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, que son cuerpos legales que reconocen y protegen los derechos al medioambiente sano y la obligación del Estado a procurarlo.
“En el artículo 2 de la Ley General de Minería Metálica se consigna que los costos por los cuales esta actividad económica extractiva, se traslada todo al Estado. Y creemos que atenta también contra cuerpos normativos que garantizan derechos humanos y ambientales”, acotó.
“Creemos específicamente que los artículos 18 y 31 de esta ley violentan los derechos de la población porque elimina de su cuerpo normativo los estudios de impacto ambiental como requisito para otorgar permisos de procesos de extracción y de exploración de minería metálica en el país”, sostuvo Morales.
Participación ciudadana relegada en la ley minera
Para Oscar Morales, no dar reconocimiento al artículo 16 de la Ley de Medio Ambiente en el contenido de la nueva Ley General de Minería Metálica violenta el “derecho de participación e información de la población salvadoreña”. Que calificó de “grave”, porque impactará a los habitantes en sus territorios estas actividades de extractivismo, generando un nivel de afectación socio ambiental y es una clara falta de protección por parte del Estado salvadoreño.
“En esta Ley de Minería Metálica no se reconocen estos derechos de participación, de igual manera no se consigan derechos laborales, ni el artículo 9, de la Ley de Asocios Públicos y Privados y el artículo 24 del Código de Trabajo reconocen una lista de derechos para los y las trabajadores”, alegó.
“Y esta Ley General de Minería, regula una actividad económica, por lo tanto, necesita de trabajadoras y trabajadores, pero sin reconocer sus derechos; tampoco reconoce derechos ni obligaciones para las empresas mineras o el Estado en su calidad de patrono. Y por último, no incorpora ningún tipo de obligación tributaria a las empresas mineras, no regula el porcentaje de participación accionaria (art. 6 LGM)”, argumentó Morales.
Minería ni verde ni responsable
Sobre los argumentos emitidos por el presidente Bukele, y funcionarios del Estado, sobre los “aparentes beneficios” de la industria minera en el país, Morales, consideró que esta actividad extractiva, específicamente la extracción minera del oro, no va a generar desarrollo para el país.
“Cabe decir que al establecer que toda la carga será para el Estado y que no regula ningún tipo de impuesto o carga tributaria a la empresa minera, no habrá forma de generar ningún ingreso directo al Estado, es decir, todas las ganancias, todos las riquezas, serían sólo para las empresa transnacional”, dijo.
“Se debe decir, también que la minería metálica genera empleo, y no es cierto, en el último estudio que se hizo cuando la Pacific Rim (Oceana Gold) pretendió que se le aprobara su permiso de extracción de oro, se estableció que sólo necesita no más que 240 o 260 mineros por mina. Y eso necesitaba la mina El Dorado, y eran empleos indirectos y temporales, acotó Morales.
Desmintiendo, los conceptos que circulan sobre la “Minería Verde”, “Minería Responsable” o “Minería Amigable con el Medio Ambiente”, para Oscar Morales, que él no puede obviar la realidad que toda la industria minera despliega “procesos de extracción contaminantes”, ya sea en modalidad subterránea o cielo abierto.
“La minería en cualquiera de sus métodos debe extraer y el oro que se encuentra en el subsuelo y necesita un proceso de extracción, eso significa que sólo el hecho de generar ese proceso de extracción libera los metales pesados que están en el subsuelo. Y estos al entrar en contacto con el oxígeno generan niveles de acidez que produce el drenaje ácido y esto llega a los mantos acuíferos solo por el hecho de la extracción”, expuso.
“Ahora, cuando se habla del proceso de separación aumenta la contaminación, porque es mentira que del subsuelo se extrae el oro y la plata, esto necesita separarse de otros minerales y rocas. Viene allí el proceso de lixiviación y eso lo hacen con cianuro o mercurio, que también son dañinos para la naturaleza, genera esterilidad en la tierra, afectaciones a la salud y vida de las personas y los animales. Es decir, no existe tecnología actual que no utilice estos procesos contaminantes de extracción y lixiviación”, puntualizó Morales.
