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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Integrantes de la Alianza contra la Privatización del Agua señalaron que pese a la existencia de un marco normativo de la Ley General de Recursos Hídricos (LGRH), que cumplió un año y 6 meses de vigencia, aún no hay respuestas concretas frente a la crisis hídrica del país, provocado por el cambio climático que afecta a las mayorías.
“El Estado no garantiza el derecho humano al agua para la población salvadoreña. Y las expectativas de la población eran muy altas ante la aprobación de la LGRH, sin embargo, muchos aspectos de su contenido no se han operativizado adecuadamente y las que si han retomado no se encuentran orientadas a resolver la magnitud de la crisis hídrica a nivel nacional”, señaló Willman Hernández.
Las organizaciones que integran la Alianza contra la Privatización del Agua exigieron a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que aclare sobre las injusticias sociales que contiene la misma normativa y a la ausencia de un “aparato administrativo” que lo demanda el mismo marco jurídico de la LGRH.
“Existe la ausencia de la representación de la población en la ASA, esto ha generalizado el descontento de líderes comunitarios de las Juntas Rurales de Agua. Porque es inconcebible que a la gran industria no se le exija el pago de cánones bajo una lógica que son quienes producen los elementos de la Canasta Básica, cuando sabemos cuando son los pequeños agricultores quienes siembran maíz y frijol que integra la Canasta Básica”, alegó.
“Esta nueva ley tampoco cumple con requisitos puntuales, porque está alejada de la realidad que viven las comunidades con el agua para su consumo y cultivos. Porque cada comunidad tiene su propia realidad para obtener el agua, así como el estado jurídico (personería jurídica), porque la ASA solo la amenaza por no estar correctamente inscritas”, sostuvo Hernández.
Mientras, Rodolfo Calles, integrante de la Alianza, afirmó que han registrado un número de 1,500 Juntas de Agua a nivel nacional, aunque no descartó que existan más. Al señalar que con el nuevo reglamento han dicho que no pagarán canon (impuesto), consideró que eso estaba bien, pero no era la única carga que afrontan estas asociaciones comunitarias que administran el agua en donde ANDA, nunca prestó su servicio.
“Está bien esa descarga del impuesto, porque no todas las juntas de agua tienen la misma condición económica –por esto insistimos que fueran exoneradas- pero ahora las recargan con un centenar de requisitos para poderse inscribir en el registro hídrico y no todas tienen las mismas condiciones”, explicó Calles.
“La ASA debería facilitar toda la formación, capacitación técnica y financiera –si fuera necesario- para que se puedan regularizar como lo exige la nueva ley, así como el reglamento. El punto es que hay Juntas de Agua que deben de comenzar de cero en este proceso, y el tiempo va corriendo en el período que han dejado para inscribirse y, si no lo hacen pueden ser multadas por estar en la ilegalidad, ese es el problema”, expresó.
Igualmente, consideró una injusticia que se les exija a las Juntas de Agua garantizar el derecho humano al agua de la población, porque dar agua potable, y suficiente como lo establecen los organismos internacionales terminaría complicando la situación de las Juntas Comunitarias de Agua.
Calles señaló que lo primero que tiene que realizar la ASA es generar un proceso de capacitación para que estas Juntas puedan estar en condiciones técnicas de proveer del recurso hídrico a la población que atienden.
“Exigimos que la ASA se responsabilice de todos estos procesos y si es posible facilitar los mecanismos para inscribirse. Sabemos que es importante contar con ese registro hídrico nacional, pero también hay que facilitarles el proceso”, acotó.
“Los industriales todos están inscritos en Hacienda, y tienen toda su documentación, pero las Juntas de Agua no, entonces, no se le puede estar exigiendo más a las Juntas de Agua que están en mayor desventaja y facilitar los procesos a los industriales que tienen mayores capacidades y condiciones, eso es lo que planteamos la desigualdad porque la crisis hídrica es la misma, porque no contamos con las herramientas técnicas en el país para demostrar que no tenemos agua suficiente para darla gratis a los agroindustriales”, reiteró Calles.
La Alianza contra la Privatización del Agua exigió, además, de la Autoridad Salvadoreña del Agua, que haga pública toda la información que se encuentre relacionada a los procesos de autorización de uso y aprovechamiento de agua, para ejercer la contraloría social relacionada si está siendo adecuada o no de este bien natural.
Demandó también un “cese” a la práctica del gobierno de “declarar en reserva información pública vital”, en los espacios de temas de nación.
En cuanto a la integración de la Junta Directiva de la ASA, la Alianza exigió un representante de organismos zonales de cuenca (OZC) y de la sociedad civil a fin de balancear y buscar la igualdad en cuanto la disposición del recurso hídrico nacional.
Para la Alianza contra la Privatización del Agua, el Estado salvadoreño debe contribuir, promocionar y garantizar acciones de seguimiento, conservación y protección de las cuencas hidrográficas a nivel nacional, que se constituyen en las fuentes que producen el vital líquido en los ecosistemas. De lo contrario su degradación, contaminación o impermeabilización implicará menos agua para las mayorías de El Salvador.
