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Integrantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, se pronunciaron por una ley de aguas y saneamiento inclusiva y equitativa, Foto Diario Co Latino/UNES.

Ley General de Aguas y Saneamiento, Consumo humano versus mercantilización

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

“Los 90 días están llegando a su fin, pero sabemos que en 17 días no se puede hacer un articulado que concuerde con los 5 puntos no negociables que la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua está impulsando desde hace 3 años y nuestra lucha por una ley de aguas que sobrepasa los 15 años”, afirmó Katherine García.

Como integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Katherine, recordó: que el agua debe ser un bien público, reconocido como un derecho humano, cuya gestión sea participativa en todos los niveles de la sociedad salvadoreña, así como el enfoque de sustentabilildad hidrográficas y contar con un régimen económico justo y equitativo, que suman los cinco aspectos irrenunciables del marco jurídico del bien hídrico.

“El Ejecutivo, el 18 de julio de 2021 introdujo la pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa, con el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos y dio una orden a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para que en 90 días, crearan una ley de aguas”.

“La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, somos un espacio que cree en la independencia de los poderes del Estado, pero lastimosamente la crisis política que vive el país, nos ha llevado a enfrentar este tipo de coyunturas que arriesgan el derecho humano al agua”, señaló García.

A solo 17 días, los diputados y diputadas de la comisión Adhoc, deberán dar su aprobación y curso legal a una normativa jurídica sobre el uso del agua en el país, luego de recibir propuestas y sugerencias de diversos sectores sociales, que enfrentan el anteproyecto presentado por le presidente Nayib Bukele.

“Los espacios que conformamos la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, condenamos de manera enérgica el enfoque privatizador en este anteproyecto de ley presidencial”, dijo García .

Y agregó “estamos conscientes que la ley general de aguas, lleva 15 años, sin ser aprobada por falta de voluntad política y por evitar una privatización que solo beneficiará a los sectores que por muchos años han tomado el agua por sobre las personas con menores ingresos económicos y sin mayor acceso al agua”, sentenció García.

Mientras, Luis González, miembro también de la Alianza, señaló que luego de estas jornadas de consulta, se debe hacer un proceso de reflexión sobre los puntos que estuvieron constantes en las peticiones, estudios y sugerencias, planteadas por la sociedad civil organizada en sus diversas expresiones.

“La mayoría de sectores consultados tuvieron planteamientos similares con los puntos que por varios años viene impulsando la Alianza Nacional contra la Privatización del agua y que consideramos como elementos no negociables en la ley del Agua”, dijo González.

“Sobre los puntos coincidentes la academia planteó sobre la protección de esta y solicitó el cambio de concepto de recurso hídrico por bien natural. Otro fue, la no mercantilización del agua y que su enfoque debe pasar del -quien contamina paga, que es una visión sustentable y es nuestra visión sobre las Cuencas Hidrográficas”, explicó González. En cuanto a la última jornada de consulta el 26 de agosto, en que se escuchó al sector privado, González señaló que como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, el Foro del Agua, la UCA y la Mesa de Iglesias introdujeron un pliego de reformas a la propuesta presentada por el Ejecutivo, para que retomen estos elementos comunes planteados, desde la sociedad organizada.

“Como organizaciones impulsamos en esas propuestas la participación, y la necesidad que exista una institucionalidad para operar por ese anteproyecto de ley, que así como, lo ha presentado el Ejecutivo, es para que no funcione, porque no tiene dirección de vigilancia, monitoreo o planificación. Existe la necesidad de crear esta institucionalidad y que en todos los niveles haya participación ciudadana que es algo que el Ejecutivo no tiene”, advirtió González.

En cuanto al tema de inclusión mencionó que organizaciones de Pueblos Indígenas, juventud o mujeres, los temas que reiteraron se vincularon al tema de la protección del agua, prohibir su contaminación. Así también, el impacto de mega proyectos como represas en ríos de los cuales dependen numerosas comunidades para el consumo humano y oficios del hogar, la incidencia de la minería transfronteriza y diversos proyectos que colocan en vulnerabilidad de escasez del agua.

“Vamos a estar vigilantes a todo este proceso”, indicó Daysi Mejía, de la Alianza Nacional, al explicar que llevan esperando durante cinco legislaturas, para contar con una ley general de aguas y saneamiento, inclusiva y con enfoque de protección de cuencas.

“Ya sabe la comisión AdHoc sobre los cinco puntos esenciales para esa ley, hemos hecho suficiente énfasis para que se incorporen. Y esperamos que se documento que la comisión especial presentará al pleno legislativo, cuente con estos aspecto que son a favor de la población civil y los más vulnerables de este país. Y también, pedimos que se cambie el nombre a ese marco jurídico de Ley de Recurso Hídrico, por la que nosotros hemos impulsado, que es la Ley General de Aguas y Saneamiento. Y un cambio al centro de la normativa de sostenibilidad por sustentabilidad”, argumentó Mejía.

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