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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Aun año sin avances, en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, para debatir la Ley General de Aguas. Las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, academia y religiosas, reiteran su postura de un ente estatal para su regulación y la exclusión de la gremial empresarial, en junta directiva de la Autoridad del Agua.
“Las acciones que han venido haciendo los diputados y diputadas, que representan al poder económico en la Asamblea Legislativa, a través de los partidos de derecha. Siempre su postura es inducida a responder a los intereses de la empresa privada, y el poder económico de este país, esto lo hemos denunciado y seguimos en esta lucha social, aunque traten de sacar el tema de discusión”, expresó Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES.
El 5 de junio del año pasado, la diputada Martha Evelyn Batres (ARENA), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, con la anuencia de los partidos GANA, PCN y PDC, descartan el anteproyecto de Ley General de Aguas, presentado con insumos de la sociedad civil y el Gobierno, para introducir un nuevo proyecto proveniente de la ANEP y FUSADES. Esto generó de inmediato una ola de protestas y pronunciamientos desde las organizaciones, la academia y la Iglesia.
Belloso, agregó que dos diputadas, del partido FMLN, mantienen la visión de una ley general de aguas para favorecer a la población y no las élites empresariales, que ante la falta de un marco jurídico que regule el uso del agua la sobreexplotan en sus procesos de producción, sin pagar costos reales de ese uso.
“Nosotros, como alianza de organizaciones, estamos en la lucha y exigencia para demandar a la comisión de medio ambiente y a la misma Asamblea Legislativa, a que apruebe de inmediato la Ley de General de Aguas, desde nuestra propuesta que tiene investigaciones técnicas y científicas, no pueden aducir vacíos o inconsistencias, y reiteramos que la Autoridad del Agua, debe estar en manos del Estado, no del sector privado que sería juez y parte”, consideró.
Mientras Carlos Flores, de ECOS, consideró que sacar de discusión la Ley General de Aguas, de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, fue una estrategia política de la derecha para provocar una “reacción”, de la sociedad salvadoreña, ante la privatización y así engavetarla y posponer su discusión como ocurrió en los años 2013, 2017 y 2018 y actualmente.
“La derecha está jugando con la gente porque en realidad a ellos les conviene, que no haya una Ley General de Agua, porque pueden seguir promoviendo una propuesta de ley en donde se privatizan. ¿Por qué?, la gente no quieren que privaticen el agua y utilizan esta estrategia, porque quieren mantener el esquema actual de grupos económicos como la industria azucarera, puedan seguir utilizando a su antojo el recurso hídrico del país, sin restricciones, esa es la realidad del estira y encoge”, manifestó.
Sobre el nuevo gobierno y la política ambiental, la política de riego y avenamiento, la política forestal y de agua Flores, expresó preocupación por ciertos indicios como la ANEP, que no tiene problemas con los nuevos funcionarios.
“Porque nuestra historia es que si ANEP tiene problemas con alguien, es que es bueno para las mayorías, y la ANEP y la Asociación Azucarera, han mostrado estar a favor, es más, el fin de semana. Mario Salaverría, dijo que tenían buenas oportunidades de coordinar con el nuevo gobierno y cuáles serían esas líneas el uso del agua, la política agrícola (agrotóxicos), el uso de suelos y la gestión de los mercados internacionales”, puntualizó.
