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Redacción Nacionales
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“Hasta el momento el proceso es solo leer y aprobar en cada reunión de la Comisión Ad Hoc, pero lo lamentable es que a la población se le vende la idea que están con todo el espíritu de apertura con la sociedad civil organizada”, manifestó, Adela Bonilla, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Se trata del anteproyecto Ley del Recurso Hídrico, procedente de Casa Presidencial, y presentada por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, ante la Asamblea Legislativa, y que el presidente en un tweet presidencial “ordenaba 90 días”, para su aprobación.
“Ya hay 25 artículos aprobados, en los cuales no está garantizado ni uno de los cinco puntos no negociables que nosotros hemos propuesto. Porque en este proceso de desenvolvimiento que lleva esta ley, es eminentemente mercantilista y seguimos el manejo del agua como mercancía, al a que hay que sacarle ganancia”, denunció Bonilla.
Ante esta situación las organizaciones que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, rechazaron la falta de discusión parlamentaria en el avance de la Ley de Recursos Hídricos.
Y que la propuesta de CAPRES, que lleva ya cien días en el seno de la comisión Ad Hoc, no es un marco jurídico innovador. Sino que, se trata de una “copia y pega” de los planteamientos presentados por la sociedad civil organizada en febrero del año pasado.
“A más de dos años de este gobierno en ejecución, la situación hídrica en el país no ha cambiado en lo absoluto y al contrario, tenemos la aprobación desmedida, sin un proceso adecuado de todos los proyectos urbanísticos que van orientados a cierta población que cuente con los suficientes recursos económicos para obtener agua”.
“Y no es justo que la gente en la zona rural pague hasta 40 dólares, para abastecerse de agua y en la capital hay tarifas de 10 o 12 dólares. Además, el proceso de cada reunión de la comisión (ad hoc) los papeles ya están dados, un diputado lee y todos rápido levantan la mano para aprobarlo y creemos que este es un proceso de discusión, pero no existe”, sostuvo Bonilla.
La Alianza Nacional también señala algunas manipulaciones en los términos y conceptos del articulado como el “dominio público hídrico” por “dominio público hidráulico” . Y la marginación absoluta de la participación ciudadana en la Autoridad del Agua, que el pasado 16 de septiembre, en donde se determinó que los integrantes del ente regulador serían la institucionalidad: MARN, MAG, MITUR, MIVI, MINSAL, MINGOB, MINED y CEL, y un representante de la sociedad civil.
Andrea Gámez, integrante de la Alianza, señaló que la discusión de la Ley Hídrica está siendo “instrumentalizado “y que posiblemente sea el partido oficialista Nuevas Ideas, el que determine el contenido de dicha normativa jurídica, cuando se trata de un tema nación, más que ganancias políticas partidarias.
“Se está jugando con la vida misma de la población salvadoreña, como organizaciones defensoras de derechos humanos, asistimos a las convocatorias que hizo la Asamblea Legislativa, para brindar aportes e investigaciones técnicas, así como, experiencias acumuladas por la vivencia en los territorios, pero lamentamos que utilice este tema de nación, para salvar el daño a la imagen de la popularidad del presidente Bukele”, manifestó.
“Es preocupante que las diputadas y diputados que están aprobando este articulado, junto a sus asesores y asesoras no tengan una clara visión de los derechos humanos y el consumo familiar. Sino que, desde el enfoque mercantilista, que lo único que va a generar es beneficiar al poder económico, que históricamente han sido favorecidos. Por esto, pedimos poner fin al discurso demagógico de esta discusión y se haga justicia a la población”, reiteró Gámez.
Asimismo, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señaló la ausencia del enfoque de género, que de acuerdo Amalia López, es una de las “grandes deudas” en materia de políticas públicas del actual gobierno de presidente Nayib Bukele, y en especial del anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos.
“Esta legislatura tiene la oportunidad de hacer bien su trabajo y darnos la mejor Ley del Agua, que el país soñó, pero con sus actuaciones solo vemos un enfoque mercantilista de los bienes hídricos, que su concepto es un bien común y eso significa para todos y todas”, agregó Gámez.
“Como mujeres en el territorio y en donde hemos estado trabajando con la problemática del agua, -con disculpas a los parlamentarios- pero lo que hacen es un show, una pantomima. No pueden hablar de enfoque de género, cuando del articulado han sacado mucho de los componentes de género; como el artículo 9, esta retórica es demagógica, con la intención encubierta de beneficiar grupos de poder económico y político”, manifestó Amaya.
La Alianza Nacional por la Privatización del Agua, deploró que en los primeros 25 artículos aprobados no se contemplen los “cinco puntos no negociables” de las organizaciones que defienden el derecho humano al agua de la población salvadoreña. Y que sigan retomando a la sociedad civil organizada como “oposición política”, cuando el trabajo que ejecutan es la generación de un cambio en la formulación de frías políticas públicas, a un contenido con rostro humano.
Recordaron a la comisión Ah Hoc, Asamblea Legislativa y órgano Ejecutivo, que no permitirán después de 15 años de lucha social por una Ley General de Aguas y Saneamiento, la expoliación de los bienes naturales que pertenecen a toda la población salvadoreña, garantizándoles el derecho a la salud y la vida.
