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Redacción Nacionales
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El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica manifestó que el espacio cívico en El Salvador continúa reduciéndose con la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAE), la cual, lejos de promover la transparencia, como argumentó el gobierno, restringen severamente los derechos fundamentales de libertad de asociación, expresión y prensa.
El artículo 24 de esta ley establece la obligación de las personas naturales y jurídicas que reciben financiamiento internacional de inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) cuyo plazo vence este 4 de septiembre de 2025.
Estás disposiciones generan un clima hostil que promueve la persecución de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación independientes y personas defensoras de derechos humanos en el país.
La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el 20 de mayo de 2025 por la Asamblea Legislativa, impone sanciones onerosas ante el registro obligatorio en el RAEX, así como un impuesto del 30% sobre transacciones y donaciones provenientes del exterior.
El artículo 24 de la ley prohíbe a los sujetos obligados llevar a cabo actividades o movilizar recursos financieros, activos o bienes materiales si no cumplen con el registro, lo que representa una amenaza directa a su funcionamiento.
“Las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de derechos humanos y los medios independientes desempeñan un rol esencial en la construcción de una sociedad democrática, su trabajo debe ser protegido, no criminalizado, instamos a la comunidad nacional e internacional a unirse en la defensa de un El Salvador donde los derechos humanos sean respetados”, indicó el Equipo Regional de Monitoreo.
Recientemente, Amnistía Internacional enfatizó que la Ley de Agentes Extranjeros impone restricciones arbitrarias al trabajo legítimo de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil. La normativa otorga al Ejecutivo facultades discrecionales para cancelar personerías jurídicas y aplicar multas de hasta $250,000.
“Esta ley deja a las organizaciones de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad frente a la arbitrariedad estatal, además existen abundantes evidencias que el concepto de agentes extranjeros tiene un creciente uso a nivel global, como herramienta para restringir el espacio cívico y silenciar voces críticas”, recalcó Amnistía Internacional.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, expresó que esta ley lejos de garantizar transparencia, pretende institucionalizar la persecución contra organizaciones y se convierte en una herramienta más para intentar silenciar, debilitar y desmantelar la sociedad civil independiente.
“El talante cool que le intentó imprimir el presidente Nayib Bukele a sus acciones, cada vez se parece más a lo peor de las acciones autoritarias que han tenido lugar en América Latina por décadas”, sostuvo.
