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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Los puntos de honor destacados por los representantes de las organizaciones que integran el Foro del Agua fueron contundentes y precisos, al demandar de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa cumplir con su deber político de entregarle al pueblo salvadoreño una Ley General de Aguas y Saneamiento, que cumpla con el respeto, protección y garantías para el consumo humano.
“No queremos esos argumentos decir que el sector privado es más eficiente para la gestión del agua y tampoco queremos pensar que todo el problema de (la Planta) de Las Pavas fue algo orquestado para señalar que lo público es deficiente; es más, la Asamblea Legislativa debe nombrar una comisión e investigar ese caso en particular, porque nos oponemos tajantemente a la participación de la empresa privada en el ente rector”, argumentó Óscar Ruiz (ACUA), quien integra el Foro del Agua El Salvador.
Son catorce años en los que diferentes organizaciones e iglesias históricas vienen impulsando una serie de campañas encaminadas a una Ley General de Aguas y Saneamiento; en ese marco, el Foro del Agua El Salvador evaluó positivamente que la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa retomara el tema para su discusión. No obstante, Ruiz les recordó: “son funcionarios públicos que se deben al bienestar de la población y no de sectores económicos o políticos, tienen que garantizar el derecho humano al agua, aun sin un marco normativo”, opinó.
Desde la construcción que inició por el año 2006, a iniciativa de las organizaciones sociales, la Ley General de Agua ha sido utilizada al interior del legislativo como moneda de cambio político, con intervenciones puntuales de la empresa privada en el año 2013, con la propuesta de la Asociación de Regantes en 2017 y un anteproyecto de la ANEP, que ha generado un “impasse”, en cuanto a la Autoridad del Agua que se encargará a futuro de la distribución del bien hídrico nacional.
“Son dos puntos de honor, primero desechar de la mesa de discusión los dos anteproyectos provenientes de la empresa privada y, segundo, la participación de la sociedad civil organizada; nos sentamos a debatir la formación de ley, que desde el martes pasado aprobaron siete artículos y nos tranquiliza que estos cuenten con la esencia de la propuesta que hicimos como Foro del Agua -hace catorce años- y que fue actualizada en el 2011 y 2013”, expresó Ruiz.
El Foro del Agua El Salvador enfoca su propuesta de manera integral e incluye una atención específica a la problemática de calidad y cantidad del recurso hídrico, así como la demanda de consumo y la cobertura, que son aspectos que mantienen a la zona semi urbana y rural en situación de vulneración permanente por falta de servicio.
En cuanto al impasse por la conformación del ente rector, Alejandro Henríquez señaló que, de las cuatro propuestas del anteproyecto del agua, la del Foro del Agua (2006) y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012), que fue la que se impulsó en la discusión, son las que cuentan con enfoque de derechos humanos, en cumplimiento a estándares del derecho internacional, convenios y tratados (ONU).
Ariela González (FESPAD), del Foro del Agua agregó que estarán vigilantes a los debates y buscarán la participación para abordar temas como la gestión pública, la sustentabilidad y el derecho humano al agua, que históricamente en la realidad nacional se han cometido abusos, robos y el despojos del recurso hídrico a las mayorías que viven en situación de vulnerabilidad y mucho más, en asentamientos rurales, que enfrentan el peligro de la búsqueda del agua y la escasez más evidente por las prolongadas sequías, producto del cambio climático.
“Sabemos que la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático tiene en sus principales puntos de agenda abordar la discusión porque haya una Ley de Aguas, lo que nos parece positivo; pero creemos que se deben tomar las propuestas que hicimos como Foro del Agua, que contienen el reconocimiento al derecho humano al agua, desde los principios de sustentabilidad y accesibilidad, así como, la prioridad al consumo humano y no al industrial. Y no olvidemos que en materia del derecho humano al agua ya existen llamados sobre el tema, para que se incorpore al orden constitucional este derecho y, segundo, que legisle en pro en este derecho y es necesario que la gente tome conciencia de su derecho al agua y -ante todo- que el funcionario público, que la Asamblea Legislativa, adopte una postura a partir de nuestra realidad, que es la poca existencia del agua disponible”, reafirmó.
El reverendo Santiago Rodríguez (Iglesia luterana) exhortó a la Asamblea Legislativa, y en especial a la comisión de Medio Ambiente, a fortalecer el esfuerzo para no politizar este debate y evitar que los intereses de los sectores económicos prevalezcan, ya que podría ampliar la brecha de injusticia y desigualdad social.
“Este es un momento de esperanza, el punto central en donde se entrampa el avance del proyecto es el tema de la institucionalidad, pero les pido que sigan impulsando su trabajo desde el interés nacional de la población y queremos que retomen los aportes desde la academia (UCA-UES), las iglesias y pagar la deuda que sobrepasa los diez años, al aprobarse esta ley”, concluyó.
