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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
A fin de evitar pensiones muy bajas y que las personas en la vejez no puedan salir de la situación de pobreza, la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) y la Oficina de la OIT para América Central plantearon la necesidad de orientar las reformas de pensiones hacia modelos que tengan una sostenibilidad, y al mismo tiempo propicien una jubilación digna.
La sostenibilidad fiscal y económica se refiere a la capacidad actual y futura de la economía para afrontar los costos de la seguridad social, lo cual es un desafío permanente para el Estado, en el ejercicio de su responsabilidad general y primordial de garantizar sistemas de protección social funcionales e integrales.
Para esto es primordial adoptar todas las medidas necesarias, incluida en su caso estudios actuariales y la introducción de reformas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
El especialista principal de Protección Social de la OIT, Helmunt Schwarzer -dijo que- de acuerdo a los criterios del Convenio 102, El Salvador cumple algunos y otros no, como ejemplo la tasa de reemplazo; es decir, el porcentaje que el trabajador debe obtener en relación a su historia de salario, principalmente en casos de personas que tienen un record incompleto a lo largo de la vida.
Schwarzer agregó que uno de los criterios a tomar en cuenta es el nivel de cobertura, el número de personas que no solo se encuentran afiliadas al sistema de pensiones, pero que también tienen un historial de contribuciones descontinuado o insuficiente para recibir una pensión adecuada.
Para María Elena Rivera, coordinadora del Programa Estudios sobre Política Públicas de FUNDAUNGO, una reforma de pensiones integral no debe dejar fuera criterios como el mercado laboral y las tendencias demográficas; actualmente en el país la mayoría de las personas está en una edad potencialmente activa, que devenga un ingreso para sostenerse.
Rivera enfatizó que pronto se pasará a una etapa de envejecimiento poblacional; es decir, el porcentaje de adultos mayores con respecto a los menores de edad y las personas potencialmente productivas será mayor. En el país solo el 16 % de los adultos mayores reciben una pensión contributiva y menos del 5 % reciben una pensión no contributiva, que es la pensión básica universal.
“Si no nos preparamos para este escenario desde este momento en que es posible para una mayor parte de la población acumular derechos, probablemente en el futuro nos vamos a enfrentar a crisis aún mayor, tanto en lo económico como en lo social”, externó.
La pensión a recibir dependerá del total ahorrado por el trabajador durante su vida laboral, por lo cual es importante que el sistema garantice una rentabilidad alta a los fondos ahorrados. Si una persona cotizó, pero sale del mercado laboral formal, el dinero ahorrado no se pierde, gana una rentabilidad, pero no se podrá retirar hasta que se cumpla la edad requerida.
