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Alma Vilches
@AlmaVilches
Ivania Cruz, representante del Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), manifestó que las pandillas y delincuentes son agresores, pero actualmente el Estado también lo es con las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del Régimen de Excepción establecido desde el 27 de marzo pasado, para combatir los grupos criminales.
Cruz dijo que no se puede combatir la delincuencia respondiendo con violencia y falta de cumplimiento de las leyes. En El Salvador se está normalizando el rompimiento de las reglas, las declaraciones que han estado dando funcionarios ante el comité de la ONU y ante la CIDH son falsas, agregó.
Según la representante de COFAPPES, son preocupantes las declaraciones y datos falsos del Estado ante las condiciones, detenciones, prácticas y realidad vivida en el país. Durante 8 meses del Régimen de Excepción se han capturado 57,000 personas, de estas se han hecho 93 audiencias colectivas y 850 han quedado libres por ser detenciones arbitrarias.
“El Régimen de Excepción inició por el rompimiento de la tregua con las pandillas, es producto de la falta de políticas de seguridad del Estado, en este país se está normalizado el romper las reglas, aunque ellos han justificado que están combatiendo la delincuencia; esto ha sido producto de un Estado fallido de políticas que no se implementan en el país”, afirmó.
Asimismo, explicó que debido a la grave situación del país, este tema ya se toca en el comité de tortura de la ONU; ante la falta de información sobre los detenidos en el Regimen de Excepción, los familiares sienten que sus seres queridos están desaparecidos.
También se está tramitando la denuncia de los primeros 68 muertos durante el Régimen de Excepción
Cruz recalcó que los derechos humanos son universales, a todas las víctimas de la delincuencia también se les tuvo que respetar sus derechos humanos, son muchas familias a quien no se les hizo justicia a manos de los grupos criminales. En los centros tampoco hay cumplimiento de los derechos humanos, ahora con el Régimen de Excepción es una bomba de tiempo.
“En las clínicas de los centros penales no hay medicamentos, les llaman a los familiares de los detenidos y les entregan las recetas para que compren los medicamentos. Hay hacinamiento, malas condiciones, existe falta de productos en las tienditas, hay explotación laboral porque no se les ha cumplido las condiciones a los custodios, no se ha contratado un personal extra para atender esta emergencia”, manifestó.
