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Por: Pbro. y MSc. Lucio Reyes
Las graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios de nuestro continente Americano, se pueden documentar desde el descubrimiento y la conquista; en la cual se produjo, un violento etnocidio, destrucción de la cultura indígena, saqueo de los recursos naturales, esclavitud e imposición de la cultura occidental.
Para comprender los acontecimientos de la independencia de Centro América, hay que analizar el contexto mundial de la época que influyó en el desarrollo de estos hechos, como por ejemplo, la Revolución Industrial que inició a mediados del siglo XVIII, la Revolución Francesa de 1789, la crisis de la monarquía española con Fernando VII, la promulgación de la Constitución española (Constitución de Cádiz) de 1812; la cual se fundamentaba en tres principios, la soberanía popular, la división de poderes y el federalismo, hay que decir, que esta Constitución ejerció gran influencia en los movimientos de independencia de Centro América.
En los movimientos insurreccionales por la independencia del imperio español que iniciaron en 1811, los méritos se los llevan los “criollos”, los “próceres patriotas”, invisibilizando a los “ladinos e indios” que eran mayorías y motores de la insurrección, como lo sostiene el antropólogo Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín; lo que buscaban los hijos de los españoles, era el control político y económico de los nuevos Estados, contradiciendo los postulados del Acta de Independencia: “las provincias no son ni deben ser patrimonio de persona ni de familia alguna”.
Hay que decir, que con la Independencia firmada el 15 de septiembre de 1821 y ratificada el 24 de junio de 1823 por el Congreso constituyente, presidido por el Dr. Y Pbro. José Matías Delgado; las mayorías populares, ladinos e indios, además de invisibilizados, fueron excluidos y muy pronto despojados de sus tierras ancestrales por la nueva burguesía liberal. Si bien es cierto, que la primera Constitución de 1824 reconoce garantías individuales, tales como, libertad personal, propiedad, seguridad e igualdad, estas, en la práctica no son garantizadas a las mayorías populares.
Las élites liberales, fueron poniendo el Estado a su servicio, dando origen a la burguesía cafetalera que legalizó el despojo de la tierra de los pueblos originarios, reprimiendo cualquier lucha reivindicativa y el reclamo por la defensa de sus derechos humanos; por ejemplo, el 2 de marzo de 1882, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Extinción de Ejidos, por considerársele un obstáculo que anulaba los beneficios de la propiedad y el desarrollo de la agricultura.
En este sentido, el modelo agro exportador promovido por la burguesía cafetalera, que expropió las tierras de los campesinos indígenas y ladinos, y la concentró en unas cuantas familias extranjeras, requería de un Estado guardián altamente represivo, para controlar y reprimir los descontentos populares; para lo cual se crea en 1912 la “Guardia Nacional”, defensora de los intereses de la oligarquía y uno de los cuerpos represivo más violadores de los derechos humanos, junto al Ejército y los demás cuerpos de seguridad.
En esta misma línea, hay que decir que los sectores excluidos y reprimidos, poco a poco se fueron organizando y exigiendo el goce de sus derechos civiles, políticos y sociales y una mayor participación en la toma de decisiones del Estado. Las élites criminales de nuestro país respondieron siempre con más represión; un hecho doloroso en nuestra historia fue el etnocidio de 1932, en la cual fueron eliminados más de 25 mil campesinos indígenas, bajo el pretexto y la consigna del anticomunismo; dando inicio a otra tipo de dictadura, esta vez, militar, pero siempre al servicio de las élites económicas, como lo manifiesta el politólogo español Manuel Alcántara, “la Democracia Pretoriana”, que perduró por más de 40 años, dando inicio a una sistemática persecución a los sectores que luchaban por la justicia social y el goce de los derechos humanos, incurriendo en graves violaciones a los derechos humanos, muchos de los cuales son tipificados como crímenes de Lesa Humanidad, que siguen reclamando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, El Salvador tuvo la oportunidad de refundar el Estado, en base al respeto y garantía de los derechos humanos, sin embargo, los gobiernos de ARENA que representaban los intereses de la nueva oligarquía capitalista prefirió fomentar una política de silencio, olvido e impunidad; además, continuó con la cultura de despojo, privatizando los bienes del Estado en beneficio de las nuevas élites económicas. Los gobiernos del FMLN, que gobernaron durante diez años, fueron incapaces de impulsar reformas estructurales en el Estado, en favor del goce de los derechos humanos de la población, sus dirigentes prefirieron llevar la fiesta en paz con las élites dominantes y conformarse con migajas económicas que les ofrendaron.
Hoy tenemos un nuevo gobierno, que ha prometido impulsar nuevas ideas, en favor del pueblo, sin embargo, los signos que vemos, no son esperanzadores, más bien parecen viejas y malas ideas, que ya se han realizado en el pasado: control total del poder, cierre de espacios de participación política, persecución política a la disidencia, prácticas represivas con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, falta de rendición de cuentas y continuar con el despojo de lo poco que nos queda como pueblo, el Agua, los Bienes Naturales etc.
Esta ha sido la historia de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de nuestro pueblo pobre y excluido en este bicentenario; nos queda mucha lucha y camino para construir una sociedad con justicia social, que nos permita vivir en reconciliación y en paz.
