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(Colectivo Tetzáhuitl)
No es la reducción de la delincuencia el principal éxito de Nayib Bukele, es la millonaria campaña de propaganda que sale de CAPRES.
Hay quienes consideran, y el gobierno no es la excepción, que la reducción de la delincuencia medida en términos de disminución de los homicidios, es el más importante acierto de la gestión de Bukele.
No vamos a negar que en casi cuatro años de gobierno, pero sobre todo a partir del régimen de excepción, los homicidios han bajado considerablemente.
Acá es preciso hacer un paréntesis en el análisis, ya que los datos publicitados por el gabinete de seguridad no son del todo ciertos.
De acuerdo a revelaciones hechas por varios medios digitales que citan informes confidenciales de la PNC que han sido sustraídos de los archivos de la policía y el ejército por un equipo de hackers profesionales, conocido como “Guacamaya Leaks”, el reporte oficial de asesinatos no toma en cuenta los asesinados por agentes del Estado en las cárceles del país o en el momento de su detención.
Tampoco incluye las decenas de desaparecidos que son dados a conocer por sus familiares y ONGs de Derechos Humanos y que podrían haber sido asesinados por las pandillas.
Se tiene evidencia de una práctica muy común entre las pandillas y los sicarios al servicio de la policía y el ejército de enterrar a sus víctimas para dar la impresión de que los homicidios son menos de los que en realidad están ocurriendo.
Decenas de tumbas y fosas clandestinas en todo el país, incluyendo en Nuevo Cuscatlán que fue gobernado por Bukele y es el municipio donde actualmente reside la familia presidencial, son una prueba palpable de esta práctica.
No obstante, a pesar de estas reservas, no cabe duda que hay una baja sensible de homicidios en el país que Bukele ha sabido aprovechar política y mediáticamente para mantener niveles de aceptación muy altos.
Nuestro colectivo de investigación no suscribe la tesis de algunos en la oposición que sostienen que las encuestas de opinión han inflado la calificación favorable de Bukele y que por tanto cabe la posibilidad de que sea derrotado en las elecciones presidenciales del 2024 en la medida que no goza del apoyo popular que presume tener.
Quizás en parte es por eso que los partidos políticos, tanto tradicionales como emergentes, han anunciado su participación en las próximas elecciones presidenciales, aunque no descartamos que algunas de estas candidaturas que serán conocidas a mitad de este año busquen deliberadamente “hacerle el juego” a Bukele para legitimar su inconstitucional reelección, principalmente la candidatura de Manuel “el Chino” Flores que impondrá José Luis Merino en el FMLN.
La aceptación ciudadana de Bukele se mantiene alta justamente por la manipulación mediática que su equipo de propaganda de CAPRES ha hecho de los supuestos resultados del Plan Control Territorial y del Régimen de Excepción.
Es un hecho que los homicidios comenzaron a caer a medida que avanzaban las negociaciones entre el gobierno de Bukele y el liderazgo de las principales pandillas que siguen operando en el país.
La verdad que el famoso “Plan Control Territorial” nunca ha existido.
Lo que ha existido es una oscura e ilegal negociación con las pandillas operada por el Director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y el Jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social de CAPRES, Carlos Marroquín, alias “Sliptone”
Ambos en el pasado trabajaron con las pandillas: Osiris Luna Meza en la Barrio 18 de la Comunidad “Las Palmas” cuando era vendedor ambulante, poco antes de ser reclutado por Guillermo Gallegos de GANA, y Carlos Marroquín en la MS13 cuando integraba la denominada “Ultra Blanca” o “Barra Brava” del equipo de Fútbol de primera división, el Alianza F.C.
Fueron estas negociaciones las que bajaron los homicidios a cambio de beneficios económicos, carcelarios y procesales para las pandillas, como el hecho de que sus cabecillas presos en El Salvador no serían extraditados a los Estados Unidos.
Con este pacto, Bukele no solo logró mejorar su imagen y su capital político, sino que aseguró también el apoyo electoral de las pandillas y sus familiares al partido Nuevas Ideas en las elecciones del 2021.
En otras palabras, los homicidios bajaron entre el 2019 y el 2022, gracias a las negociaciones con las pandillas.
La ruptura del pacto, sobre todo con la MS-13, por el incumplimiento de parte del gobierno de algunos de los acuerdos que beneficiaban al liderazgo de las pandillas, detonó un alza inesperada de los asesinatos a finales de Marzo del 2022.
En represalia, Bukele y la Asamblea oficialista aprobaron el régimen de excepción, lo que le ha permitido a la policía y al ejército desarticular su liderazgo y reducir la operatividad de las pandillas en el territorio, aunque no acabar con ellas, tal como presume el gobierno.
Cientos de pandilleros han migrado a Guatemala y Honduras y otros se han dedicado exclusivamente al narcotráfico, con el apoyo logístico y económico de los cárteles mexicanos y centroamericanos.
Las extorsiones ya no son la principal fuente de ingreso de las pandillas como antes.
Ahora lo es el narcotráfico, tanto el narco menudeo como la movilización de la droga por el territorio nacional y su paso a Guatemala y Honduras.
Esta realidad, que ha sido destapada por algunos medios de comunicación salvadoreños y los organismos federales de investigación de Estados Unidos, como el FBI y la DEA, ha sido ocultada por el aparato de propaganda del gobierno para hacer ver como exitosa la estrategia anti delincuencial de Bukele, tanto a nivel nacional como internacional.
El éxito de Bukele ha sido más bien hacerle creer a la inmensa mayoría de las familias salvadoreñas que existe una “Guerra contra las Pandillas” y que esta estrategia es la que ha bajado los homicidios y ha acabado con el crimen organizado, haciendo de El Salvador uno de los países más seguros del mundo.
Los aparatos de control de la población creados y fortalecidos por Bukele: El Ejército, la Policía y la Propaganda Gubernamental.
En casi cuatro años de gobierno, Bukele ha construido dos voluminosos aparatos en los que se invierten millonarios recursos provenientes del Presupuesto Público, más que los destinados para mejorar los indicadores sociales del país.
Uno es el aparato policial y militar.
Bukele ha militarizado a la sociedad salvadoreña y ha aumentado significativamente el Presupuesto para Defensa y Seguridad.
Una de las conquistas más importantes de los Acuerdos de Paz de 1992 como fue la desmilitarización del país y la reducción del número de efectivos de la Fuerza Armada, ha sido prácticamente desechada por Bukele al aumentar sin ninguna justificación el Presupuesto del Ejército y mantener en las calles a miles de efectivos militares en número superior a los agentes de la Policía.
El Salvador es literalmente un país militarizado, con una fuerte presencia en las calles de efectivos militares que no están acuartelados y que agreden y capturan ilegalmente a cientos de inocentes considerados como sospechosos de integrar las pandillas.
El presupuesto público para gastos militares y policiales es casi el doble del presupuesto que tenían los Ministerios de Seguridad y Defensa en los gobiernos del FMLN.
En Julio del 2021, Bukele ofreció en un acto público aumentar significativamente el número de efectivos militares en solo cinco años (unos 20 mil más de los que existen en la actualidad), con lo cual la Fuerza Armada pasaría de 20 mil efectivos, que fue como la dejó el gobierno de Sánchez Cerén, a 40 mil.
De hecho, los jefes militares han recuperado los privilegios que tenían durante la guerra y su protagonismo en la sociedad salvadoreña es cada vez mayor.
Hoy en día los militares están mejor equipados incluso que los agentes de la PNC.
El otro aparato es el de propaganda y desinformación.
Bukele creó una nueva Secretaría Presidencial, la Secretaría de Prensa, que dirige el ex asesor de comunicaciones de Tony Saca, Ernesto Sanabria.
CAPRES cuenta ahora con dos Secretarías que hacen lo mismo: La Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa.
Ambas consumen personal y mantienen onerosos gastos de funcionamiento.
Cada año, Bukele aumenta el personal que labora en las dos Secretarías así como el Presupuesto que se destina para su funcionamiento.
Paga exorbitantes salarios a asesores extranjeros y destina cientos de miles de dólares a la compra de publicidad en la TV y en la Radio comercial.
Bukele creó también dos medios de comunicación oficialistas que están al servicio de CAPRES: Diario El Salvador y Noticiero El Salvador, que funcionan con recursos públicos.
La única publicidad que reciben estos dos medios es la que proviene de las instituciones del gobierno y se financia con el Presupuesto del Estado.
A finales del 2021, Diario El Salvador recibió un préstamo de 2 millones de dólares de una de las empresas subsidiarias de CEL, siendo que reportó en su balance de ese año más de 300 mil dólares en pérdidas.
Otros medios que no son del gobierno pero que responden a una línea editorial a favor del oficialismo como Telecorporación Salvadoreña (TCS) del Grupo Eserski, Grupo Megavisión (Canales 19, 20 y 21), Canal 33 propiedad de la Universidad Tecnológica, TVO Oriental de Will Salgado, Radio YSKL, Grupo Samix (sistema radial que antes fue propiedad de Tony Saca y su esposa) y Grupo Orbita (La Página, Orbita TV y Orbita FM), entre otros, forman parte también de la estrategia mediática del gobierno a través de la colocación de la publicidad gubernamental.
Hay que agregar acá en este aparato de propaganda y desinformación a medios digitales como El Blog, La Huella, Última Hora, Sociedad Civil, La Britany, Noticias SV, etc., además de centenares de YouTubers, Tuiteros, Blogueros, falsos analistas y mercenarios de la información como Giovanni Galeas, Walter Araujo, Romeo Lemus, Porfirio Chicas, Alex Lobato, Josué Natán Váquis, Medardo Alfaro, entre otros, que reciben salarios de CAPRES con dinero proveniente de la partida de gastos reservados de la Presidencia.
Según una investigación de la agencia Reuters, el gobierno de Bukele ha creado a la fecha más de 1,500 páginas en Facebook en las que se publican únicamente artículos a su favor y unas 700 cuentas en Twitter manejadas por granjas de troles (Troll Centers), en las que son frecuentemente atacados personajes de la oposición y periodistas críticos al régimen.
Todo este aparato consume una millonaria cantidad de recursos del Estado que podrían ir dirigidos a atender las necesidades económicas y sociales de la población, especialmente las demandas de la población de menos recursos.
Recientemente, el sistema de comunicaciones que dirige CAPRES se vio fortalecido con la autorización del Presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, para que los YouTubers y creadores de contenidos del oficialismo puedan asistir sin restricciones a las plenarias y a las reuniones de las comisiones de trabajo legislativo, que por derecho propio solo eran cubiertas por periodistas acreditados.
No cabe duda que esta decisión responde a la necesidad que tienen los Diputados de Nuevas Ideas de reforzar sus estrategias de comunicación para las elecciones del 2024 y de apoyar la campaña de desinformación de CAPRES.
La demagogia y las mentiras de Bukele
Durante la campaña electoral del 2019, el equipo de marketing electoral del entonces candidato Nayib Bukele se dedicó a asegurarle una presencia dominante en los medios de comunicación y en las redes sociales, más allá de la presencia territorial que exige una elección.
A diferencia de sus oponentes de ARENA y el FMLN, Bukele privilegió la inversión en publicidad electoral, sobre todo en las redes sociales y dejó en segundo plano el trabajo “casa por casa” o la realización de concentraciones públicas en diferentes municipios y departamentos del país.
Bukele no apostó a la movilización territorial de seguidores y potenciales votantes como sí hicieron los otros candidatos presidenciales.
¿De dónde salieron los recursos financieros para pagar esa enorme presencia en los medios de comunicación tradicionales como la TV y la Radio comercial y en redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube e Instagram?
A la fecha, ni Bukele ni el partido GANA, que fue la plataforma partidaria con la que participó en las elecciones presidenciales del 2019, han rendido cuentas del origen de los fondos invertidos en la campaña.
Se cree que una parte de estos dineros provinieron de aliados en el FMLN, como José Luis Merino, responsable económico del Grupo Alba Petróleos; así como de algunos sectores de la oligarquía que apostaron por su victoria y que antes habían sido financistas de ARENA, como el Grupo Kriete; o de potenciales proveedores que, en caso de ganar la Presidencia, serían favorecidos con las compras estatales y millonarias licitaciones.
Acá destaca la empresa Alutech El Salvador S.A., de capital Hondureño, que financió con un millón de dólares la campaña de Bukele, y que ya en el gobierno fue favorecido por CEPA con la construcción de la ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Comalapa.
Para Bukele, la propaganda siempre ha sido un componente fundamental de su estrategia comunicacional.
Así fue en el pasado cuando gobernó la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán y la de San Salvador, así sigue siendo hasta la fecha ya como Presidente de la República.
Pero, ¿Cuáles son las características de su estrategia comunicacional que han hecho de la propaganda gubernamental el más importante éxito de su gestión presidencial?
Primero, la difusión de atractivas ofertas que nunca llegan a cumplirse.
Desde que era candidato, Bukele ha formulado y publicitado ofertas y promesas que a la fecha no ha concretado.
Dijo que combatiría la corrupción y que haría un gobierno transparente que le rendiría cuentas a la población.
Llegó hasta ofrecer la cárcel a todo aquel funcionario que se apropiara indebidamente de fondos públicos que estaban destinados para atender la emergencia generada por el COVID.
Sin embargo, ha hecho todo lo contrario.
Ha declarado la reserva de información oficiosa de compras, adquisiciones, inversiones y planes de gobierno que la gente debería conocer para saber cómo se están manejando sus impuestos y en qué se gastan.
La deuda pública ha crecido en más de 5 mil millones de dólares en menos de 4 años, muy por encima de la deuda adquirida por los gobiernos anteriores, y nadie sabe a qué partidas presupuestarias se han destinados esos recursos.
Acuñó la expresión: “el dinero alcanza cuando nadie roba”, pero a pesar del acelerado endeudamiento público, el dinero bajo su gobierno no alcanza ni para ejecutar las obras de infraestructura prometidas ni los programas sociales que vienen desde los gobiernos del FMLN.
Existe suficiente evidencia en manos de la Fiscalía y de algunos organismos de investigación de Estados Unidos sobre actos de corrupción de varios de sus funcionarios y no solo no los ha metido a la cárcel como dijo que lo haría sino que ordenó archivar las investigaciones que había abierto la Fiscalía de Raúl Melara, siguiendo recomendaciones de la CICIG, la Comisión de la OEA que apoyaba las investigaciones sobre Corrupción.
Esta fue la razón de la destitución ilegal del ex Fiscal Raúl Melara en Mayo del 2021 y la llegada de un abogado corrupto, vinculado a la delincuencia, a la Fiscalía General de la República.
Bukele no le perdonó a Melara que haya abierto 12 expedientes de investigación penal en contra de funcionarios cercanos y claves en su gestión como la Jefa de Gabinete, Carolina Recinos; el Ministro de Salud, Frank Alabí; el ex Ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Salvador Anliker; el Director de Centros Penales, Osiris Luna Meza; el ex Ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas; el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, así como la voluminosa investigación sobre las negociaciones con las pandillas conocida como “Catedral”, en la que colaboraron agentes del FBI y la DEA.
Ninguno de estos expedientes sigue abierto y tampoco ninguno de los funcionarios investigados enfrenta alguna causa penal, habiendo pruebas en contra de ellos.
Algunos de estos funcionarios fueron incluso mencionados y sancionados por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actos de corrupción y atentados contra la democracia.
La estrategia de Bukele ha consistido en bajarle perfil a todos estos casos, la mayoría publicados por la prensa independiente, cerrar las investigaciones de la Fiscalía y publicitar otros casos de supuesta corrupción de gobiernos anteriores y de ex funcionarios del FMLN.
Tampoco ha cumplido su oferta económica y social.
Dijo que aseguraría el financiamiento de los Programas Sociales creados por los gobiernos del FMLN y que crearía nuevos programas.
Lo que en realidad ha hecho es cerrar varios de estos programas y a otros los ha desfinanciado.
Esta reducción en la inversión social ha provocado el aumento de la pobreza en solo 3 años de gobierno y el deterioro de las condiciones de vida de la población, tal como lo confirma la Encuesta de Hogares y Propósitos Multiples del BCR.
En el gobierno de Bukele han retrocedido muchos de los indicadores sociales que habían mejorado con el FMLN.
Esta encuesta revela también el atraso en la Salud y en la Educación de la población.
Hoy la gente se enferma más que antes y la calidad de la atención sanitaria ha decaído en lugar de mejorar.
Lo mismo puede decirse de los niveles educativos de la población.
Se ha estancado la lucha contra el analfabetismo y han aumentado significativamente los niveles de repitencia y deserción, tanto en la educación primaria como secundaria.
Quizás el mayor fracaso e incumplimiento de sus ofertas ha sido en el terreno económico.
No atrajo inversión extranjera como anunció, no ha diseñado un plan de reactivación económica como dijo que lo haría con ayuda de un prestigioso economista de Estados Unidos y la economía sigue estancada en una tasa de crecimiento que no supera el promedio histórico de gobiernos anteriores.
Tampoco crece el empleo formal ni el salario de los trabajadores.
Lo único que ha crecido es la pobreza, el costo de la vida y la deuda pública.
Otra de las ofertas incumplidas es el aumento que prometió que llevaría a cabo en inversión en infraestructura.
En Febrero del 2022 dijo que en ese año el país experimentaría la mayor inversión en infraestructura en la historia.
En esa ocasión anunció una inversión de más de 1,500 millones de dólares, de los cuales, más de un año después, ni siquiera se ha invertido la mitad de lo ofrecido.
Para el caso, no se ha construido el nuevo edificio del Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa, a pesar de que el préstamo para ambas obras fue aprobado a finales del 2018.
No se han construido los 7 pasos a desnivel ni las 4 sedes regionales de la UES que ofreció.
Dijo que iba a remodelar y reconstruir 5 mil escuelas, a raíz de mil escuelas por año, y a la fecha solo han sido reparadas unas cuantas.
Tampoco ha enviado a la Asamblea Legislativa el proyecto de Reforma Tributaria Progresiva que prometió y que haría pagar más impuestos a los que más tienen.
Cuenta con mayoría calificada en la Asamblea por lo que no puede pretextar que no tiene los votos necesarios para aprobarla, como ocurrió en los gobiernos del FMLN.
Pese a todo este deterioro económico y social la población continúa evaluando positivamente la gestión de Bukele.
La única explicación a este comportamiento de la ciudadanía es que el eficiente aparato de propaganda del gobierno ha ocultado esta realidad y ha sobredimensionado los éxitos en el combate de la delincuencia y en la reducción de homicidios.
Otro componente de la estrategia comunicacional de Bukele y su gobierno es la difusión de mentiras, la publicación de datos inexactos sobre la situación económica del país y el ocultamiento de la realidad.
El Ministerio de Hacienda, con el Ministro Alejandro Zelaya a la cabeza, se ha convertido en una fábrica de mentiras.
Lo mismo puede decirse del Ministro de Trabajo, del titular del Banco Central de Reserva y de varios Diputados de la bancada oficialista.
A esta difusión de falsedades se ha sumado en forma bochornosa la Embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, cuando habla de las supuestas bondades de la situación económica del país y de la entrada de miles de millones de dólares en inversión extranjera procedente de Estados Unidos.
Hacienda miente, por ejemplo, con la recaudación tributaria y con los esfuerzos por combatir la evasión fiscal.
Según datos oficiales, la recaudación tributaria ha caído en los tres primeros meses de este año, lo que acabará afectando las finanzas públicas y sobre todo el financiamiento del Presupuesto aprobado para el 2023, en el que se hicieron proyecciones falsas sobre el comportamiento de la economía.
La evasión fiscal sigue persiguiéndose en forma selectiva y está dirigida a la pequeña y mediana empresa así como a las empresas de opositores.
Para el caso, la anterior Corte Suprema de Justicia ordenó en el 2018 al Ministerio de Hacienda y a la Fiscalía la apertura de un expediente por evasión en el pago de impuestos de Nayib Bukele por más de 800 mil dólares.
A la fecha, ni Hacienda y menos la Fiscalía han presentado cargos por evasión contra el mandatario.
Tanto Bukele como el Ministerio de Hacienda guardaron un silencio cómplice ante la pérdida de ingresos fiscales que provocó la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en manos de GANA, que perdonó el pago del impuesto al IVA por consumo de combustible por más de 30 millones de dólares a la empresa AVIANCA, propiedad del Grupo Kriete.
Esta resolución fue ocultada deliberadamente por el gobierno de Bukele a pesar de haber dicho durante la campaña electoral que acabaría con los privilegios de los grupos oligárquicos del país.
Con frecuencia el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, publica datos falsos sobre generación de empleo en el sector formal de la economía que no coinciden con los datos de nuevos asegurados que reporta el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Lo mismo ocurre con los Diputados de Nuevas Ideas cuando aprueban las iniciativas de CAPRES.
Adulteran datos y esconden información que debería ser del dominio público.
Todos estos funcionarios, siguiendo la narrativa impuesta por Bukele, acostumbran a hacer “cálculos alegres” con las cifras económicas para dar la impresión que la situación del país marcha por buen camino.
El otro componente de la propaganda gubernamental es el ataque sistemático de opositores, ONGs, periodistas y medios de comunicación con el propósito de desacreditar sus críticas, demonizar a las ONGS y tanques de pensamiento así como a analistas contrarios a Bukele y dañar sus reputaciones.
Esta estrategia pretende influir en la opinión pública para restarle credibilidad a la disidencia y mantener blindadas las posiciones gubernamentales.
Está claro que una mentira repetida varias veces acaba convirtiéndose en verdad.
Eso es lo que ha estado ocurriendo en el país desde la llegada de Bukele a la Presidencia y continuará por lo menos hasta el evento electoral del próximo año.
No hay que pasar por alto que a esta estrategia de propaganda contribuye el silencio e inanición de algunos en la oposición que se limitan a reaccionar ante los ataques del oficialismo y que han perdido la iniciativa política y la capacidad para generar hechos mediáticos e influir en la agenda pública.
