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Redacción Nacionales
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La solicitud de nueve congresistas demócratas de Estados Unidos para que el secretario de Estado, Marco Rubio, promueva la liberación de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López podría incrementar la presión política y diplomática sobre el gobierno salvadoreño, manifestó el antropólogo Marvin Aguilar, quien considera que la iniciativa representa un nuevo episodio en el escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador.
El documento, fechado el 25 de junio de 2026 y firmado por los congresistas James McGovern, Chris Van Hollen, Jamie Raskin, Tim Kaine, Ilhan Omar, Glenn Ivey, Rashida Tlaib, Delia Ramírez y Eleanor Holmes Norton, expresa preocupación por la captura de López, la cual califican como realizada sin orden judicial ni investigaciones previas. Asimismo, cuestionan que el proceso penal permanezca bajo reserva y denuncian que sus abogados y familiares no han tenido acceso a información sobre su estado de salud.
En la misiva, los legisladores solicitan a Rubio que el Departamento de Estado intervenga activamente para promover la liberación de la abogada, gestione visitas de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos al centro de detención y valore la aplicación de sanciones migratorias contra los funcionarios responsables de su arresto y encarcelamiento.
Durante un análisis sobre el contenido de la carta, Marvin Aguilar sostuvo que el pronunciamiento trasciende una simple muestra de solidaridad y representa un mensaje político dirigido tanto al gobierno salvadoreño como a la administración estadounidense.
A juicio del antropólogo, el pronunciamiento constituye la continuidad de las críticas que, desde hace varios meses, congresistas demócratas han formulado respecto a la situación de los derechos humanos en El Salvador. Recordó que el congresista James McGovern ya había impulsado audiencias y otras iniciativas relacionadas con el deterioro democrático y las denuncias contra el gobierno salvadoreño.
Según Aguilar, el elemento novedoso de la carta es que solicita directamente la intervención del secretario de Estado, quien ha mantenido una postura crítica frente a gobiernos señalados por violaciones a los derechos humanos en países como China, Nicaragua, Cuba y Venezuela.
El analista considera que los congresistas buscan evidenciar lo que califican como un posible doble estándar de la política exterior estadounidense, al cuestionar las violaciones a los derechos humanos en otros países mientras, según su interpretación, no existe una respuesta similar frente a denuncias formuladas contra el gobierno salvadoreño.
Otro aspecto destacado por Aguilar es que la carta menciona expresamente la posibilidad de utilizar mecanismos de sanción contemplados en la legislación estadounidense sobre derechos humanos. En ese sentido, señaló que el llamado podría abrir la puerta para evaluar restricciones migratorias y otras medidas contra funcionarios que eventualmente sean considerados responsables de violaciones a derechos fundamentales.
El antropólogo explicó que este tipo de solicitudes suelen relacionarse con procedimientos similares a los contemplados en la denominada Ley Magnitsky, utilizada por Estados Unidos para imponer sanciones a personas señaladas de participar en actos de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos.
La captura de Ruth López ha generado preocupación tanto dentro como fuera del país. Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han solicitado garantías para el debido proceso, acceso de la defensa a la información del expediente y respeto a la integridad física de la abogada.
Los congresistas también expresaron inquietud por la situación médica de López y pidieron que representantes diplomáticos estadounidenses puedan verificar directamente las condiciones en las que permanece detenida.
En el plano interno, el caso ha intensificado el debate sobre la utilización del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado de manera continua por la Asamblea Legislativa. Aunque la medida fue implementada originalmente para combatir a las pandillas, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que en algunos casos se estaría aplicando contra personas sin vínculos con estructuras criminales.
Aguilar considera que el contenido de la carta refleja una creciente atención internacional sobre la situación salvadoreña y podría convertirse en el inicio de nuevas acciones diplomáticas por parte de sectores del Congreso estadounidense.
El académico señaló que el caso de Ruth López se ha convertido en un símbolo dentro del debate internacional sobre el estado de derecho en El Salvador y estimó que las decisiones que adopte el Departamento de Estado serán observadas tanto por organizaciones de derechos humanos como por actores políticos de ambos países.
Hasta el momento, ni el Departamento de Estado de Estados Unidos ni el gobierno salvadoreño habían anunciado una respuesta oficial al contenido de la carta firmada por los nueve congresistas demócratas.
Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones dentro y fuera de El Salvador, en un contexto marcado por el debate sobre el respeto a las garantías judiciales, el alcance del régimen de excepción y las relaciones diplomáticas entre San Salvador y Washington.
