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En la presentación del informe de Vulneraciones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, los principales victimarios son las instituciones estatales, en donde sobresale la Policía Nacional Civil (PNC)”. Foto Diario Co Latino/Archivo.

La mayoría de vulneraciones a personas defensoras procede del Estado: IDHUCA

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“El informe presenta 29 casos que dan cuenta de vulneraciones a derechos humanos a personas defensoras, y entre los principales victimarios resaltan las instituciones estatales, en donde sobresale la Policía Nacional Civil (PNC)”, señaló, la investigadora Natalia Ponce Rubio, quien tuvo a cargo la presentación del informe de Vulneraciones a Personas Defensoras de Derechos Humanos.

“En los derechos recurrentes de vulneración tenemos: el derecho a defender derechos, el derecho a la intimidad y el honor así como, el derecho a la libertad. En donde se notó una concentración de casos en San Salvador, pero también, en los departamentos de Chalatenango y Ahuachapán”, informó Ponce Rubio.

El informe parte de los datos provenientes del Sistema Nacional de Registro de Vulneraciones a Personas Defensoras de Derechos Humanos en El Salvador, que fue diseñado por las organizaciones, el cual funciona desde abril de 2019, que realiza un registro, documentación y sistematización de casos de vulneraciones a partir de las denuncias que son del conocimiento público al ser publicadas en los medios de comunicación.

Este trabajo de documentación se enmarca en el proyecto “Promoviendo el derecho a Defender Derechos en El Salvador”, que es cofinanciado por la Unión Europea (UE) que trabaja con el consorcio de organizaciones de derechos humanos, integrado por: IDHUCA, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Asociación ProBúsqueda y Fundación MUNDOBAT.

El conversatorio tuvo como objetivo generar un “espacio de reflexión, discusión y análisis” sobre la situación de las personas defensoras de derechos fundamentales a partir del Informe de Vulneraciones a Personas Defensoras realizado en el año 2021.

Se vincula también al cuarto aniversario de la propuesta de Ley del Reconocimiento y Protección Integral de Personas Defensoras, que se presentó ante la Asamblea Legislativa, el 6 de septiembre de 2018, por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, el que fue enviado al archivo por la nueva legislatura dominada por Nuevas Ideas.

Sobre las vulneraciones, Ponce agregó que estos se realizan ante la ausencia de marcos normativos de protección a personas defensoras y que son cometidos por particulares, grupos irregulares y el Estado salvadoreño.

En cuanto a la caracterización de las víctimas, comentó Ponce, se logró identificar en la “definición de perfiles” que la mayor vulnerabilidad se cometió contra mujeres con 19 casos registrados, quienes fueron víctimas directas mientras realizaban su trabajo de defensa y el resto hombres.


Las personas que fueron vulnerados en sus derechos defendían al momento de su vulneración el agua en los territorios o el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, entre otros. Foto Diario Co Latino/Archivo.

“En relación al rango de edad y el sexo de las personas defensoras que fueron vulneradas, en 20 de los casos las personas estaban entre los 30 a 50 años, de los cuales un tercio fueron mujeres. Cinco de los registros fueron de personas jóvenes entre 18 a 29 años de edad y en una relación similar en la cantidad 3 hombres y 2 mujeres. Y en tres casos fueron personas mayores de 60 años de edad”, acotó la investigadora.

Otro de los hallazgos importantes del Informe destaca la ocupación de estas personas, en donde once de los registros señala a periodistas, en su mayoría mujeres, y un hombre. Y otras ocupaciones fueron jornaleros o mujeres que se dedican al trabajo doméstico que desempeñan su labor de defensa en su territorio como el agua. Otros pertenecen a las ADESCOS.

“Y los derechos que estas personas defendían al momento de su vulneración fue en la defensa del agua en los territorios, registrando ocho casos que es el más amplio; pero, la temática por lo cual las personas defensoras fueron vulneradas también fue por trabajar en defender el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, que sumaron 10 casos registrados”, explicó Ponce.

Sobre la fecha en que se dieron estos hechos violatorios, Ponce, manifestó que el informe destaca el mes de noviembre de 2021, cuando la sociedad salvadoreña se encontraba dentro de una dinámica de crisis de derechos humanos y democrática, luego que en el mes de mayo, fuera vulnerado el órgano Judicial y la Fiscalía General de la República, cuyos funcionarios fueron destituidos de manera inconstitucional.

“En noviembre también circuló la propuesta de ley de Agentes Extranjeros, en la Asamblea Legislativa, que intentaba gravar los fondos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones que reciben apoyo de organismos internacionales, con el fin de obstaculizar su trabajo en defensa de derechos humanos”, indicó.

“El año pasado también se mantuvo un discurso de desprestigio, descrédito y criminalización a personas defensoras de derechos humanos, organizaciones nacionales, regionales e internacionales por parte del presidente de la república (Nayib Bukele) y sus funcionarios”, agregó Ponce.

Danilo Flores, director del IDHUCA, consideró importante los datos obtenidos del Registro de Vulneraciones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, para tener claro el contexto social, político y económico del país.

“Es un ambiente adverso y hostil para quienes realizamos la labor de defensa de los derechos humanos, por un lado, y por los mensajes y discursos estigmatizantes que se realizan antes nos llamaban defensores de delincuentes y ahora nos califican de defensores de pandilleros, entre otros calificativos que provienen de los funcionarios de alto nivel como ministros y diputados y el presidente de la república”, dijo.

Flores consideró que está situación era grave porque podía conducir hacia conductas coléricas que pueden generar brotes de violencia y se eleve la vulneración a personas defensoras de derechos humanos en el país.

“El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ya dentro del del régimen de excepción, dijo que las organizaciones no gubernamentales eran financistas de las pandillas. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, les dijo a los periodistas investigativos, críticos… los invitó a irse del país, o el ministro de Seguridad Pública (Gustavo Villatoro) quien indicó que se le daba seguimiento a algunos periodistas, y esta situación puede empeorar”, manifestó Flores.

Mientras, Ovidio Mauricio González, de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, expresó que este trabajo que han realizado las organizaciones debería ser una responsabilidad estatal al mencionar el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que señaló estaba “ausente” en sus informes o compilar estas denuncias.

“Cuando pedimos información a la PDDH, nunca nos respondieron, y esa situación es bastante delicada y veamos el trabajo del procurador, y veamos como justifica ese régimen de excepción, que es violatorio a los derechos humanos -en este tiempo de elección- hemos visitado comunidades como la Tinneti en donde vecinos están cuidando niños que han quedado desamparados porque sus padres están presos, y eso es una grave violación a los derechos humanos”, sostuvo González.

Eduardo García, director ejecutivo de Asociación Pro Búsqueda, opinó que los informes provenientes de diversas organizaciones pro derechos humanos, coinciden en señalar las injusticias que se están cometiendo en los 100 días del Régimen de Excepción que destaca las capturas arbitrarias, las torturas y la muerte de internos en los centros penitenciarios.

“La Mesa por el Derecho a Defender Derechos dio también un informe similar sobre las graves violaciones, que también es un espacio que defiende a las personas defensoras. Y llama la atención que aquellas palabras que aparecían junto a los graffitis en donde las pandillas amenazaban a la población con la advertencia de ver, oír y callar. Ahora, apunta que el perfil del agresor ha mutado a funcionarios que tienen el poder, pero no así la víctima que sigue siendo la población pobre que viven en comunidades marginales y atentan contra la ciudadanía”, puntualizó.

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