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Por Leonel Herrera*
Antes y durante la guerra civil salvadoreña se perseguía políticamente a cualquiera que el régimen consideraba opositor: estudiantes, campesinos, obreros, intelectuales, religiosos, activistas y políticos, quienes eran objeto de detenciones arbitrarias, torturas, exilios forzados, desapariciones y asesinatos. Para esto se instrumentalizaba al ejército, los cuerpos de seguridad, la Fiscalía y los tribunales judiciales.
Con la firma de los Acuerdos de Paz tal situación se detuvo. Sin embargo, desde la llegada de Nayib Bukele al gobierno la persecución judicial con fines políticos ha vuelto, sobre todo desde que el autócrata tomó el control de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y el sistema judicial en mayo de 2021.
Esta persecución inició contra ex funcionarios y ex funcionarias de gobiernos anteriores, a quienes se les levantaron dudosas acusaciones de corrupción: casos como el del ex alcalde arenero Ernesto Muyshont, quien guarda prisión hasta hoy; y de ex ministros del FMLN como Mauricio Ramírez Landaverde, Violenta Menjívar, Calixto Mejía y Erlinda Handal.
Luego vino la detención arbitraria de los líderes comunitarios de Santa Marta en enero de 2023 y los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz en mayo de 2024, entre ellos Atilio Montalvo, un firmante de los Acuerdos de Paz por el FMLN. En mayo y junio de 2025 hubo una etapa crítica de la persecución con la captura del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor evangélico y cooperativista Ángel Perez, la abogada anticorrupción Ruth López y el abogado constitucionalista Enrique Anaya.
Entre 2021 y 2024 también fueron detenidos arbitrariamente decenas de sindicalistas; mientras que el defensor de derechos humanos Fidel Zavala fue recapturado y enviado a la misma cárcel donde presenció los abusos que había denunciado públicamente. En este contexto también se aprobó la ominosa Ley de Agentes Extranjeros.
Esta persecución política es la más grave violación de los Acuerdos de Paz actualmente, aparte de todo el desmantelamiento institucional y la reversión democrática.
Actualmente sólo Atilio Montalvo está en casa, al ser liberado debido a su grave estado de salud; pero no ha sido absuelto, a pesar de que la acusación contra él y los demás dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz es una farsa judicial. Investigaciones periodísticas confirman que el caso se construyó con pruebas y testigos falsos.
Pepe Melara y los demás veteranos siguen en prisión, a pesar de la delicada situación de salud de la mayoría de ellos. Con los dirigentes de la Alianza también está ilegalmente detenido Luis Alberto Menjívar, joven comunicador que apoyaba en tareas de comunicación de dicha organización.
También se mantienen en prisión Ruth López, Fidel Zavala y Enrique Anaya. Entre los sindicalistas presos está el joven Geovanni Aguirre, quien se encuentra desaparecido en el sistema carcelario del país. Alejandro Henríquez y Ángel Pérez están libres, pero fueron condenados en un proceso abreviado tras declararse culpables de los delitos que falsamente les endilgó la Fiscalía.
Finalmente, los ambientalistas de Cabañas todavía no logran plena libertad porque el tribunal que los absolvió por segunda ocasión no entrega el fallo por escrito. El Juzgado de Sentencia de San Vicente ha suspendido cuatro veces dicha entrega, postergando indefinidamente el cierre definitivo del caso e impidiendo que los activistas regresen a sus labores de defensa del agua, la salud y la vida amenazadas por la minería metálica.
A la lista de presos políticos se suma la de decenas de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas exiliados. Prácticamente todo el periodismo de investigación salvadoreño está exiliado en Guatemala, Costa Rica, México, Estados Unidos y España porque el “gobernante cool” que gustosamente concede entrevistas a “youtuber” lamebotas extranjeros no soporta el rol fiscalizador de la prensa nacional.
Por tanto, la principal acción commemorativa de los Acuerdos de Paz debe ser denunciar la grave violación que representa la nueva oleada de persecución política desatada 34 años después de la firma de los históricos acuerdos.
*Periodista y activista social.
