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Hace unas semanas se conoció que la calificadora de riesgos Moody’s rebajó la posición de El Salvador como emisor de deuda, desde Ba3 a B1 y colocó las calificaciones en revisión para una baja adicional. Esta calificación de riesgo es una opinión emitida por la calificadora, en este caso Moody’s, sobre la capacidad del emisor de pagarles a los inversionistas. La calificación anterior de Ba3 implica que Moody’s denomina las emisiones de deuda del país con grado especulativo y “calidad de crédito cuestionable”. La nueva calificación de B1 señalaría que las emisiones del país son “de alto riesgo crediticio y calidad de crédito en general, pobre”. Esto implica un encarecimiento del financiamiento.
Estas afirmaciones que se generan a partir de las calificaciones de Moody’s parecen pintar un panorama financiero sin salida. Sin embargo, es necesario recordar que para la crisis financiera provocada por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2007, los instrumentos de deuda que ocasionaron el estallido de la crisis estaban calificados con el mejor grado de inversión por estas mismas agencias calificadoras y fueron llevadas a juicios. En Europa, las rebajas de calificación sin sustento le han valido acusaciones de la Unión Europea de especular con los mercados y de atacar la economía europea.
Sin embargo, el anuncio de Moody’s se realiza unas semanas después de ser presentado el informe del artículo IV del FMI, donde se analiza desde la perspectiva del FMI la situación del país y se recomiendan medidas contractivas de disminución del gasto y estancamiento de salarios.
Este panorama debe ser entendido a partir de tendencias más estructurales de la economía salvadoreña. Podemos identificar cuatro tendencias de la economía salvadoreña desde las reformas de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Programa de Estabilización Económica (PEE) que dieron el inicio a la construcción del neoliberalismo en el país.
En primer lugar, la apertura del mercado con exportaciones de bajo valor agregado que son competitivas por salarios bajos y exenciones fiscales. En segundo lugar, la completa liberalización de la cuenta de capitales de la balanza de pagos que ha hecho del país un exportador neto de capitales, es decir que los flujos de dólares que salen del país son mayores a los que entran. En tercer lugar, la tercerización de la economía doméstica, es decir, el empuje de la economía en sectores de servicios en detrimento de la producción agrícola, industrial o la construcción, combinado con los demás factores esto se vuelve un círculo de bajo crecimiento. En cuarto lugar, la coincidencia de la liberalización comercial, la desregulación financiera y el bajo crecimiento llevan al país irremediablemente a una situación donde la deuda se vuelve el mecanismo de sostén de la economía.
Este horizonte de deuda tampoco es exclusivo de El Salvador, el capitalismo global está en crisis a partir de la década de 1970 y desde entonces el mecanismo para disimularla ha sido la deuda. No obstante, este mecanismo tiene sus límites y se expresan en las crisis financieras cada vez más frecuentes y severas como la de Estados Unidos en 2007, que fue resuelta pasando la burbuja hacia la deuda de los Estados, y está llevando a problemas como en Grecia, Chipre, Irlanda, España e incluso Estados Unidos.
Es necesario entonces analizar los argumentos de Moody’s, que coinciden con el diagnóstico del FMI sobre las finanzas del país. Afirma que el ratio de deuda se ha incrementado desde 2009, presionado por unos déficits fiscales del 3.6%. El gráfico siguiente muestra que esa aseveración debe estar matizada en tanto el incremento del déficit es resultado de mantener un esquema previsional insostenible social y financieramente.
Los datos del gráfico muestran que la diferencia entre gastos e ingresos del Sector Público No Financiero ha disminuido desde los 910.2 millones de dólares en 2009 a 418.6 millones en 2015, una reducción del 54%. Esto significa que el déficit del Sistema Público No Financiero ha llegado hasta el 1.6% del PIB en 2015. El aumento del déficit en 2015 hasta los 900 millones de dólares, que implica el 3.9% del PIB es resultado de la forma en que constituyó el esquema privatizado de pensiones, en tanto el sistema previsional es solamente sostenible con esas inyecciones del Estado.
“La privatización de las pensiones que se realizó en 1997 con la aparición de las AFP, no resolvió el tema previsional; lejos de ello, lo condujo a un diferimiento de la crisis, trasladando hacia adelante en el tiempo el estallido de la crisis fiscal. Desde muy temprano la privatización mostró su inviabilidad, se le ha realizado una serie de modificaciones, al menos cuatro, cuya finalidad fue prolongar la agonía y nunca fueron realizadas con el propósito de corregir sus deficiencias de origen” (UCA, 2016)1.
Moody’s también afirma que como resultado del endeudamiento, las finanzas del gobierno son más débiles que las de otros países de la categoría Ba, con un peso de la deuda sobre el PIB 15% mayor que la media de la categoría. Esto también tiene a su base el aumento de la deuda a partir del sistema previsional, como se observa en el gráfico a continuación. La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) ha pasado de 9,332.52 millones de dólares en 2009 a 12,233.7 millones en 2015, un aumento del 31%, pero que le permite estabilizarse alrededor del 46% del PIB. Sin embargo, la deuda del Sistema Público Financiero, donde están incluidas las pensiones, ha incrementado un 61%, pasando de 1,634.1 millones de dólares en 2009 a 4,196.4 millones de dólares en 2015, que implica un aumento del peso de esta deuda de 7.9% del PIB a 16.2%. De este modo, el peso total de la deuda pública en el PIB alcanzó el 64.2% en 2015. Según Moody’s, la diferencia del 15% del peso de la deuda, que coincide con el 16.2% por las pensiones, hace que el costo del financiamiento sea 4 puntos porcentuales mayor que la media de los países Ba, el país paga en promedio 12.7%, mientras que el resto de esa categoría un 8.7%.
Moody’s también afirma que como resultado del endeudamiento, las finanzas del gobierno son más débiles que las de otros países de la categoría Ba, con un peso de la deuda sobre el PIB 15% mayor que la media de la categoría. Esto también tiene a su base el aumento de la deuda a partir del sistema previsional, como se observa en el gráfico a continuación. La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) ha pasado de 9,332.52 millones de dólares en 2009 a 12,233.7 millones en 2015, un aumento del 31%, pero que le permite estabilizarse alrededor del 46% del PIB. Sin embargo, la deuda del Sistema Público Financiero, donde están incluidas las pensiones, ha incrementado un 61%, pasando de 1,634.1 millones de dólares en 2009 a 4,196.4 millones de dólares en 2015, que implica un aumento del peso de esta deuda de 7.9% del PIB a 16.2%. De este modo, el peso total de la deuda pública en el PIB alcanzó el 64.2% en 2015. Según Moody’s, la diferencia del 15% del peso de la deuda, que coincide con el 16.2% por las pensiones, hace que el costo del financiamiento sea 4 puntos porcentuales mayor que la media de los países Ba, el país paga en promedio 12.7%, mientras que el resto de esa categoría un 8.7%.
Esta maniobra a la que se ha visto obligado el gobierno, de convertir deuda de corto plazo a deuda de largo plazo por medio de eurobonos, ha sido la única forma que los bloques de poder tradicional del país le habían permitido utilizar para afrontar problemas de liquidez. Precisamente, porque la emisión de eurobonos del Estado ha sido un negocio para los inversionistas privados que adquieren estas emisiones. Antes del 2009, las emisiones de Eurobonos se realizaban por debajo de su precio nominal para luego sacar margen de ganancia en los mercados secundarios, esto permitió una ganancia corrupta de más de 141.8 millones de dólares. Además, la estructura de funcionamiento de los eurobonos implica un costo de financiamiento sumamente alto, como lo muestra el cuadro siguiente.
