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La Asamblea Legislativa logró, el viernes pasado, la interpelación del Ministro de la Defensa Nacional, contraalmirante René Merino Monroy, quien durante, aproximadamente doce horas, resistió y evadió las preguntas más cruciales de los diputados, respecto a quien o quienes ordenaron el uso de la fuerza armada el 9 de febrero pasado, cuyos elementos incurrieron en el Salón Azul del Congreso, lo que ha sido considerado como un golpe de estado. La interpelación es una acción de interrogatorio a altos funcionarios de Gobierno o del Gabinete por parte del Órgano Legislativo, con el fin de encontrar responsabilidad política en un tema determinado. En este caso se trató de investigar si hubo una acción ilegal al permitir que unidades del ejército fuertemente armados ingresaron al Salón Azul del Congreso y que se apostaron, incluso, atrás de las sillas correspondientes a los miembros de la junta directiva.
Los diputados esperaban, además de saber quién le ordenó al ministro Monroy incursionar en la Asamblea Legislativa al estilo de un operativo militar de gran envergadura, el por qué del despliegue de fuerza; también pretender saber cuál era el objetivo final de dicho operativo. Pero, el ministro, siguiendo un guión durante todo el tiempo que duró la interpelación, respondió de la misma forma: la presencia de los militares era para garantizar la integridad física del presidente Nayib Bukele, quien luego de un mitin en las cercanías del Congreso ingresó al Salón Azul, donde, ante la ausencia del presidente de dicho órgano de Estado, abrió la sesión plenaria con la presencia de una veintena de diputados de GANA, PCN y el diputado independiente, entre otras expresiones políticas representadas en el Congreso.
Obviamente, lo que hubo el 9 de febrero fue una “ocupación militar” de la Asamblea Legislativa, lo cual, por supuesto, puso en peligro la estabilidad democrática, por el uso de la Fuerza Armada en esas circunstancias. Recordemos que antes del 9F hubo toda una agitación a través de las redes sociales para aplicar a los diputados el artículo 87 de la Constitución, es decir, insurreccionar al pueblo y cambiar a los diputados actuales, sobre todo a los de oposición.
Así las cosas, lo del 9F puso en peligro la estabilidad institucional y, además, violentó la Constitución, en lo que respecta al artículo 211 y el Acuerdo de Paz, porque la institucionalidad armada no debe tener más usos que la Constitución le ha asignado.
Sobre la protección de la integridad física del presidente de la República, está claro que es responsabilidad del Estado Mayor Presidencial, de allí que ese 9 de febrero se vio mal no solo la presencia de soldados de otras unidades dentro y fuera del salón azul, sino la del ministro de Defensa, quien se defendió diciendo que “solo fue a inspeccionar” lo que estaba haciendo la tropa.
La interpelación, por los resultados, seguramente dejó satisfechos a unos e indignados a otros, pero lo cierto es que todo deja lecciones, y esas son las que deben asumirse.
En primer lugar, que ningún funcionario del Gobierno debe realizar acciones que vayan más allá de lo que la ley le ordena, sobre todo, los funcionarios de la Fuerza Armada. En segundo lugar, que la Asamblea Legislativa, por Constitución, puede realizar las interpelaciones que sean necesarias cuando se supone que se ha violentado la ley primaria.
En tercer lugar, en el futuro, los ministros de defensa deben ser muy cuidadosos con lo que le ordenan, o lo que decidan, pues esta interpelación deja una mancha para la Fuerza Armada.
Desde finalizada la guerra, tras el acuerdo de paz, todos ensalzaban a la Fuerza Armada por ser respetuosa no solo del Acuerdo de Paz, sino también de la leyes, sobre todo la Constitución.
Y la cuarta lección es que El Salvador debe seguir luchando por defender la institucionalidad y profundizar su democracia.
