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Fidelina Martínez Castro
La última frase con que el señor Fiscal terminó su discurso de toma de posesión cuando decía: “ejerceré mis funciones con carácter, medical con la Constitución en una mano y la Biblia en la otra…” (Pág. 7, hospital La Prensa Gráfica de 7/01/16) sería excelente para desempeñarse en un Estado Teocrático, en donde el poder del Estado se regula por normativas jurídico-teológicas, porque las costumbres religiosas son fuente de derecho, pero en un Estado Republicano y Democrático, como nuestra Constitución lo señala (Art. 85 C.), en que el poder público emana del pueblo (Art. 86 C.) y la Constitución expresamente ordena, en el Art. 235 de la C., que: “Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, debe protestar bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes”. Esa dualidad referida es errática e improcedente.
Genera incertidumbre pensar que las personas especializadas en ciencias jurídicas no tengan el cuidado de respetar la neutralidad del Estado ante las diversas religiones para garantizar la libertad de conciencia y de pensamiento de la totalidad de la población.
La libertad y la igualdad, como pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, serían afectados por esa dualidad de textos guias, porque las personas que profesan otras religiones, aduciendo igualdad de respeto a sus creencias, podrían solicitarle al Sr. Fiscal que utilice también el Corán, los libros Vedas, etc.
¿Qué hará el Sr. Fiscal cuando tenga que defender los intereses del Estado y de la población si se encuentra con presiones religiosas para favorecer posiciones dogmáticas y no científicas en la educación, en la salud y en otras áreas? Por ejemplo, cuando tenga que defender los Derechos Humanos de las mujeres ante mandatos religiosos que se quieren inmiscuir en políticas públicas violatorias de sus derechos. Está por verse a quién obedecerá y qué justicia aplicará.
