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En los primeros meses del brote de COVID-19, la niñez fue invisibilizada al ser el sector menos afectado desde un punto de vista epidemiológico y, aunque en aspectos como la educación los padres se han convertido en los promotores del aprendizaje a sus hijos, esto tendrá efectos negativos a corto plazo.
Así lo dejó entrever Marta Rubio-Codina, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la ponencia “Efectos del confinamiento en el aprendizaje y en lo socio-emocional de los niños y niñas”, donde afirmó que en El Salvador el cierre de servicios educativos tendrá un impacto del 3.3 % del Producto Interno Bruto.
Rubio-Codina indicó que uno de efectos inmediatos de invisibilización a este grupo poblacional es el cierre de los centros de atención de primera infancia en algunos países de la región. UNESCO indica que alrededor de 20 millones de niños en edad preescolar están fuera de las aulas debido al COVID-19.
Agregó que en el país se tiene falta de acceso a internet, lo que complejiza la atención remota a la que se han abocado algunos países. “Los centros educativos también están limitados en tecnología”, dijo.
Respecto a las pérdidas en aprendizaje, Jimmy Vásquez, especialista en políticas sociales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indicó que se podría tener pérdidas de 0.5 a 0.9 años. “El punto es que no se puede dar pausa al aprendizaje, porque el aprendizaje se verá disminuido (…). Hablamos de aprendizaje, no de escolaridad”, señaló. Según UNICEF, al menos una tercera parte de los niños en edad escolar de todo el mundo no tuvo acceso a la educación a distancia durante el cierre de las escuelas debido a la COVID-19.
La entidad instó a “realizar inversiones urgentes para cerrar la brecha digital, facilitar la educación a distancia para cada niño y, lo más importante, priorizar la reapertura de las escuelas en condiciones de seguridad”.
Además de la educación, los panelistas expusieron la necesidad de “monitorear el estado de salud y bienestar de los niños y otros miembros del hogar, así como identificar y prevenir la vulneración de derechos, abusos y maltratos”. Asimismo, poner atención a los problemas de inseguridad alimentaria, que el país se mantienen en el 53 %.
Las declaraciones giraron en torno a la cuarta edición de la Semana de las Políticas Públicas con Base en Evidencia, desarrollada por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), que “busca posicionar en la agenda la importancia del uso de la evidencia para informar todo el ciclo de las políticas públicas”.
El director ejecutivo de Fundaungo, Ricardo Córdova manifestó: “La evaluación de políticas públicas es importante para determinar si los resultados planteados, previo a su implementación, fueron alcanzados, así como aprender de lecciones obtenidas”.
