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Carta Económica
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Un camino fundamental para romper el círculo vicioso de la deuda pública
Después de años de una lucha revolucionaria político-militar, que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, en nuestro país se abrió la posibilidad de iniciar un nuevo modelo político y económico, que permitiera cambiar la estructura de distribución de la riqueza y el ingreso. Sin embargo, estas esperanzas fueron frustradas con la implementación del modelo neoliberal y el nuevo modelo de acumulación y centralización del capital, controlado por la nueva burguesía oligárquica y su alianza con las transnacionales, apoyados los dos por los organismos financieros internacionales multilaterales y el Imperialismo Yanqui y su estrategia de la globalización de la economía dominante central y sus grandes capitales.
El modelo debilitó la institucionalidad del Estado como un agente fundamental en el desarrollo de la economía, es decir, como un actor estratégico en la generación de un entorno económico y social adecuado para el crecimiento y el desarrollo a favor del pueblo salvadoreño y la inmensa mayoría de las empresas nacionales, así como para la creación de un sector real de la economía competitivo ante las dinámicas de las economías internacionales desarrolladas.
El debilitamiento del Estado y su quiebra financiera, provocó un proceso de endeudamiento público perverso, que tiene a las finanzas públicas en una trampa del endeudamiento, característico de todos los Estados del sistema capitalista producto del neoliberalismo a nivel mundial y su imposibilidad de mantener una tasa de ganancia creciente en la economía como un todo. Este proceso de quiebra financiera del Estado, fue agravado por la dolarización de la economía establecida en El Salvador a partir del 1º de enero del 2001 por la Ley de Integración Monetaria (LIM) y, que entre otros, obligó al Estado a darle al país liquidez en dólares mediante préstamos externos de libre disponibilidad; los cuales tomaron forma de bonos colocados en los mercados internacionales de capital y préstamos de libre disponibilidad (DPLs) provenientes de organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Después de haber modificado la política fiscal y trasladar al pueblo la carga fiscal de manera predominante e instaurar un sistema tributario permisivo de la evasión y la elución fiscal, así como haber privatizado las principales empresas estatales, la implementación de la dolarización y haber profundizado la apertura económica con la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC) se llevó a una debilidad estructural financiera del Estado, haciendo que este cayera en una incapacidad total para afrontar sus obligaciones con los organismos financieros internacionales, a partir de haber entrado a un círculo vicioso de endeudamiento.
Es en este contexto que el Estado implementa la política perversa fiscal de contratar financiamiento de largo plazo para cubrir sus gastos corrientes, es decir, para resolver problemas de caja y crecientemente para el pago de interés y principal de la deuda y no para atender políticas relacionadas con el desarrollo social y de un entorno económico necesario para el desarrollo de una dinámica de inversión virtuosa orientada a resolver los problemas estructurales más apremiantes de la sociedad. Por otra parte, la información disponible de las cuentas nacionales y de los estados financieros publicados por el Ministerio de Hacienda no son claros sobre los verdaderos montos contratados, destino de los préstamos y los montos ejecutados, encubriendo además los múltiples casos de corrupción conocidos en el manejo de los recursos provenientes de dichos préstamos. Estas y otras dificultades de falta de transparencia de los préstamos convenidos, que con el tiempo se fueron haciendo públicos, condujo a que los Gobiernos del FMLN procedieran a hacer denuncias judiciales sobre los hechos de corrupción que se dieron durante la administración del gobierno de ARENA en el manejo de los préstamos internacionales.
A partir de lo anterior, hemos llegado a la conclusión de abrir un debate para demandar la necesidad de implementar una auditoría social de la deuda del Estado salvadoreño, como un mecanismo fundamental para desmotar en parte la trampa de la deuda en que se encuentra el Estado.
La perversidad del neoliberalismo, de los organismos financieros internacionales (que son sus beneficiarios) y los gobiernos neoliberales que son sus instrumentos, han tenido grandes beneficios económicos con el manejo perverso de la deuda contraída por el Estado salvadoreño entre el período de 1989 -2009, por ello la auditoría debería también incluir las donaciones que recibió el Estado para atender la reconstrucción después de la firma de los Acuerdos de Paz, así como la recibida para atender los desastres naturales.
Sin duda, los préstamos y las donaciones han sido un negocio más para el sistema financiero mundial y sus políticos administradores de sus intereses, a nivel de la banca multilateral, el Fondo Monetario Internacional y los Gobiernos de los países receptores, esto incluyendo los préstamos asignados para atender los desastres naturales. La precariedad social, medioambiental y económica de la inmensa mayoría de la población, no ha sido parte prioritaria de la agenda de la política económica de los últimos gobiernos que ha tenido la sociedad salvadoreña, en el marco del modelo neoliberal. La grave situación de la economía en general se ha utilizado como pretexto para justificar la precariedad en que viven más del 85% de los hogares salvadoreños y para obtener financiamiento que les ha permitido seguir costeando el modelo neoliberal y los intereses del gran capital nacional y transnacional.
Es así que todos los gobiernos han tenido que priorizar una política de endeudamiento perversa, aunque eso signifique que se sufran importantes atrasos en el proceso de desarrollo económico y social, en la infraestructura básica y los ecosistemas. En este contexto al hacer una auditoría de toda la deuda contraída entre 1989-2015 se establecerían las deudas que han sido contratadas en términos perversos para el país, las deudas que sufrieron grandes corrupciones y que los organismos financieros internacionales las encubrieron y, en general, qué deudas debemos pagar y cuáles no, como ya se mencionó, esto permitiría renunciar a seguir pagando toda la deuda ilegal y corrupta, al comprobar que es una deuda inmoral e inhumana.
En la actualidad El Salvador vive un círculo vicioso de la deuda, por lo que esta problemática no se puede resolver en el contexto de las políticas neoliberales que tienen ya más de 28 años de funcionar, en el marco de la institucionalidad que estas han creado en el país y a nivel multinacional. A continuación se muestra el estado de la deuda en nuestro país.
ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA
EN EL SALVADOR
Saldos de la Deuda Pública no Financiera (SPNF)
En el análisis tradicional de los Organismos Financieros Internacionales, se hace una relación entre la deuda del SPNF y el PIB, como se ve en el gráfico siguiente. El parámetro de cuánto debe ser la deuda del SPNF con respecto al PIB cambia dependiendo si lo dice el FMI, la Banca Multilateral o la Unión Europea, al final se dice que ese parámetro debe rondar entre el 40% y el 60%. De acuerdo a nuestra lectura de este problema de la deuda ningún país desarrollado cumple este parámetro, sus niveles de endeudamiento son inmensamente superiores. Es más si un país tiene moneda propia la importancia del nivel de este parámetro cambia en cuanto a la reacción de los mercados de financiarlos, por ejemplo para Japón y los Estados de Unidos de Norteamérica con niveles entre más del 100% y hasta del 200% o más, los Estados se siguen endeudando y, sin duda, su deuda ya es impagable. Para el caso de los países que dependen del mercado internacional de capitales y además no tienen moneda, las exigencias son mayores y se requiere que el parámetro no llegue al 60% y si es posible que se mantenga en el 40%.
El análisis anterior no refleja la realidad del problema de la deuda del SPNF, por dos temas que se introducen en el análisis a fin de que se encuentran reflejados en el cuadro No.1. En primer lugar, no se incorpora la Deuda Previsional que realmente tiene el Estado, más allá de las emisiones que ha hecho hasta ahora de los Certificados (CIP A), para atender el tema de los traspasos de la nivelación de las pensiones del Sistema Privado de Pensiones con relación a las pensiones que se les paga a los que están pensionados en el Sistema Público de Pensiones. Según cálculos propios tomando datos de las instituciones públicas (Ministerio de Hacienda y del Superintendencia de Pensiones) la deuda previsional del Estado al año 2015, totalizaba 24,664 millones de dólares, lo que hace que la dimensión real de la deuda del SPNF sumará en el año 2015, $41,250 millones de dólares, eso conlleva a que la relación PIB con la deuda del SPNF se dispare al 158%, lo cual enciende una alarma real de la gravedad del problema de la deuda, como se puede observar el verdadero problema significa un 98.7% más de endeudamiento, con relación a las cifras oficiales que reporta el Ministerio de Hacienda.
El segundo punto que se introduce en este análisis es el problema de la tendencia del servicio de la deuda; antes recordar que según nuestros análisis sustentados por las cifras oficiales, entre el año 2000 y 2015 el Estado ha pagado un servicio de deuda acumulado de $26,850 millones de dólares, simultáneamente su deuda se ha incrementado de $28,834 millones a $41,250 en el año 2015, incluyendo la deuda previsional. Sin tomar en cuenta la deuda previsional, igual la deuda del SPNF ha pasado de $4,816 millones en el año 2000 a $16,586 millones en el 2015, un incremento de $11,770 millones (deuda interna y externa), esto después de haber pagado un servicio de $26,850 millones en el mismo período, como ya se mencionó, razón por la cual sustentamos que se está en una trampa de la deuda, y que claramente el Estado está en una situación de la deuda sin solución en los parámetros o políticas con que se está manejando este problema.
En esta primera entrega se ha demostrado el estado actual de la deuda del SPNF en El Salvador, introduciendo (en el análisis de esta) la deuda previsional que tiene el país y la tendencia del servicio de la deuda; lo cual marca claramente que El Salvador desde hace años, técnicamente hablando vive una situación de incapacidad de pago, que lo ha llevado a la trampa del endeudamiento y que la posibilidad de tener que aceptar oficialmente esta incapacidad de pago, cada día se acerca más. El tema es si lo hará en una situación en que los organismos financieros internacionales le pongan las condiciones o el Estado tomará una política de cómo administrar la condición de administrar esta crisis financiera y renegociar desde una política propia la administración del default y sus consecuencias.
