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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Para el economista Salvador Arias la corrupción es un mal que por años no le ha permitido salir adelante a El Salvador, un esquema agudizado a principio de los años 90 cuando se permitió que “la oligarquía” reconstruyera su imperio económico hasta llegar a tener uno que ya sobrepasa el país.
En los cuatro periodos presidenciales del partido ARENA hubo más de $34 mil millones de corrupción ubicada, así lo detalla su libro “El Libro Negro de la Corrupción”, el cual recopila la lista de casos investigados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con una investigación de aproximadamente siete años concluyó que la corrupción en el país, se profundizó específicamente con la privatización de la administración de los fondos públicos.
A partir de las denuncias de corrupciones dispersas en más de 15 mil periódicos, se descubrió que en los cuatro periodos de la derecha, solo en la administración de fondos públicos, hubo denuncias de 12 mil millones de dólares y un estimado de $27 mil millones en corrupción fiscal, “mucha de la cual proviene de empresas de varios de los funcionarios que han pasado por las administraciones de ARENA, empezando por su primer presidente, Alfredo Cristiani”, expuso.
“Presidentes, ministros, directores, jefes, alcaldes, diputados y mandos medios, se han encargado durante los 20 años de gobierno de ARENA, aparentemente de jaquear la hacienda pública de El Salvador, es decir, la corrupción ha sido un carnaval, fiesta que depende de la CSJ y FGR finalice”, agrega Arias en su libro.
El investigador calculó alrededor de $37 mil millones en corrupción, dinero que si se hubieran invertido en la educación y salud del país, todo sería diferente.
El periodo del ex presidente Francisco Flores fue donde hubo más corrupción, con $4 mil millones.
“Si la deuda del Estado es de 17 mil millones de dólares, no deberíamos nada.
Es escandaloso el saqueo que le han hecho al país y no nadie dice nada… Se tiene un gobierno endeudado que no tiene ni capacidad de pagar las pensiones”, señaló el economista.
Arias afirmó que más de 400 personas tienen indicios transparentes de enriquecimiento ilícito y no están siendo investigadas.
“Cuando algo es público como lo que se publica en un periódico, es prueba suficiente para que el fiscal abra los procesos de antejuicio. El fiscal General de la República al recibir esto lo que dijo fue que esta denuncia no tenía sentido porque era de 100 años, o sea que está evadiendo la responsabilidad”, subrayó el investigador.
Los datos de su libro se sustentan a partir de información obtenida directamente a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Sección de Probidad de la CSJ, documentos oficiales que conforman plena prueba y que de forma fehaciente y contundente permite conocer, con nombre y apellido a las personas de quienes la justicia, durante más de dos décadas, ha ocultado sus posibles actos de corrupción.
Según Arias “uno de los aciertos de los Gobiernos de izquierda de El Salvador ha sido impulsar la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo, es curioso que ARENA impulse ahora una campaña para crear una CICIES, cuando en sus dos décadas de gobierno nada hizo para transparentar la cosa pública”.
“Durante décadas hemos vivido en la oscuridad en cuanto a información del quehacer público, hablar de transparencia era una mala palabra, una ofensa. Nos obligaban a conformarnos con lo que los periódicos querían publicar de las actuaciones de los gobiernos, y con el bombardeo mediático de la publicidad sobre “sus buenas obras”, expresó el autor.
Son siete años sistematizando información, los que le permitieron al investigador presentar tres libros sobre los problemas de corrupción en El Salvador, en 2010 publicó el libro “Atlas de la pobreza y la opulencia en El Salvador”, “El Manual de la Corrupción de ARENA” (2014) y el más reciente “El libro negro de la corrupción”.
“Espero que este libro le sirva a lo población civil y obligue a los funcionarios públicos a que apliquen la ley.
Ya empezaron a ver indicios de no aplicarla de nuevo, la CSJ luego de haberme entregado esto y vieron que yo empecé a difundirlo ya resolvieron que cuando alguien entre a juicio no dará ninguna información sobre qué caso se está investigando”, dijo Arias.
Agregó que lo que está pasando en El Salvador es que la sección de probidad la Sala de lo Constitucional se ha dado la tarea de abrir juicios de corrupción, pero con una visión política, al abrir casos de funcionarios del período de Mauricio Funes y no de ARENA, a excepción del caso del expresidente Elías Antonio Saca.
El economista denunció que el “fiscal tiene la responsabilidad y no la está haciendo, no está persiguiendo la corrupción en este país, está haciendo actos de acuerdo a lo que le demanda la Embajada de los Estados Unidos y lo que le dicen los ricos”.
Manifestó que hasta que la CSJ decida trabajar en esta mora de años y se determine en sentencia firme la condena respectiva, solo se puede hablar de apariencias e indicios de enriquecimiento ilícito; pues de eso tratan precisamente los informes de probidad.
