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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El artículo 235 de la Constitución establece la obligación de jurar, bajo palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto.
Eso juró el Presidente de la República, el Vicepresidente y los diputados, es lo que incumplen todos los días.
Si incumplen su juramento, si se burlan y atropellan con sus actos lo establecido en nuestra Carta Magna, ¿porque entonces quieren otra Constitución? ¿Se puede creer que otra Constitución impuesta por ellos será para cumplirla?
Cuál es en verdad, o cuáles son los reales motivos para querer sepultar la Constitución promulgada en 1983 y reformada en 1991, como producto de las negociaciones entre el gobierno de aquella época y el FMLN.
El contexto ha cambiado mucho desde aquel 1 de junio de 2019, cuando tomó protesta como presidente el señor Bukele, pero es obvio que sus planes los va cumpliendo. Buscó y tiene ya el control de los tres órganos fundamentales de gobierno, emprendió y acelera la persecución política, empobrece al país y lo endeuda, destruye instituciones, humilla incluso a su propia gente y, al parecer, su círculo de funcionarios ya ha de temerle.
A dos años y dos meses, la credibilidad del gobierno encabezado por el señor Bukele ha perdido bastante credibilidad entre los salvadoreños y en la comunidad internacional; desgraciadamente la oposición política a su régimen es débil y desarticulada; eso le ha facilitado tomar decisiones que van consolidando su dictadura.
Y es en esa ruta que se apresta a imponer una nueva Constitución, que presentan eufemísticamente como “reforma”
Sería contrario a la historia negar que una Constitución es perfecta o que no es posible hacer mejoras; y en efecto, además de la reforma de fondo que se aprobó en 1991, otros artículos fueron reformados, en un delicado consenso y bajo los procedimientos que la misma establece: dos aspectos altamente positivos, el derecho de pueblos indígenas y el derecho a la sindicalización de empleados públicos, para citar algunos cambios.
Pero retorno al punto primero. Si incumplen el juramento y la obligación de respetar la Constitución vigente; si la comisión creada para formular propuestas carece de legitimidad ante la comunidad de juristas, por qué el empeño de soterrar la Constitución y aprobar otra.
Es difícil aventurarse a responder lo que tan celosamente esconden, y rodean de explicaciones llenas de falsedad y de cortinas de humo. Lo primero sería exigirles cumplir su juramento, respetar el modelo republicano que contiene nuestra Carta Magna con el consiguiente estado de derecho, independencia entre los órganos de gobierno y respeto irrestricto a los derechos humanos, apoliticidad de la fuerza armada, naturaleza civil y profesional de la policía nacional civil, entre otros.
Eso se debe exigir, todo esto se ha violentado por el régimen de Bukele y su grupo, pues es indiscutible que en este modelo político está acompañado de poderes fácticos, aunque diga que solo dios y el pueblo están detrás de él.
La dictadura que fue derrotada con la lucha popular en el acuerdo de paz, basó su fuerza en las armas, en la utilización política de la institución militar y del poder judicial, por eso los primeros pasos del actual régimen han sido el incumplimiento de la doctrina militar y la legislación militar y policial, y luego que tuvo la mayoría legislativa, el sometimiento del sistema judicial.
Deberíamos evitar ser engañados, con fraseología de apariencia progresista en algunos artículos de los propuestos, y poner atención en el retorno al pasado que otros artículos contienen, para vestir con ropaje legal la dictadura, y hacer borrón con los delitos que se cometen con la violación a la actual carta magna.
La fábrica de leyes de la dictadura está operando ya, en abierta violación a la Constitución, y lo seguirá haciendo mientras en el pueblo, se mantenga un segmento que siendo mayoritario calla su descontento con las medidas del actual gobierno y con la transformación en dictadura dinástica nuestro sistema político.
Algunos afirman que esa propuesta de cambio constitucional, contenido en las susodichas reformas, debería hacerse consultando abogados constitucionalistas, tienen razón solo en parte, porque es a todos los habitantes a quienes nos afectarán esos cambios. Son nuestros derechos y libertades las que están vulneradas y amenazadas.
Las reformas que en 1991, dotaron a la actual Carta Magna de la independencia judicial, del pluralismo político, de instituciones para garantizar derechos humanos, derecho a la libertad del sufragio, surgió de luchadores que habían conocido la negación de esos derechos libertades; y hoy, debemos advertir a las generaciones presentes los peligros que representan los falsos reformadores y su imposición: esos afanes de borrar nuestra Carta Magna para que olvidemos las violaciones flagrantes que cometen contra ella.
