La concentración del poder vulnera labor de personas defensoras

El violentómetro, sobre los casos violencia contra las  mujeres defensoras de derechos humanos señala que esta inicia con “campañas de desprestigio y deslegitimación de su labor”, acompañadas de insultos y ofensas de alto componente de violencia de género, con el fin de “silenciar voces críticas”.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las organizaciones que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos  (MDDD) presentaron una investigación sobre los patrones de agresión a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El propósito es documentar el actual “nivel de violencia” en el país.

“En El Salvador se ha consolidado un nuevo autoritarismo que está caracterizado por la pérdida de la independencia de los poderes del Estado, la concentración del poder y la vigencia del régimen de excepción. Estos tres elementos permiten y condicionan un panorama hostil para la defensa de derechos humanos”, señaló la MDDD.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) nació de un grupo de organizaciones que impulsaron un anteproyecto de “Ley por el Reconocimiento y Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en El Salvador”, el cual fue presentado el 6 de septiembre de 2018,  pero, fue archivado por la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas el 19 de mayo de 2022.

No obstante que el anteproyecto no pasó a estudio, la MDDD no sólo tenía  la visión de una ley de protección de personas defensoras y su promoción, sino también, trabajar para el fortalecimiento de los derechos y crear  el registro de vulneraciones a derechos humanos.

También, en la generación de evidencias, que son presentadas a través de informes periódicos a la sociedad en general, así como el acompañamiento a otras organizaciones que ejercen defensa de derechos humanos.

El informe denominado: “Defender Bajo Amenaza: Patrones de Agresión a Personas Defensoras en El Salvador” recoge los testimonios de estas defensoras y defensores, quienes están viviendo diferentes tipos  de agresiones por parte del Estado de El Salvador.

La investigación indagó áreas como medio ambiente, movimiento sindical, periodistas y mujeres, personas que por sus denuncias o exigencia de sus derechos se han visto amenazadas, perseguidas, capturadas torturadas, auto exiliadas y algunas perdieron su vida.

El informe refleja un patrón, o acciones que se identifican o registran de manera recurrente hacia una persona o un grupo que ejerce una labor de defensa en un contexto determinado. Entre estos destaca la agresión, el cual es un acto que busca afectar de manera directa o indirecta a la persona y su trabajo de defensa de los derechos humanos, explica el informe.

Sobre los “patrones de agresión” la MDDD consigna el acoso, hostigamiento, intimidación digital y física. Las personas defensoras han tenido que desplazarse forzosamente hacia otras zonas o  fuera del país.

Algunos testimonios han señalado un alto nivel de violencia que llegado hasta el asesinato de mujeres y personas de la diversidad.

“Hay despidos selectivos y sistemáticos de personas que trabajan en el sector público. Detención de las personas o de sus familiares que en muchos casos terminan en muerte bajo custodia del Estado”, agregó la MDDD.

“En síntesis, la respuesta del gobierno cuando las personas defensoras ejercen su derecho de expresarse la respuesta del del gobierno es el acoso, la detención, tortura y muerte. Es decir, la respuesta es la violencia, que se expresa en diferentes formas, vías y métodos”, acotó.

Lucha ambientalista por la no contaminación

Con el auxilio de un “violentómetro” la Mesa DDD identificó los patrones de violencia ejercidos contra las personas defensoras, quienes fueron consultadas sobre estas prácticas identifican en primer lugar la intimidación ejercida por la presencia de agentes de seguridad pública (PNC), con el fin de disuadir a las personas que asisten a las concentraciones, plantones o marchas.

El segundo momento es cuando existe un acoso y hostigamiento,  desde las fuerzas de seguridad y militares, cuando toman fotografías de las viviendas de los personas defensoras, amenazas de daños físicos a la persona defensora o la  comunidad. Además de la amenaza de aplicar el régimen de excepción. En el ámbito digital se da por medio de los discursos estigmatizadores.

“Cuando la violencia es mayor se dan las detenciones de familiares o personas cercanas a los liderazgos. Se ejerce la privación de libertad con el objetivo de someter al silencio y evitar la denuncia pública en las comunidades. La mayoría de estas capturas han tenido lugar durante el estado de excepción y ejecutadas por policías en complicidad de jueces afines al régimen”, indica la investigación.

“Las detenciones de liderazgos comunitarios o de miembros de organizaciones ambientalistas, tienen como objetivo provocar afectaciones psicológicas en las víctimas y comunidades al generar miedo y zozobra, con el propósito de desmoralizar las luchas comunitarias a futuro.

Las capturas son realizadas por policías, militares, y en algunas ocasiones con el apoyo de la Fiscalía General de la República”, señala el informe.

Movimiento sindical del sector público

En cuanto a la violencia contra el movimiento sindicalista, el informe remarcó la restricción a la protesta pro medio de amenazas físicas, restricción de movilización a quienes buscan participar e ingresar desde el interior del país a  San Salvador,  revisión de documentos de identidad, así como, negar permisos para asistir a actividades como marchas o concentraciones bajo la advertencia de represalias.

“Hay despidos selectivos y sistemáticos de empleados públicos que han participado en marchas o porque se expresaron públicamente, para exigir derechos laborales al gobierno. Como ejemplo están las represalias contra las personas que participaron en las Marchas Blancas o del Magisterio. Agresión que es instrumento para debilitar el movimiento sindical”, detalla el informe.

“Entre las agresiones graves están las detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción, bajo la acusación del sindicalista de delitos de asociaciones terroristas y agrupaciones ilícitas. Las capturas fueron posterior a las amenazas. La mayoría se encuentra en procesos de investigación abiertas sin garantías a su estabilidad laboral”, consigna el informe.

“El régimen de excepción funciona para garantizar la impunidad y el ocultamiento en los casos de la muerte del privado de libertad. Las muertes han ocurrido,  luego que les han negado medicamentos al reo, para atender sus enfermedades crónicas, con lo que ha empeorado su situación de salud”, apuntó la MDDD.

Periodistas entre intimidación y desplazamiento forzado

Sobre las restricciones al ejercicio periodístico, el informe “Defender Bajo Amenaza: Patrones de Agresión a Personas Defensoras en El Salvador”, compartió que los obstáculos que enfrentan los periodistas  inicia con acciones que impiden el ingreso a conferencias o coberturas de prensa.

Le sigue el bloqueo permanente de acceso de la información pública, o la retención de periodistas ejerciendo su labor de documentación, el cuestionamiento al registro fotográfico o video de fotoperiodistas, que  en algunos casos las autoridades (PNC) han obligado a borrar.

Los ataques digitales también se encuentra en la escalada de violencia que busca la “estigmatización y desprestigio de la labor periodística”, afirmaron los entrevistados, de acuerdo con el informe.

Todo esto  se ejecuta en el “contexto de autoritarismo digital”, que vigila, censura y manipula las redes sociales. Además de los ataques cibernéticos luego de alguna publicación de investigaciones periodísticas de temas de seguridad o  corrupción de funcionarios públicos.

“La intimidación y retenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción es la mayor violencia que se  ejerce a través de acciones de acoso policial o militares de forma desproporcionada frente a un periodista. La revisión de sus teléfonos celulares, decomiso de equipos de almacenamiento. Y en algunos casos la persecución ilegal contra medios de comunicación”, son las formas de violencia contra la prensa, acota el informe. Esto ha provocado el desplazamiento forzado de periodistas.

“El desplazamiento forzado de periodistas se expresa luego de un incidente o varios, donde hubo acoso físico o digital, vigilancia, toma de fotografías y seguimiento en sus hogares. Ante este tipo de casos, la decisión de desplazarse se produce luego de la difamación, persecución y falta de garantías de seguridad para las víctimas”, advierte.

Mujeres en la defensa de los derechos humanos

El violentómetro, sobre los casos violencia contra las  mujeres defensoras de derechos humanos señala que esta inicia con “campañas de desprestigio y deslegitimarción de su labor”, acompañadas de insultos y ofensas de alto componente de violencia de género, con el fin de “silenciar voces críticas”.

La escalada aumenta con  intimidaciones o amenazas ejercidas por agentes de seguridad (PNC/FAES), quienes les toman fotografías sin consentimiento, hacen  uso de drones e intentan realizar detención con violencia en los lugares de vivienda de las mujeres, con advertencia de encarcelamiento, desaparición y hasta muerte, como lo han manifestado mujeres defensoras en el territorio.

“La criminalización y detenciones arbitrarias se cometen contra mujeres defensoras,  bajo el régimen de excepción como un mecanismo para limitar su labor de denuncia pública y de  la defensa de derechos. Capturas sin dar explicaciones o justificación para las  detenciones”, indica.

“Crímenes de odio, como los feminicidios y los trans feminicidios (mujeres trans), ocurren luego de una escalada de hostigamientos y amenazas por su labor de denuncia y defensa de los derechos humanos. En algunos casos los agresores son las parejas, ex parejas, personas cercanas a la víctima  o desconocidos. Y los hechos ocurren en lugares cercanos a la vivienda de personas defensoras”, enfatiza el informe.

Ante esta situación la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD), demandó del Estado salvadoreño dejar las “prácticas de violentar a las personas defensoras“, porque estas sólo están proponiendo una alternativa para construir un “mejor país”, en donde exista mayor número de empleos, buenos salarios, servicios de salud, educación, y en donde las mujeres puedan ser tratadas con respeto e igualdad.

“Queremos que el Estado reconozcan la labor de defensa de las personas defensoras, así como abstenerse de agredirles cuando realizan su labor. Además, que revoque toda legislación que vaya en detrimento de derechos fundamentales o limite el ejercicio de estos”, peticionó la MDDD.

Asimismo, solicita que “Que sancione las agresiones en el espacio digital, especialmente aquellas que afectan a personas defensoras, y tome medidas para prevenir, investigar y sancionar el acoso digital, las campañas de desprestigio  y discursos de odio contra quienes ejercen la labor de defensa”, concluyó la MDDD.