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*Por Ricardo Sosa
Doctor y máster en Criminología
@jricardososa
La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que detiene ciertas deportaciones por falta de debido proceso ha encendido un debate nacional, con repercusiones que resuenan en los pasillos del poder en Washington y más allá. En el centro de esta tormenta se encuentra al presidente Donald Trump y su equipo de gobierno, cuyas políticas de inmigración de mano dura han vuelto a ser objeto de escrutinio.
En columnas anteriores expuse los aspectos sobre los cuales la administración Trump fundamentaba y argumentaba con base en seguridad nacional iniciadas en marzo del 2025 hoy hay un nuevo pulso de poderes.
La esencia del fallo de la Corte Suprema radica en la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Estados Unidos. El debido proceso, la garantía de que toda persona tiene derecho a un juicio justo ya la protección de la ley es un pilar del sistema legal. La Suprema Corte ha reafirmado que este derecho no puede ser soslayado, ni siquiera en nombre de la seguridad nacional según su resolución inicial.
Sin embargo, la administración Trump ha argumentado que ciertas deportaciones son necesarias para proteger a la nación de amenazas extranjeras y criminales peligrosos. La ley de enemigos, un concepto que permite tratar a ciertos individuos como combatientes enemigos y negarles ciertas protecciones legales, ha sido invocada como justificación para estas deportaciones.
Aquí radica el dilema central: ¿dónde trazamos la línea entre la seguridad nacional y los derechos civiles? ¿Podemos sacrificar ciertas libertades individuales en aras de la protección colectiva? ¿Y quién decide cuáles son esos sacrificios?
La historia nos enseña que el miedo y la paranoia pueden llevar a excesos en nombre de la seguridad. La caza de brujas del senador McCarthy en la década de 1950 y la internacionalización de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial son ejemplos escalofriantes de cómo el temor puede erosionar las libertades.
Es crucial recordar que la Constitución de Estados Unidos fue diseñada para protección no solo de amenazas externas, sino también de la tiranía interna. El debido proceso no es un lujo, sino un derecho fundamental que protege a todos sus residentes
La decisión de la Suprema Corte nos obliga a reflexionar sobre estos temas complejos. No hay respuestas fáciles, pero debemos tener un debate honesto y abierto sobre cómo equilibrar la seguridad y defensa nacional con los valores más preciados.
La decisión de la Corte Suprema es temporal, por lo que la batalla legal sobre la invocación de esta ley continúa en múltiples tribunales. De hecho, los magistrados devolvieron el caso para su revisión al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU, con sede en Nueva Orleans. El objetivo es que decida sobre cuestiones subyacentes como si la medida puesta en marcha por Trump es legal y con cuánta antelación deben ser notificados los inmigrantes afectados antes de ser efectivamente deportados.
La resolución no es una sentencia definitiva, de ninguna manera, establece medida cautelar, no es una derrota definitiva para la administración Trump, pero si un freno constitucional que es inapelable al menos en mi opinión establece que no se ha respetado y garantizado el debido proceso, posiblemente la vigencia de la ley invocada seguirá con vigencia y la pueden utilizar, pero estableciendo una notificación adecuada y un plazo prudencial para la defensa
En última instancia, la verdadera prueba de fortaleza para aquella nación reside en la capacidad para defender los derechos y libertades, incluso cuando se enfrentan amenazas reales o percibidas. Estados Unidos de Norteamérica tiene un gran reto y desafío y es que esta aprueba su sistema y modelo de democracia, constitución, libertades, que es una nación de leyes, no de hombres, ni de caprichos o antojos del poder del ejecutivo de turno.
