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José Acosta
La realidad ambiental de El Salvador es dramática; las aguas superficiales y subterráneas sufren un fuerte deterioro y contaminación, buy en tanto que la sobreexplotación ha obligado a perforar pozos a mayor profundidad. En la época seca en gran parte del territorio se experimenta una aridez extrema y la mayoría de los cauces de los ríos se quedan sin agua o con muy poca, como resultado de la pérdida de capacidad para la filtración de agua lluvia, a consecuencia de la extrema deforestación.
La irresponsabilidad e impunidad ambiental se da a todos los niveles, por ejemplo: desechos arrojados en caminos, calles, carreteras, ríos y quebradas; tóxicos abandonados o enterrados en medio de asentamientos poblacionales; vertidos contaminantes descargados directamente a los cuerpos de agua; proyectos urbanísticos que cambian el uso del suelo sin medir las consecuencias ecológicas; entre otros crímenes ambientales.
Las plantaciones de caña de azúcar, su expansión sin control y los dañinos métodos para su cultivo, constituyen otra tragedia ambiental como lo es la destrucción de los bosques de manglar, el agotamiento de fuentes de agua y desgaste de suelos agrícolas, además de los daños a la agricultura campesina y a la salud de las personas.
La contaminación de tierras agrícolas y del agua afecta en gran medida la capacidad para producir alimentos, que es también un problema grave. El Salvador sigue dependiendo de la importación de alimentos.
Esta situación, sumada a los impactos del cambio climático y a la especulación, ha llevado a un incremento en los precios.
Otra consecuencia del deterioro ambiental es el incremento de la vulnerabilidad, sobre todo ante huracanes y tormentas tropicales. Según Protección Civil en el país existen 2,970 zonas críticas susceptibles a inundaciones y deslizamientos, en estos lugares están en grave riesgo 135,570 viviendas y 580,000 personas.
No obstante, está difícil realidad, la agenda ambiental no tiene el nivel de debate y discusión pública que amerita.
Una de las instituciones que no ha estado a la altura en este tema es la Asamblea Legislativa, que por años ha evadido su responsabilidad en lo concerniente a la generación de leyes que protejan los recursos naturales y la vida de las personas.
El caso más emblemático es la Ley General de Aguas, cuya primer propuesta ingresó a la Asamblea Legislativa en marzo de 2006; es totalmente irresponsable que en 9 años los diputados y diputadas no han logrado producir una ley para la gestión sostenible del agua, a pesar que el país está al borde del stress hídrico.
De igual manera las anteriores legislaturas han tenido un desempeño mediocre en la aprobación de una ley de soberanía alimentaria, la prohibición de agroquímicos tóxicos, la prohibición de la minería metálica, las reformas a la ley de gestión de riesgos, una veda a la tala de árboles y la ratificación de la reforma al artículo 69 de la Constitución, para incorporar a la ley primaria la alimentación y el acceso al agua como un derecho humano.
Si bien la irresponsabilidad recae en la Asamblea Legislativa como institución, es necesario señalar que son los partidos ARENA, PCN y PDC los que constantemente se han opuesto a casi todas las propuestas de leyes o reformas en temas ambientales. En referencia a esta absurda oposición, el Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones, MOVIAC ha expresado: “Es inconcebible que la mitad de diputados y diputadas no quieran dar sus votos para que el agua quede consagrada como un derecho humano constitucional.
A estos señores hay que preguntarles ¿Se han puesto a pensar que la vida de sus hijos e hijas depende del agua? ¿Se consideran ustedes con la suficiente solvencia moral como para ser diputados o diputadas?”
La actual legislatura tiene el desafío de avanzar en la generación de leyes ambientales que ya constituyen una deuda con la sociedad, esto requiere que las cúpulas de los partidos políticos dejen de actuar como mafias que secuestran la voluntad y la conciencia de sus diputados/as; también es necesario que cada diputado y diputada examine su comportamiento con objetividad y defina si se ajusta en cuanto a honradez y compromiso, no con el partido político que lo propuso, si no con el ciudadano y la ciudadana que lo eligió.
