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Redacción Nacionales
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El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con medidas sustitutivas contra el empresario de transporte, Catalino Miranda, acusado esta vez de venta a precio superior en perjuicio del orden económico y los derechos de los consumidores, quien deberá pagar una caución económica de $5,000.
Junto al empresario también se procesa a su hijo, Adalberto Antonio Miranda Zepeda, ambos en calidad de representantes legales de la empresa ACOSTES S.A DE C.V.
“La jueza resolvió pasar a la siguiente etapa, en virtud que ha considerado que se cuenta con los elementos indiciarios para considerar que ha existido el delito mencionado, y además Miranda ha participado en el mismo, imponiendo la medida sustitutiva a la detención provisional”, explicó la fiscal del caso.
Según el Viceministerio de Transporte (VMT), del 11 al 14 de marzo de 2022, la Inspectoría General supuestamente recibió, vía telefónica, 100 denuncias por alza de tarifas al transporte público, así como en redes sociales, usuarios denunciaban el aumento al pasaje.
Durante el control vehicular los días 11 y 12 de marzo se impusieron 16 esquelas a buses y microbuses de la ruta 42 y 152, debido a alteración de las tarifas autorizadas, por medio de las placas se constató que las unidades pertenecen a la sociedad ACOSTES EL SALVADOR, S.A. de C.V. de la cual ambos acusados son representantes legales.
Para los abogados defensores, este nuevo delito en contra del empresario del transporte no es más que una estrategia con el objetivo de mantenerlo detenido por más tiempo, porque el delito de venta a precio superior no se configura en este caso.
Sin embargo, Miranda continúa detenido porque el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con medida cautelar de la detención provisional prisión preventiva contra el empresario, por los supuestos delitos de resistencia y desórdenes públicos.
Unidades de transporte
Ex empleados de las rutas 42 y 152 denunciaron que aproximadamente 200 unidades están dañadas, desde que el gobierno las administra, algunas con el motor fundido, los frenos, cajas de velocidades y llantas arruinadas, porque los nuevos motoristas no saben ocuparlas bien, incluso, varias fueron chocadas. Aunque el gobierno reiteró en varias ocasiones que las unidades estaban en malas condiciones y sin mantenimiento.
Este 22 de marzo la Asamblea Legislativa aprobó $2 millones para financiar la contratación temporal de motoristas de autobuses y microbuses, administradores de ruta, inspectores, así como el mantenimiento correctivo y repuestos de las unidades para su funcionamiento.
