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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque admitió este viernes 26 de abril al “testigo protegido”, con clave “Soriano”, quien es la única prueba testimonial de la Fiscalía General de la República, para la Vista Pública contra los cinco ambientalistas de ADES Santa Marta, Cabañas.
Fuentes cercanas al proceso afirmaron a Diario CoLatino que la “declaración de Soriano es la principal prueba presentada por la Fiscalía para acusar de un supuesto asesinato a los ambientalistas de Cabañas. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque lo había dejado fuera de la Vista Pública porque su testimonio sería repetitivo”.
En cuanto al testimonio repetitivo, explicaron que se debe a que fue ya presentado como “anticipo de prueba” por parte de la Fiscalía en la Audiencia Inicial, en el Juzgado de Paz de Victoria, en febrero del año pasado.
“En la Audiencia Preliminar del pasado 3 de abril, la jueza María Elizabeth Amaya rechazó la petición de la Fiscalía de incorporar a Soriano como testigo para la vista pública por considerarlo repetitivo”, afirmó la fuente.
La“finalidad de la prueba anticipada es la irrepetibilidad de la declaración de una persona en la vista pública, retomando la resolución de la Audiencia de Instrucción, como lo indica el artículo 305 de Código Procesal Penal”, indicó.
Desconfianza de la Defensa de Ambientalistas
La preocupación del equipo de la defensa de los cinco ambientalistas, sobre esta nueva decisión judicial, es por la posibilidad que la Fiscalía busque “corregir el testimonio de “Soriano”, quien en su primer testimonio afirmó que presenció los hechos y después afirmó que le contaron lo sucedido.
“La insistencia de la Fiscalía en llevar a ese testigo falso a la vista pública confirma que no tiene pruebas y que su acusación depende del relato del testigo”, señala la fuente.
“Seguramente los fiscales quieren corregir las declaraciones de Soriano, en sus contradicciones registradas en la declaración durante el proceso de la audiencia inicial”, alegaron.
Sobre la debilidad del testimonio de “Soriano”, organizaciones de derechos humanos, académicos y abogados han reiterado en diversas ocasiones la inexactitud de ese testimonio, por sus evidentes contradicciones sobre los hechos.
En un primer momento dijo que fue testigo presencial del homicidio, luego dijo que le habían contado. Estuvo en el lugar de las excabaciones para recuperar el cadáver, sin embargo, no encontraron nada.
El director de Tutela Legal “MJH” objetó que la Fiscalía se haya presentado con un sólo un testigo en este caso penal, en donde el testigo declaró en un primer momento que “escuchó” y luego corrigió y dijo que “le contaron”. Este testimonio, dijo Tutela Legal debió ser rechazado de inmediato, y no ser considerado “testigo de cargo” en este proceso judicial.
Mauricio González, de Tutela Legal, expresó que se deberá ir a instancias internacionales jurídicas y de derechos humanos, para que “se condene al Estado de El Salvador por la manipulación de la justicia y hacer juicios indebidos contra los líderes que están siendo procesados”.
Otra de las medidas incomprensibles para la defensa y comunidad de Santa Marta ADES es la decisión de este Juzgado de Sentencia de “asignar la fecha para el juicio (17 al 19 de julio) sin esperar la resolución de dos Recursos de Apelación”, que fueron presentados por parte de la defensa y que estarán a cargo de los magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque.
El caso de los líderes comunitarios y ambientalistas Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de Santa Marta – ADES, ha trascendido a escala mundial, luego que fueran capturados el 11 de enero de 2023, en horas de la madrugada, en un operativo de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.
Las peticiones de liberar a los ambientalistas ha incluído a cuatro relatorías del Sistema de Naciones Unidas (ONU) que encabeza Mary Lawlor, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos; Mumba Malila, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Así como, David R. Boyd, relator especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionados con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible, y, por Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento.
Además, de decebas de organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos humanos y jurídicas que dan reconocimiento al trabajo de la Comunidad Snata Marta y ADES , para el desarrollo y bienestar de su territorio.
Los cinco ambientalistas continúan en arresto domiciliario, mientras, la defensa espera una respuesta al recurso de apelación por parte de la Cámara Penal de Cojutepeque, en busca de un sobreseimiento definitivo de los ambientalistas de Santa Marta y ADES.
