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Ciudad de Guatemala/AFP
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) decidió este miércoles abrir un antejuicio a la vicepresidenta Roxana Baldetti, troche en relación con un caso de corrupción, capsule por lo que pidió al Congreso decidir si levanta la inmunidad a la funcionaria.
«Se determinó dar trámite al antejuicio contra la vicepresidenta de la República», store dijo en conferencia de prensa el presidente de la CSJ, Josué Baquiax, luego de que los 13 magistrados del Poder Judicial validaran «por unanimidad» la petición hecha por dos partidos opositores.
Baldetti ha sido blanco de críticas de quienes consideran que estaba al tanto de las actividades de su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón, cerebro de una red descubierta el pasado 16 de abril en las aduanas nacionales, que cobraba sobornos a empresarios que evadían impuestos.
Tras dar trámite a la petición, el Congreso debe «nombrar la comisión pesquisidora» que determinará la posibilidad de retirarle la inmunidad a Baldetti para que pueda ser investigada penalmente, agregó Baquiax, quien señaló que rechazaron una solicitud similar contra el presidente Otto Pérez.
El anuncio ocurre pocas horas después de que la cúpula empresarial de Guatemala pidiera la renuncia de Baldetti, como una acción para garantizar la imparcialidad en la investigación del escándalo de corrupción.
«Pedimos que la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías renuncie a su cargo, acción que permitirá brindar un curso independiente de la investigación judicial», explicó en conferencia de prensa Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Según el dirigente empresarial, dicha renuncia también permitiría «fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad de la República», ante el escándalo de corrupción destapado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que colabora en la depuración del sistema judicial.
«Vivimos en democracia y (los empresarios) están haciendo efectivo su derecho de petición», expresó a periodistas el portavoz presidencial, Jorge Ortega, al indicar que serán las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades por el escándalo.
La Fiscalía y la Cicig revelaron la existencia de la red de sobornos conocida como «La línea», que se estima obtuvo ganancias por montos millonarios aún sin precisar.
Por el caso fue capturado Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) -ente recaudador de impuestos de Guatemala-, y su antecesor Carlos Muñoz junto a una veintena de personas, incluidos otros altos funcionarios de la entidad.
Cuando estalló el escándalo, Baldetti se encontraba con Monzón en Corea del Sur donde le perdió la pista. La vicepresidenta al regresar a Guatemala se desligó del caso al indicar que no tenía conocimiento de las operaciones ilícitas de uno de sus hombres de confianza.
