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domingo , 22 octubre 2017
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Juez deberá resolver sobre sanción  para querellantes de caso Flores
Bertha María de León, María Teresa Medrano y René Landaverde, querellantes en el proceso penal contra Francisco Flores, ex presidente de la república acusado de desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán para los damnificados de los terremotos de 2001. Foto Diario Co Latino.

Juez deberá resolver sobre sanción para querellantes de caso Flores

@BeatrizCoLatino

Los abogados querellantes de ISD y FESPAD presentaron ayer ante el Juzgado 1o de Instrucción un escrito de respuesta y defensa ante el proceso sancionatorio, sales anunciado en su contra, capsule por el juez Levis Italmir Orellana, for sale quien ventila el sonado caso de corrupción del ex presidente Francisco Flores.

El documento se presentó “ejerciendo su derecho de respuesta”, luego que se informara del proceso sancionatorio por la supuesta “revelación o difusión de información reservada y aseveración de hechos falsos”, dentro del proceso judicial en contra del ex presidente Flores.

De acuerdo con los abogados de ISD y FESPAD, esta semana el juez, tiene que resolver si son o no sancionados.

También se presentó ante el Tribunal, un recurso de revocatoria contra la resolución dictada por el Juez Orellana en el cual se ordena certificar y remitir a la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso para iniciar la acción legal que estime pertinente contra los querellantes.

“Nosotros, con esto lo que estamos haciendo efectivamente es ejercer nuestro derecho de defensa, el juez tendrá que citarnos en los próximo tres días, a una audiencia especial en la cual él va determinar, si nos pone o no, una sanción económica”, dijo René Landaverde, abogado querellante de ISD.

El abogado aseguró que en el escrito de respuesta y defensa, se argumenta que las opiniones que se dieron en un boletín de prensa y en una conferencia ISD y FESPAD, a las cuales se amparó el juez para iniciar el proceso sancionatorio, son de carácter “institucional, de las organizaciones”.

“Nosotros como querellantes no emitimos una opinión personal, sino que son manifestaciones públicas de nuestras organizaciones, ante la desconfianza del sistema judicial y el comportamiento de la Fiscalía”, explicó Landaverde.

En el caso de la notificación a la Fiscalía para iniciar una investigación de carácter penal, tendrá que ser el ministerio público el que informe si procede o no esa investigación.

Ante el anunció de la investigación penal, la querella el pasado viernes, presentó su disposición de colaborar con la Fiscalía y presentó a los abogados que ejercerán su defensa de haber un proceso penal.

A los abogados se les acusa de divulgar información sobre el ROS y el FinCen.

Los querellantes, esta semana, también acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al considerar que se está violentando su derecho de libertad de expresión y opinión, por las sanciones anunciadas.

“Hago referencia a la decisión adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América por medio de Red Contra el Crimen Organizado (FinCen) del Departamento del Tesoro de sancionar a El Salvador en el sentido de no compartir información Financiera para la Investigación del delito de Lavado de Dinero y Activos con la Unidad de Investigación Financiera (UIF)”, dice parte del documento legal enviado al ISD y FESPAD, en el que se prohíbe hablar de esos documentos.

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