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Juez de Estados Unidos prohíbe a Citibank pago a tenedores de deuda argentina reestructurada

Por Mariano Andrade

Nueva York/AFP

El juez federal estadounidense Thomas Griesa rechazó el jueves un pedido del banco Citibank para pagar intereses de bonos reestructurados de la deuda argentina bajo ley local, afirmando que violaría su fallo a favor de fondos especulativos por títulos en default.

«El tribunal rechaza la moción de Citibank», dictaminó Griesa al final de su orden de 16 páginas en respuesta a la demanda de liberar de manera definitiva esos pagos, cuyo próximo vencimiento es el 30 de marzo.

«La participación de Citibank para efectuar pagos de bonos reestructurados está prohibida», afirmó Griesa.

Hasta el momento, Griesa habilitó tres pagos trimestrales de Citibank al tiempo que mantiene bloqueado desde julio pasado en el Bank of New York (BoNY) un depósito de 539 millones de dólares que efectuó Argentina para tenedores de bonos reestructurados en dólares bajo legislación estadounidense y en euros bajo legislación inglesa.

Con esta medida, que llevó al país a un default parcial sobre su deuda canjeada en 2005 y 2010, el juez busca que se cumpla su sentencia que obliga a Argentina a pagar 1.330 millones de dólares a fondos que Buenos Aires denomina «buitres» y que ganaron un juicio por títulos en default desde 2001.

La nueva decisión de Griesa tuvo lugar nueve días después de una audiencia en Nueva York en la que el banco estadounidense quiso demostrar que los bonos que pasan por sus manos no debían ser incluídos en ese fallo.

Queda por ver si hay una apelación de Citibank en los 18 días que quedan hasta el vencimiento o si Griesa autoriza nuevamente un único pago.

Violación del ‘pari passu’

En la audiencia del pasado 3 de marzo, la abogada de Citibank, Karen Wagner, había dicho a Griesa que los bonos «no son deuda externa y no están sujetos a la cláusula pari ‘passu'» de tratamiento equitativo que obliga a abonar a los fondos «buitre» al mismo tiempo, y que el banco es «custodio» de depósitos y no «participante» del proceso de pagos.

Sin embargo, Griesa respondió este jueves que Citibank es «una institución financiera que procesa pagos iniciados por la República» (Argentina), y que el pago de esos bonos «violaría la provisión de tratamiento equitativo», más allá de que «los títulos reestructurados sean o no deuda externa».

«Fallando de otra manera, este tribunal habría adoptado una lectura estrechísima y técnica del término ‘participante’, una en oposición con el claro lenguaje de la orden y en oposición con la intención del tribunal al elaborar esa orden», precisó el magistrado.

El gobierno argentino quiere circunscribir el default a los bonos emitidos bajo legislación estadounidense. Por el contrario, los fondos especulativos NML Capital y Aurelius instan a Griesa a mantenerlo lo más amplio posible para redoblar la presión.

«El fallo del tribunal deja en claro que cualquier tercera parte que intente ayudar a Argentina en el proceso de pagos está en violación con la orden del tribunal. Argentina debe dejar de desafiar a los tribunales y negociar una solución a esta disputa», dijo un vocero de NML en un comunicado.

El pasado 13 de febrero, un juez británico dictaminó que una cuenta del BoNY en Londres para pagar deuda argentina en euros está cubierta por la ley inglesa, aunque evitó ordenar que se libere la transferencia para no inmiscuirse en el litigio que lleva adelante Griesa.

Argentina está pendiente además de demandas del resto de los tenedores de bonos de deuda argentina en default que quieren sumarse al fallo a favor de los fondos especulativos, y que hicieron sus presentaciones ante Griesa hasta el 2 de marzo.

Los denominados «me too» (yo también) forman parte, como los fondos «buitre», del 7% de tenedores de bonos impagos desde 2001 que no entraron en los canjes que efectuó Argentina con importantes quitas y una aceptación del 93%.

Estos querellantes, con y sin sentencia en otros tribunales estadounidenses, podrían ver reconocido su derecho al «pari passu».

Se desconoce el monto exacto que representan todos estos casos. En algunos documentos presentados en la corte se habla de unos 5.000 millones de dólares y otras fuentes sostienen que la cifra final sería cercana al doble.

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