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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
La legisladora del FMLN, cialis sale Jaquelin Rivera, decease advirtió que la aplicación de la Ley Antiterrorista puede convertirse en un instrumento de doble filo, ya que la fiscalía viene exhibiendo debilidad a la hora de sustentar casos sobre ese delito, y si no presenta pruebas, muchos delincuentes podrían quedar libres.
“Aquí no es solo decir a esta persona se le va a procesar de esta forma, sino las pruebas con la que sustentan el cargo. Muchos casos se le han caído a la fiscalía porque simplemente no los ha probado; sería una mala señal que los acusen de terrorismo y que no fundamente”, explicó Rivera, anoche, durante el programa Debate de Canal 35.
El fiscal general de la República, Luis Martínez, propuso declarar terroristas a todos aquellos que atenten contra policías y militares, y quienes hagan boicot al transporte, lancen amenazas con el fin de crear zozobra entre la población, pero para la legisladora existe una deficiencia por parte de la institución a la hora de llevar los procesos.
“Lo que vamos a tener es una gran cantidad de mareros o pandilleros libres. Eso es delicado, solo decir todos son terroristas, no es suficiente, es determinante probar que hay una conducta que se ajusta a la ley antiterrorista”, insistió.
Rivera citó el caso reciente de un capturado que fue acusado por la fiscalía de cargos de terrorismo y que un tribunal no encontró méritos para encausarlo por ese delito debido a que los fiscales no fundamentaron esa acusación. En ese sentido, según la legisladora, habría que revisar qué ajustes se pueden hacer a la ley para asegurar que el que ha cometido un delito sea condenado. La Fiscalía presentó ayer a los tribunales a unos 140 pandilleros capturados por su presunta participación en los ataques contra el transporte público, contra elementos de la Policía y Fuerza Armada y población en general, ocurridos la semana pasada, a quienes acusa del delito de actos de terrorismo.
“A mí sí me preocupa que se desate una moda de tipificar como terrorista cualquier acto que hagan los pandilleros y vamos a tener una condena de pandilleros sueltos, primero porque interprete mal la ley o porque el juez tiene algún compromiso con ellos», sostuvo Rivera.
La diputada cuestionó a la Fiscalía y a los jueces. Según ella, estas son las dos patas de la mesa que no están funcionando en la estrategia para combatir la delincuencia, porque la Asamblea Legislativa y el órgano Ejecutivo, sí están haciendo su trabajo, afirmó.
Por ello, añadió Rivera, es urgente la depuración tanto de la Fiscalía General como del órgano judicial, porque de lo contrario, ningún plan para enfrentar el crimen va a tener efectividad.
La legisladora lamentó que “de las más 15 mil 880 capturas que ha hecho la policía en este último año, por lo menos 10 mil fueron en flagrancia y solo unas mil se ejecutaron por orden administrativa girada por la FGR y otros mil por orden judicial procedente de los tribunales, lo cual indica que «hay un vacío de parte de la fiscalía» en la investigación, afirmó.
La parlamentaria del FMLN insistió en que la depuración de jueces y fiscales “ya es impostergable”.
Por su parte, el abogado y legislador del partido ARENA, René Portillo Cuadra, dijo que preocupa algunas veces la actitud del fiscal que da la impresión que depende de cómo se levanta ese día para decidir que va aplicar una ley o no.
Agregó además que esa no es una decisión solo del fiscal. “La voluntad de él es buena, pero hay que ver qué dicen los jueces, si se puede o no”, dijo el parlamentario arenero.
El fiscal Martínez dijo recientemente que ha coordinado con la Corte Suprema de Justicia para que los capturados por el boicot al transporte sean procesados por actos de terrorismo.
Por otra parte, Rivera también aclaró que analizan en su fracción legislativa apoyar o no decretar estados de excepción focalizados, ya que una medida de ese tipo suspende garantías constitucionales tales como la libertad de audiencia, de defensa, de libre expresión y de tránsito, entre otros derechos.
Sobre este punto, Portillo Cuadra afirmó que deberá ser el presidente de la República quien plantee a la Asamblea Legislativa si quiere hacer uso de esa herramienta legal para combatir la delincuencia, para que los diputados la aprueben.
Sobre la propuesta de otorgar a la Fuerza Armada funciones de seguridad pública, Rivera recordó los riesgo que eso puede conllevar teniendo en cuenta el pasado reciente del país, previo a la restitución de la democracia, cuando los excesos del militarismo provocaron una guerra civil.
La diputada del FMLN recordó que en la actualidad, a la Fuerza Armada se le han otorgado las atribuciones que establece la Constitución de la República y en consecuencia asignarle funciones policiales requeriría de una reforma a la Carta Magna. “Se ha hecho lo que la constitución mandata”, afirmó.
Sobre la propuesta de dar atribuciones de seguridad pública a la FAES, Portillo Cuadra manifestó que la única facultad que no tienen los militares respecto a los policías es dar seguimiento a una investigación fiscal, pero que ellos pueden hacer capturas en flagrancia, como también lo puede hacer cualquier civil.
