Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
@JoakinSalazar
Han pasado 35 años desde que el Batallón Atlácatl ingresó al caserío El Mozote, en Arambala, Morazán, para iniciar una de las masacres más grandes en la historia del conflicto en El Salvador, que cobró la vida de 900 personas. De este Batallón, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, intimó a siete militares imputados en los hechos, luego de que el caso fuera reabierto con la derogación de la Ley de Amnistía.
La masacre de El Mozote y otros lugares vecinos ocurrió entre el 8 y el 13 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote del cantón Guacamaya de Arambala y otros sitios vecinos de Joateca, de Morazán.
Nueve militares, estaban citados al Juzgado, no obstante, solo se presentaron siete, por lo que los ausentes serán citados por segunda ocasión con apremio y si no se presentan, entonces serán llevados con orden de detención.
Los militares intimados son: Generales Rafael Flores Lima y José Guillermo García, así como los coroneles Francisco Adolfo Castillo Meléndez, Natividad Jesús Cáceres Cabrera, Juan Antonio Rodríguez Molina, Luis Adalberto Landaverde Barrera y José Mario Godínez Castillo.
Los oficiales en retiro citados y que no se presentaron son: General Juan Rafael Bustillo Toledo y coronel Juan Ernesto Méndez Rodríguez. Éstos dos enviaron a sus abogados, pero en la audiencia especial de intimación es necesario que se presenten los imputados, razón por la que serán citados con apremio.
Los militares en situación de retiro enfrentarán nueve delitos bajo los Códigos Procesal Penal y Penal creados en 1973, ya derogados. Los delitos por los que se les acusan son: Asesinato, Violación Agravada, Privación de Libertad Agravada, Robo, Daño Agravado, Estragos Especialmente con Explosivos, Actos de Terrorismo y Actos Preparatorios de Terrorismo.
Para este jueves 30, el Juzgado tiene previsto intimar a otros nueve militares en retiro que tuvieron participación en la masacre donde fallecieron cerca de 900 personas de todas las edades y género. Hay evidencias forenses que una mezquita fueron asesinados más de 200 niños y niñas
Los militares fueron notificados de las acusaciones para que conozcan el caso e inscriban a sus abogados y manifiesten si harán declaración indagatoria. Los intimados manifestaron que evaluarán, tras consultar con sus abogados, si hacen la referida declaración en la siguiente audiencia.
Durante la intimación el juez Jorge Guzmán hizo reseña a las partes y explicó que precisamente fue en 1990 cuando se hizo la primera denuncia y cuando el juez de entonces inició las diligencias, las cuales fueron suspendidas en septiembre de 1993, con la aprobación de la Ley de Amnistía.
En julio de 2016 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, por lo que organizaciones sociales solicitaron al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera reabriera el caso.
A escala internacional, el caso ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
