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El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha resuelto en el último año 110 casos referentes al derecho a la información y a la transparencia.
Durante la inauguración de sus nuevas instalaciones, buy viagra el comisionado del IAIP, pharmacy Jaime Campos, informó que la entidad procesó 85 apelaciones, 15 denuncias, dos procedimientos de oficio y nueve faltas de respuesta a personas y a organizaciones que vieron afectado su derecho.
Campos señaló que a un año de funcionamiento del Instituto el principal reto es que la ciudadanía se empodere de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), por lo que subrayó la importancia de construir puentes con organizaciones de la sociedad civil para mejorar en ello.
El presidente del IAIP, Carlos Ortega, indicó que como institución estatal están comprometidos no solo a darle cumplimiento a la ley, sino, a fomentar “una cultura más transparente que pueda desembocar en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los salvadoreños y el fortalecimiento de la democracia”.
Ortega añadió que este año de trabajo han capacitado a más de 800 personas de entidades gubernamentales, municipales, comunidades, organizaciones y de la academia con programas de difusión del derecho de acceso a la información pública y administración de archivos.
El titular del Instituto dijo que la entidad “ha establecido los primeros lineamientos para la política institucional de archivos”. El 23 de febrero del año pasado fueron juramentados los comisionados del IAIP por el Presidente de la República, Mauricio Funes. Según el artículo 105 de la LAIP, tres de cinco de los funcionarios permanecerán en sus funciones por seis años y dos de ellos por cuatro.
Los comisionados son propuestos al Presidente por una elección de los sectores sindical, académico, profesional, periodistas y empresarial.
El Instituto tiene entre sus atribuciones velar por la correcta interpretación y aplicación de la LAIP, garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, resolver recursos de apelación y sancionar en caso de que no se levante una reserva de información.
