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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y el Concejo Nacional de la Judicatura (CNJ) firmaron un convenio de asistencia técnica y cooperación mutua entre ambas instituciones, con el fin facilitar la verificación de datos en la entidad jurídica.
Con este acuerdo, el RNPN cooperará con el CNJ proporcionándole información actualizada sobre el registro de ciudadanos con profesión de abogados que se encuentren habilitados para ejercer, o que hubieren fallecido sin ser notificado al CNJ. La institución de registros garantizó medidas de seguridad para asegurar la confidencialidad de la información que se transfiera a la institución.
“Hemos incorporado el apoyo del RNPN para la verificación de los datos personales de nuestro banco de elegibles, incrementando la confiabilidad de los procesos institucionales de este Consejo, nosotros estaríamos mandando el listado de elegibles para que nos brinden la información precisa de su estado”, dijo la presidenta del CNJ, María Antonieta Josa de Parada.
La titular del CNJ explicó que la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, la cual brinda los listados de juristas al Consejo para evaluarlos, no actualiza la información sobre el fallecimiento de abogados, a menos que sea notificado por sus familiares.
Josa de Parada también dijo que existen alrededor de 125 vacantes de magistrados, jueces de paz y jueces de primera instancia; así como un universo de 7,000 habilitados para ser electos a magistrados de corte.
El presidente del RNPN, Federico Guerrero detalló que facilitar información hacia la entidad encargada de evaluar la idoneidad de los abogados candidatos a jueces y magistrados de la República contribuirá a que esta depure los listados de juristas registrados.
El CNJ proporcionará capacitaciones al personal de registros destacado en las oficinas del registro de estado familiar a nivel nacional, orientadas a la mejora del servicio a la población.
Caso Escalante
La titular del CNJ opinó sobre la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, en el caso del magistrado Escalante Díaz, quien fuera acusado de agredir sexualmente a una menor y tipificado como una falta por la Cámara. La funcionaria consideró que la Cámara habría interpretado que los hechos “no se adecuan al derecho”, por lo que quedó a interpretación de los titulares de la referida instancia la catalogación de los hechos.
