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Redacción Nacionales
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Fundación Cristosal aseguró que con las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado aprobadas por Nuevas Ideas, “una persona inocente que fue capturada al inicio del régimen podría pasar más de 5 años en prisión sin estar condenada”.
Es de recordar que el oficialismo aprobó la semana anterior, reformas a la ley para ampliar a 3 años más el periodo para que la Fiscalía General de la República (FGR) presente las acusaciones fiscales contra detenidos durante el régimen de excepción.
Esos cambios, se debieron a que el decreto 803, que prolongó desde el 26 de julio de 2023 el periodo de detención vencerá el 25 de agosto de este año.
A juicio de la fundación, dichas reformas permiten que la fase de instrucción penal se prolongue por más de cinco años, tiempo durante el cual miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción “no tendrán acceso a una audiencia en la que un juez imparcial evalúe las supuestas pruebas en su contra”.
Para luego, enfrentar una «audiencia abierta» que puede extenderse hasta por dos años adicionales. Con ello, la detención provisional se convierte “en una verdadera condena anticipada”, analizó CRISTOSAL.
A juicio de la fundación, “mantener a una persona más de cinco años en detención provisional es un plazo irracional e injustificable, agravado por la obstrucción del derecho a la defensa y la ausencia de supervisión real de un juez imparcial, lo que constituye una violación abierta de la Constitución”.
El régimen de excepción ha capturado a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas, muchos incluso, han muerto dentro de los centros penales. Las familias piden la liberación, pero el Estado los ignora. “Prolongar indefinidamente la instrucción penal no solo impide exponer en juicio la falta de pruebas, sino que abre la puerta a condenas injustas masivas”, concluyó CRISTOSAL.
