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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Las recientes reformas impulsadas desde el legislativo a la administración pública del agua solo han vuelto más complicada su gestión por lo difusa de las mismas, lo que se ha aprovechado para virtualmente privatizar el recurso favoreciendo a los de siempre.
Por supuesto no es una casualidad inintencionada, pues el propósito de esta gestión es entregar la administración del agua a privados, tal cual ha sido siempre el ánimo tras este recurso desde que se impulsarán las primeras medidas de ajuste económico impuestas desde la banca multilateral durante la última parte de la administración Cristiani.
Y es que en términos de la visión neoliberal cruda todo tiene precio, un valor comercial, un medio de enriquecimiento sin considerandos de los efectos que ello tenga para la sociedad en general, o las personas en particular.
Es decir, cualquier recurso gestionado por el estado, la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, el agua, todo, a pesar de ser en términos de la doctrina constitucional clásica, derechos ciudadanos, pasan dentro de esta visión a ser productos comerciales, y, por tanto, destinadas a que sean transferidas a una élite privilegiada que los gestione, luego de que sean asignados por intermedio de procesos viciados tal cual fueran las privatizaciones adelantadas por arena en los noventa.
El empobrecimiento, la pauperización y la violencia en la que degenero nuestra sociedad por aquellos años hablan por sí solos del coste humano que suponen las privatizaciones.
Basta recordar que fueron los días en los que las calles de las principales ciudades se llenaron del comercio informal, la migración ilegal alcanzó su tope con entre 700 a 900 fugados ilegales diariamente, la violencia social sobrepasó el rango de epidemia en relación a la población, y todo código legal se relajó con el expreso propósito de negarle al estado su capacidad de cumplir sus obligaciones constitucionales.
Algún día deberemos como sociedad realizar un abordaje tanto objetivo como académico del proceso de transición del pasado conflicto armado a la paz supuesta a la que todos esperábamos luego de las negociaciones que admitieron la finalización del conflicto, y entonces confiemos, seremos responsables al reconocer los errores que cometimos como sociedad al favorecer el enriquecimiento de pocos a cambio del dolor de todos.
Y es que en esencia una privatización es la comercialización de un derecho adquirido de la población, redundando en la pauperización reseñada por negación, y bajo la falsa promesa de que “todo será mejor”, subrayando la individualidad como fuente de la mejoría.
Y por supuesto las mejoras son solo para los privados tras las instituciones antes públicas, tal cual sucede con el agua ahora.
Esto no solo supone la transferencia de la infraestructura ya existente para que los privados la utilicen, también el recurso hídrico como tal que le es asignado por extensos períodos de tiempo para expoliarlo favoreciendo a esos privados.
Mientras el resto simplemente tiene menos o nulo acceso al recurso.
Clásico.
Otro desacierto del modelo económico que excluye y favorece a apenas unos cuantos en detrimento de la mayoría.
