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Saúl Méndez
Colaborador
El más reciente informe de Cristosal, organización dedicada a la protección y acompañamiento de víctimas de violaciones a derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras, documentó al menos 245 casos de persecución política atribuidos al Estado salvadoreño. Según la organización, el Gobierno persigue y encarcela a personas por motivos políticos. Así lo señaló la publicación titulada “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador (2019–2025)”.
Entre los casos destacados se encuentra el de la jefa de la unidad de anticorrupción de la organización, Ruth López, actualmente considerada presa política y una de las 245 víctimas incluidas en los patrones de persecución documentados en el informe.
Para Cristosal, los 245 casos registrados durante la investigación evidencian la instrumentalización del sistema de justicia y un ataque sistemático contra voces críticas. El estudio también profundizó en varios casos emblemáticos de persecución.
No obstante, la organización advirtió que la cifra real podría ser mayor debido al temor de las víctimas a denunciar y a la opacidad institucional.
“Entre 2019 y 2025, el Estado salvadoreño convirtió la persecución política en un modelo estructural y sostenido. El punto de quiebre fue 2021, cuando el Gobierno tomó el control de las principales instituciones del sistema de justicia”, señaló en el informe.
Desde entonces, la criminalización penal se ha consolidado como un mecanismo central de represión. Según el documento, esta persecución se ejecuta mediante un conjunto de prácticas que se refuerzan entre sí: hostigamiento y vigilancia, a través de amenazas, seguimiento, estigmatización pública y presión directa.
Además, la activación de acciones judiciales no penales, como procesos administrativos, civiles o disciplinarios, son utilizados para desgastar y deslegitimar; así como la criminalización penal, que incluye procesos con motivación política, detenciones arbitrarias y el uso sistemático de la prisión preventiva como castigo anticipado, enfatizó la organización.
De estos mecanismos, la criminalización penal se ha convertido en el principal instrumento de persecución política. De las 245 personas documentadas por Cristosal, 180 (73.4 %) enfrentaron procesos penales. De estas, en 174 casos (96.6 %) la persecución se realizó exclusivamente por la vía penal, mientras que en seis casos (3.4 %) el Estado la combinó con otras acciones punitivas, detalló.
En términos prácticos, siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas. De ellas, 86 continúan detenidas y solo siete han sido condenadas en procesos que presentan patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela, denunció.
La persecución también se concentra en sectores clave de la vida pública. De las 245 personas documentadas, el 60.4 % son defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas. Según el informe, la presión contra estos sectores ha sido constante y creciente entre 2019 y 2025.
El informe también destaca casos considerados emblemáticos, entre ellos: Silverio Morales, Antonio Durán Ramírez, Carolina Amaya, Lorena Peña, Wilson Sandoval, Mario Gómez, Jeannette Aguilar, Mauricio Ramírez Landaverde, Ramón Roque Mártir, Alejandro Muyshondt, Ovidio Hernández, Calixto Mejía, Francisco Antonio Lizama, Jorge Alberto Saravia, Héctor Silva Hernández, Ernesto Muyshondt, Fidel Zavala, Ivania Cruz y Rudy Joya, Víctor Barahona, Alejandro Henríquez Flores, José Ángel Bosque, Ruth Eleonora López, Berta María Deleón y Enrique Anaya Barraza.
“Durante los primeros años (2019-2020), la persecución extrajudicial fue el mecanismo más utilizado. Sin embargo, a partir de 2021 se observa un giro hacia la judicialización, con un incremento tanto de las acciones judiciales no penales como de la criminalización. Esto refleja un cambio en la estrategia estatal, pasando de tácticas de represión indirecta a la utilización sistemática del sistema de justicia penal como herramienta de persecución”, se indicó en el documento.
Para Cristosal, la victoria electoral del partido Nuevas Ideas, que le permitió obtener el control absoluto del Legislativo y consolidar influencia en las principales instituciones del sistema de justicia, facilitó el uso del aparato judicial como herramienta de persecución contra la disidencia.
Durante los primeros dos años del período analizado la persecución tuvo menor presencia: cuatro casos en 2019 y 21 en 2020, lo que sugiere una fase inicial de represión selectiva o de menor visibilidad, agregó la organización.
Mientras que las acciones contra opositores partidarios alcanzaron su punto más alto en 2021, la criminalización de voces críticas independientes se intensificó especialmente en 2025, alertó Cristosal.
Los datos disponibles hasta el 15 de diciembre de 2025 reflejan un patrón de persecución más agresivo y altamente judicializado, explicaron.
En ese período se documentaron 28 casos de persecución política, lo que sugiere una tendencia que podría superar las cifras registradas en años anteriores. Aunque esta cifra aún está por debajo del promedio anual de 2019-2024 (34 casos por año), la diferencia se reduce al considerar que los datos abarcan solo el primer trimestre del año.
El informe también documentó casos de persecución vicaria, en los que familiares son atacados para presionar o castigar indirectamente a las personas perseguidas. Estos hallazgos, señaló la organización, indican que el país vuelve a registrar personas perseguidas y encarceladas por motivos políticos, algo que no se observaba desde la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, en 1992.
“El Salvador está experimentando el resurgimiento de un proceso de persecución y criminalización por motivos políticos. Este fenómeno representa una regresión histórica que contradice los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se creía superada esta práctica represiva”, se advirtió en el informe.
Ante esta situación, Cristosal pidió el cese inmediato de la persecución política y una reparación integral para las víctimas. “Cesar de forma inmediata toda forma de persecución política de la disidencia en El Salvador. Reconocer públicamente la responsabilidad del Estado, garantizando verdad, justicia y reparación integral para las víctimas, conforme a estándares internacionales. Asimismo, investigar y sancionar a funcionarios involucrados en persecución política, incluidos altos mandos”, exigió la organización.
Cristosal aseguró que continuará documentando estos abusos de poder, señalando la instrumentalización del sistema de justicia y acompañando a quienes, pese al riesgo, defienden sus derechos y libertades.
