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Ciudad de Panamá/AFP
Indígenas panameños reabrieron la carretera Interamericana, for sale después de mantenerla bloqueada por varias horas, en el segundo día de protestas contra un proyecto hidroeléctrico financiado por bancos europeos, informaron dirigentes de las manifestaciones.
«Hemos reabierto la carretera Interamericana, pero el conflicto se mantiene porque el presidente Juan Carlos Varela dijo que no iba a cancelar el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco», dijo a la AFP Ricardo Miranda, uno de los líderes de las protestas.
«Vamos a seguir luchando por nuestro agua y mañana (miércoles) seguirán las protestas», añadió Miranda.
Decenas de indígenas y campesinos panameños bloquearon por segundo día consecutivo y por varias horas la vía Interamericana, que conecta Panamá con Costa Rica, a la altura del proyecto hidroeléctrico, en la localidad de Tolé (suroeste).
«El gobierno y los bancos son responsables de lo que pueda pasar a partir de ahora. Puede haber muertos», señaló Miranda, quien agregó que los manifestantes no cederán «a la intimidación de la oligarquía».
Indígenas Ngäbe-Buglé y campesinos rechazan el proyecto Barro Blanco, ubicado en la provincia occidental de Chiriquí, porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del río Tabasará.
Este proyecto hidroeléctrico, que está avanzado en más de un 95%, es financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Sin embargo, fue cancelado temporalmente en febrero por el gobierno panameño por incumplimiento en los estudios de impacto ambiental.
Tras la suspensión, se inició un diálogo auspiciado por las Naciones Unidas entre el gobierno, indígenas y la empresa, aunque los nativos se sienten burlados y acusan a las entidades bancarias de violar sus propias reglas internas en materia de transparencia.
«El gobierno panameño ha sido cómplice con el acompañamiento de los bancos internacionales en este proyecto corrupto que coge nuestras aguas y privatiza nuestras tierras colectivas», señaló Miranda.
El lunes, Varela instó a los indígenas a «ir al diálogo», mientras que la Cámara de Comercio rechazó el cierre de la vía porque «conlleva un costo millonario», dado que por ella transitan entre 1.800 y 4.500 vehículos al día, entre ellos camiones con mercancías procedentes y con destino a Centroamérica.
Una cancelación definitiva podría acarrear demandas millonarias contra el Estado panameño, ya que, según las empresas nacionales que realizan el proyecto –Generadora del Istmo S.A. (Genisa) e Hidráulica de San José–, las pérdidas podrían superar los 130 millones de dólares.
Una vez en funcionamiento, la hidroeléctrica produciría 28 megavatios, según sus responsables.
