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@RosmeriAlfaro
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde indicó que la tendencia a la baja de los homicidios se ha mantenido, esto en el informe de avances del Plan El Salvador Seguro, en los 10 municipios priorizados.
Según el funcionario, hasta el 16 de agosto, hubo 3,638 homicidios, presentando una mayor incidencia los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Miguel, Sonsonate, Usulután y Santa Ana.
Los municipios que presentan menos incidencia son los de Chalatenango que presentó 43 homicidios, y Morazán con 82 casos.
El ministro indicó que en julio hubo un aumento en los homicidios, en el que incidieron los intercambios de disparos donde murieron 42 personas miembros de estructuras delincuenciales, y en agosto, en referencia al período vacacional.
En el informe destacó el inicio de la segunda fase de las medidas extraordinarias que comprenden más niveles de control para brindar mayor seguridad a los salvadoreños.
En la reunión, el Ministro de Hacienda Carlos Cáceres informó sobre los diferentes de desembolsos para las medidas extraordinarias de seguridad y prevención de violencia, obtenidos de la contribución especial.
El ministro indicó que algunos de estos fondos no han sido utilizados, por lo que hizo un llamado a las autoridades del gabinete de seguridad a presionar para que el avance de todo lo que no es asignación de bonos se ejecute y se solicite un avance cualitativo de los proyectos.
De la contribución especial a la telefonía del 5% y del impuesto de la renta a quienes perciben arriba de $500 mil, se han recaudado 37.2 millones de dólares, de los cuales $27.5 millones han sido asignados.
“La realidad es que no tiene ningún sentido que los programas colaterales a la asignación de bonos, no sean ejecutados”, dijo el titular de hacienda.
Respecto a la creación de 100 plazas en la Fiscalía, Cáceres recomendó que debe asegurarse el financiamiento de las plazas para el año próximo, ya que la caja del Estado es bastante limitada.
Cáceres recomendó que cuando se asignen los fondos no se genere un problema futuro al Estado, ya que el estar aprobando empleos y aumentos, si no están vinculados a la temporalidad de la atención de
los problemas de seguridad, será un problema porque se incorporarían a los gastos del Estado.
