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@JoakinSalazar
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador dará está tarde el fallo de la audiencia de vista pública en contra de los 17 imputados vinculados con la supuesta entrega de beneficios durante la tregua entre Pandillas. La Fiscalía, ante la falta de pruebas científicas utilizó fundamentalmente al testigo criteriado conocido como “Nalo”, que ha sido cuestionado por su veracidad.
Con la resolución se determinará la inocencia o culpabilidad de los 17 implicados, entre estos el ex director de centros penales Nelson Rauda Portillo, el ex mediador de la tregua Raúl Mijango, el ex inspector general de centros penales Anílver Rodríguez.
Además, son procesados, Juan Roberto Castillo Díaz, Carmen Elena Arévalo Mata, Sara Encarnación Hernández Orellana, Nancy Eugenia Escobar de Soriano, Arija Vanessa Tobar de Mendoza y Sandra Marilin Campos de Martínez.
También Ronald José Zúniga Velásquez, Clara Maribel Linares de Escobar, Maricruz del Carmen Hernández de Pacheco, José Antonio Meza Rodríguez, Feliz Antonio Ruiz Soto, Rigoberto Palacios Carrillo, Juan José Zepeda Mejía, José Adrián Abarca Molina y Miguel Ángel Abarca.
Hasta hoy, todos los imputados gozan de medida sustitutivas a la detención, y son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de Actos Arbitrarios, Agrupaciones Ilícitas, Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales, falsedad ideológica.
El testigo criteriado “Nalo”, miembro de la pandilla 18, no goza de credibilidad, puesto que la defensa técnica y algunos sectores afirman que ha sido preparado por la Fiscalía, con una doble intención. Además, se ha cuestionado del porqué se le da veracidad a un pandillero que busca también beneficios judiciales, y está dispuesto a mentir con tal de obtenerlos.
La Fiscalía General de la República, al término de la vista pública pidió penas de prisión, para los imputados, que oscilan entre los seis y 18 años.
La pena más alta de 18 años ha sido pedida contra el ex director de centros penales Nelson Rauda y contra el ex inspector general de centros penales Anílver Eduviges Rodríguez. Porque los delitos que se les imputan se agravan al haber desempeñado como funcionarios públicos.
Contra el mediador Raúl Mijango, la FGR pidió 12 años de prisión, por los delitos de Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales y Agrupaciones Ilícitas.
Mientras que contra el subinspector Roberto Castillo Díaz, miembro del Organismo de Inteligencia del Estado, quien durante la tregua se desempeñó como asistente de Mijango, pidió 14 años de prisión por los delitos de Tráfico e Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales y Agrupaciones Ilícitas.
Para los miembros de los consejos criminológicos la Fiscalía solicitó una condena de seis años para cada uno; mientras que para cinco ex directores de centros penales la petición fue de 14 años por Tráfico e Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales y por Incumplimiento de Deberes.
La defensa técnica señaló, en sus últimos alegatos, que la intención de Nalo es salvarse él, para lo cual ha mentido en el juicio. Por lo que su declaración no tiene validez, por lo que solicitaron una absolución para todos, basados en que los imputados solo fueron parte de una política de Estado impulsada por el gobierno del ex presidente Mauricio Funes. Asimismo, piden que se desacredite al testigo Nalo, por supuesto falso testimonio.
Para esta tarde se conocerá si los imputados serán condenados y enviados a prisión o serán absueltos de todo cargo.
