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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Exigimos al Estado de El Salvador que ya no obstaculice el acceso a la justicia de las víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad”, dijo Ovidio Mauricio, director ejecutivo de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en el pronunciamiento sobre la retardación de justicia por parte del Gobierno, en casos emblemáticos como la masacre El Mozote y el Río Sumpul.
Tras la audiencia pública de supervisión de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, el pasado 4 de marzo, Ovidio Mauricio González señaló que este organismo hizo “serios cuestionamientos” al Estado salvadoreño, en lo relativo al incumplimiento de las medidas de justicia y reparación, que incluía la investigación de los archivos militares de los operativos de los años ochenta, la falta de fortalecimiento del tribunal que lleva el proceso y otros vacíos, que continúan afectando la dignidad de las víctimas.
“La negativa de no permitir las inspecciones en los archivos militares de 1981, por parte del presidente Nayib Bukele y su ministro de la Defensa, René Francis Merino, no solo implicó un desacato de las órdenes judiciales del juez de la causa (Jorge Guzmán), sino que persistió incluso después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinara que la obstaculización de estas diligencias podrían ser constitutivas de delito”, expresó González.
La Masacre de El Mozote y lugares aledaños culminó en el asesinato de más de mil personas, la mayoría mujeres, niños, niñas y adultos mayores, que habitaban al noreste de Morazán. El operativo ejecutado entre el 10 al 13, de diciembre de 1981 ha sido considerada como una de las “más letales” del Siglo XX.
En el operativo participaron efectivos del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl (BIRI), así como el apoyo de otros destacamentos militares de la zona y la Fuerza Aérea (FAES), que sumaron entre 1,000 a 2,000 efectivos militares, distribuidos en la zona.
Asimismo, el director de Tutela Legal MJH lamentó las actuaciones de la Fiscalía General de la República, por sus acciones unilaterales, sobre el caso de la masacre, las que solo ha traído la revictimización de los sobrevivientes y familiares.
“No han informado ni consultado a las víctimas, incluso, actuando en contra de los intereses de ellas; así como, recusar a la perita propuesta por la acusación particular, pese a que dicha solicitud ya había sido resuelta por el juez de la causa. Y pedir la recusación del juez Guzmán, sin ninguna argumentación sobre la imparcialidad en el proceso. Yo he sido fiscal, y sé que se hacen reportes diarios de los casos y que diga, el fiscal (Melara Morán) que fue decisión de otros mandos fiscales, genera dudas”, sostuvo.
“Consideramos también una estrategia desdeñable el manipular la situación de las víctimas, convirtiendo supuestas reuniones en actos políticos partidistas, incluso, utilizando activistas como víctimas, la cual es una gastada forma de utilizar el dolor de salvadoreñas y salvadoreños”, agregó.
Wilfredo Medrano, abogado acusador, en representación de las víctimas, manifestó que el Estados salvadoreño evadió muchos requerimientos que debía presentar ante la Audiencia de Seguimiento de la sentencia de la Corte IDH, y sin retomar lo referido a los bloqueos militares, ni al desacato que se cometió en las diligencias judiciales.
“El presidente Nayib Bukele ha desafiado las órdenes judiciales que pueden constituirse en un delito y la representación del Estado, la Secretaría Jurídica de la Presidencia argumento lo mismo que se ponía en riesgo la seguridad, al permitir el ingreso a los archivos militares, pese a que el juez, explicó que busca los planes de 1981, no los planes actuales -por decir algo, como el Plan Territorial-. Se buscan los planes con los que se ejecutó a la población civil desarmada. Simplemente llegaron a argumentar otros tipos de elementos, que no se referían en nada al objetivo de la audiencia de la Corte IDH, que es los avances en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la masacre de El Mozote y sitios aledaños”, explicó Medrano.
Mientras, en el caso de la masacre de El Sumpul, ocurrida el 13 y 14 de mayo de 1980, y que desde el 10 de febrero del presente año se han realizado trabajos de exhumaciones en un pozo identificado en el Caserío Las Aradas municipio de Ojos de Agua, un crimen de Lesa Humanidad cometido por los ejércitos de El Salvador y Honduras. El proceso judicial lo lleva la jueza de Paz de este municipio, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y la Asociación de Víctimas de El Sumpul, representados por Tutela Legal MJH.
Alejandro Díaz, abogado en el caso, afirmó que luego de 40 años de cometida la masacre de El Sumpul, en 10 días de trabajo se encontraron restos humanos, por lo cual se continúa en un proceso de exhumación en la zona, pese a una institucionalidad deficiente y carente de empatía con las víctimas.
“En Las Aradas, en donde se cometió la masacre, ejecutada por los ejércitos de El Salvador y Honduras, es bueno que existan evidencias, porque las víctimas tienen el respaldo de los hallazgos. Aunque, reiteró que hemos encontrado las mismas carencias del Estado como el caso de El Mozote. A las víctimas les toca sufragar los gastos para dichas diligencias y pruebas, y que si bien en el caso se han recuperado evidencias de restos humanos, el proceso para hacer los estudios respectivos se tarde muchos meses o en su caso no se pueda realizar por falta de capacidad para analizar restos de larga data”, manifestó Díaz.
Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, reiteró la demanda de mayores recursos para fortalecer el trabajo de los tribunales que tienen a cargo estos procesos de la Fiscalía (FGR), el Instituto de Medicina Legal (IML), para “no dejar intencionalmente la carga de la prueba y diligencias judiciales a las víctimas de estos crímenes de guerra. Y realizar las investigaciones para sancionar a los responsables de generar obstáculos en el camino a la justicia.
