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Redacción Nacionales
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Los líderes comunitarios de Santa Marta están cerca de cumplir cuatro meses en prisión y lejos de recuperar su libertad. El estado los tiene bajo prisión desde el pasado 11 de enero, tras vincularlos con un supuesto homicidio ocurrido en el conflicto armado. Desde esa fecha la comunidad y diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales se han pronunciado e instando al Gobierno que los libere.
Por ejemplo, la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIE-DEG) condenón este fin de semana la detención “arbitraria e ilegal” del director de la Asociación Santa Marta para el Desarrollo Económico de El Salvador (ADES), Antonio Pacheco, y demás líderes comunitarios de la Comunidad de Santa Marta de El Salvador.
El pasado 11 de enero de 2023 fueron capturados los líderes comunitarios por parte de la Fiscalía “que responde al estado de excepción impuesto por el Gobierno (el cual) mantiene contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas y defensores de los territorios que protegen los derechos de las comunidades contra la minería metálica que forma parte del modelo extractivista colonial que ocupa, despoja y saquea”, dijo la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala.
La semana pasada, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social en El Salvador (ALAMES Margarita Posada) señaló que las verdaderas razones de la captura, injusticias y procesamiento arbitrario contra los cinco líderes de Santa Marta es para intimidar a la comunidad e impedir su organización para abrir el camino a las empresas mineras.
Dicha Asociación plantea que la ambición del presidente Bukele y el partido oficialista de Nuevas Ideas ha operado conjuntamente una serie de eventos instrumentalizando la institucionalidad pública de los tres poderes del Estado, para ganarse el favor de las mineras, destinados a revertir el acuerdo nacional concretado en la Ley de Prohibición de la Minería a finales de marzo de 2017.
Por lo antes dicho, las iglesias evangélicas de Guatemala se solidarizaron con la Asociación Santa Marta para el Desarrollo Económico de El Salvador (ADES) y su director Antonio Pacheco, así como con Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, habitantes de la comunidad, y Saúl Agustín Rivas Ortega, apoderado legal de ADES.
“Exigimos al gobierno de Nayib Bukele su liberación inmediata e incondicional. Hacemos un llamado a las organizaciones de Abya Soberana de los Pueblos y a otras organizaciones del mundo a unirse a esta exigencia de justicia”, concluyó la CIE-DEG.
Abya Soberana de los Pueblos se encarga de fortalecer la unidad y articulación plurinacional entre pueblos y nacionalidades para hacer frente al sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, colonial y racista mediante mecanismos y acciones de lucha creativas y transformadoras.
