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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Es obligado preguntarnos hacia donde quiere llevar al país este gobierno. Resulta evidente que la vida de la gente no le importa, pero sí le interesa que le crean sus mentiras y que secunden sus odios, su afán divisionista aunque con ello se vaya directamente al colapso del país, de la salud, de la economía y de la democracia.
Las acciones del Gobierno buscan abonar a objetivos electorales con la resonancia y la altisonancia, para desatar el deseo de sus seguidores de establecer en todas las instituciones del Estado, a un ejercito de seguidores que a todo lo que pida el presidente le digan sí.
Con la burla a la Sala de lo Constitucional; las ofensas a los diputados, y a cualquier persona o entidad que critica, y la exaltación a los militares , fortalece el autoritarismo, el machismo. Al repetir esos mensajes de odio en directo, repetirlos en los medios de comunicación y por sus fanáticos seguidores, espera que le produzca votos.
Los problemas de la gente no le importan, mientras creen estar en el camino de conseguir una ganancia electoral con la cual legalizar su régimen dictatorial, “todo se vale”.
Mientras tanto, la gente se contagia, acude a hospitales, sufre, se recupera o muere; se transporta apiñada en camiones, se rebusca trabajando, vendiendo por todos lados lo que puede. Con frialdad se anuncian las pérdidas de empleo por cada sector, sin pensar que en cada despedido está una familia que necesita comer, pagar agua, luz, vestirse, curarse, recrearse y que sin ingreso nada de eso será posible.
En sus demandas de legislación le interesaban facultades punitivas y autorización para compras directas sin pasar por la ley de adquisiciones; y han quedado al descubierto las compras millonarias sobrevaloradas a empresas de sus funcionarios y amigos las mascarillas.
Establecieron la más larga cuarentena, pararon el transporte público desde mayo. Se burlaron a los empresarios que le ayudaron a conseguir mil millones en deuda con la promesa de apertura de la economía a partir del 7 de junio. La segunda fase de reapertura la reprogramaron en dos ocasiones desde inicios de junio para el 20 de agosto.
Por puro capricho, el presidente vetó el Decreto Legislativo 661 aprobado el 12 de junio, la Asamblea lo supero el 26 del mismo mes y tardíamente la Sala de lo Constitucional lo declaró constitucional el 19 de agosto; mandató al presidente sancionarlo, mandarlo a publicar y reformarlo en lo correspondiente a las fases, pero en la práctica lo vuelve nulo, dejando que se abra sin regulación legal toda la actividad económica.
El transporte público fue autorizado a salir el 24 de agosto; y ahora son los empresarios quienes expresan la contradicción con el Gobierno; pues alegan que las reglas para funcionar implican pérdidas y exigen aumentar la tarifa o el subsidio.
La actividad informal de la economía que se moviliza, lo hace en camiones, en transporte privado sin guardar la recomendación del distanciamiento social y a veces, ni la mascarilla; tres meses sin transporte público en un país donde más del 80 % de las personas se trasladan a trabajar en este medio indica por sí solo la afectación a la economía familiar de la mayor parte de la población.
El orden que pudo representar el decreto 661 fue desperdiciado. Ahora con el desorden se esperan mayores contagios y el gobierno dirá, si ocurre, que es por culpa de la Sala y los diputados.
A los médicos, los sacan de los hospitales, les aumentan las horas de trabajo y los mandan a las paradas de buses para vigilar el cumplimiento de recomendaciones del Viceministerio de Transporte. Por ese camino se puede esperar que un día manden a los gestores de tránsito a curar a los pacientes de COVID-19.
Con un Gobierno y un presidente así, queda nuestra población expuesta a la ley de la selva, al sálvense quien pueda y a los peores males sociales que una aguda crisis económica puedan acompañarle.
El espacio para el optimismo es escaso, pero existe la posibilidad que al darse cuenta las personas y las empresas de tanta irresponsabilidad; se asuman las normas de autoprotección de manera de disminuir las afectaciones a la salud, y se tengan espacios para que poco a poco se recupere la actividad económica para que las mayorías puedan asegurar su sobrevivencia.
También queda esperar que aumente la capacidad crítica y se aprenda a distinguir la realidad de las mentiras; que aprendamos a exigir cuentas del dinero que por los siguientes cuarenta años, les tocará a dos o tres generaciones seguir pagando.
