Por David Alfaro
12/08/2026
En retrospectiva.
Hace exactamente un año, se consumaba una decisión que ya entonces resultaba jurídicamente cuestionable y que, vista en retrospectiva, evidenciaba una preocupante concentración de poder: Gustavo Villatoro, entonces ministro de Seguridad Pública, asumía también funciones al frente de la Policía Nacional Civil.
El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil es claro: «el cargo de director general es incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo público».
No había letra pequeña ni un supuesto «mientras tanto» que pudiera borrar esa incompatibilidad. La norma buscaba precisamente impedir que el mando de la PNC quedara subordinado a quien ya ocupaba un cargo político dentro del Ejecutivo.
Hace un año se presentó aquello como un simple «encargo». Pero un año después, la retrospectiva permite verlo por lo que realmente significó: la concentración de dos posiciones de enorme poder en una misma persona y el debilitamiento de los límites institucionales que deberían impedirla.
Cuando las leyes dejan de ser un límite al poder y pasan a ser un obstáculo que simplemente se esquiva mediante interpretaciones convenientes, lo que se deteriora no es solamente una norma: es el Estado de derecho.
Un año después, aquella decisión merece ser recordada no como un detalle administrativo, sino como un precedente de cómo se puede normalizar la concentración del poder mientras se pretende presentar como legal lo que, desde el inicio, era incompatible con la propia ley.
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