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La Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, planteó en su comunicado que no denunciar o avalar estos abusos de poder, significa que es “cómplice de los atentados a la democracia”. Foto Diario Co Latino/Cortesía

“Grave retroceso de la democracia”: Tutela Legal María J. Hernández

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Condenamos las acciones dictatoriales de parte del presidente Nayib Bukele y de los diputados del partido Nuevas Ideas, en un claro retroceso e intromisión en otros órganos del Estado”, reiteró en su pronunciamiento la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, ante lo que calificaron “Golpe de Estado” al sistema de Justicia de El Salvador.

La Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” es una organización que históricamente ha defendido y promovido los derechos humanos, así como la representación legal a las víctimas de casos emblemáticos de Lesa Humanidad, como la Masacre de El Mozote, la Masacre del Río Sumpul, y el caso de monseñor Oscar Arnulfo Romero, y otros hechos en donde el Estado de El Salvador ha sido señalado y responsabilizado de abusos a los derechos humanos de la población.

En el pronunciamiento Tutela Legal MJH señaló que la destitución de los cinco Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República, con el fin de colocar en sus cargos a “funcionarios vinculados y serviles al partido oficial” representa para la organización una decisión “totalmente antidemocrática”, que atenta de forma directa a la independencia de los órganos del Estado.

“Estas acciones son un irrespeto a la independencia judicial, y si bien, gracias al voto popular el presidente Bukele y sus diputados tienen la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, eso no les faculta para violentar las leyes de la República y romper el orden constitucional”, dice la organización pro derechos humanos.

Asimismo, reitera que esas acciones se suman al uso intimidatorio y de abuso de elementos de la Fuerza Armada y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), con el fin de limitar y restringir derechos y libertades como de prensa, expresión y los ataques o amenazas a personas defensoras de derechos humanos, sectores académicos y toda persona o agrupación que cuestione su mandato presidencial.

“Hacemos un llamado a la ONU, OEA, Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CICIES, Unión Europea, Amnistía Internacional, Cuerpo Diplomático y toda la Comunidad Internacional, a que se activen y se expresen de manera contundente contra estas agresiones a nuestro proceso democrático impulsado desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992”, sostiene.

La Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” planteó en su comunicado que no denunciar o avalar estos abusos de poder, significa que es “cómplice de los atentados a la democracia”, y mucho más, si decide tomar un puesto al lado del opresor y no en favor de las mayorías populares que históricamente han sido empobrecidas, engañadas y reprimidas.

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