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@RosmeriAlfaro
Como muestra del compromiso que tiene la administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén con la transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información pública, la presidencia anunció que será de las primeras instituciones en desclasificar información, luego que la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), anunció el inicio de la revisión, actualización y desclasificación de información, con el objetivo de reducir la documentación reservada y ampliar el acceso de esta a la ciudadanía.
Aurora Cubías, directora de Transparencia y Anticorrupción, señaló que 15 instituciones gubernamentales que tienen los más altos niveles de información reservada serán convocadas a partir de la próxima semana para trabajar una revisión minuciosa sobre cada una de ellas.
Asimismo, indicó que el proceso se ampliará progresivamente al resto de entidades del Ejecutivo para disminuir los cinco mil documentos que se encuentran en reserva, esto con el objeto de poner la información más accesible a la población.
Entre las instituciones que tienen los índices de reserva más extensos están: MINEC, FSV, MAG, ISDEM, FOSOFAMILIA, ANDA, CONAMYPE, FOSALUD, CENTA, MDN, CEL, PNC.
Estas acciones serán realizadas con el apoyo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que apoyará con recomendaciones y lineamientos generales para la clasificación de la información reservada.
“Como instituto se emitirán recomendaciones y lineamientos, pero no se confeccionarán declaratorias de reservas de información ni se elaborarán índices de reserva porque cada institución es autónoma”, aclaró Jaime Campos, comisionado del IAIP.
La Ley del Acceso a la Información Pública establece en los artículos 19 y 23, qué tipo de información puede ser clasificada como reservada, los plazos de reserva, los motivos de declaratoria de reserva, la elaboración de índices de este tipo de información por parte de las UAIP de cada institución y el registro centralizado que deberá llevar sobre el mismo el instituto el cual deberá ser público.
De acuerdo con Cubías, si se quiere garantizar que todos los sectores y no solo las instituciones públicas entren a la cultura de la transparencia del acceso a la información se debe trabajar más en detalle sobre reformas a la LAIP y otros aspectos.
“Es necesario rebosar la ley en aquellos puntos que sean contributivos a una mayor apertura y transparencia y en aquellos que dejen claras o marcadas las reglas, porque no podemos negar que hay muchas cosas que dejan espacio para que las instituciones definan si una información se entrega o no se entrega”, indicó.
Al respecto, Campos manifestó que están valorando incluir reformas a las ley para mejorar los niveles de acceso a la información cuando la respuesta de las instituciones del Estado es que una información es inexistente, ya que esto se ha convertido en una causal de acceso a la información pública ante el instituto.
Según el comisionado, hasta la fecha tienen 13 casos en la Sala de lo Contencioso Administrativo, y que en tres años de funcionamiento del IAIP solo ha habido un caso resuelto, el estado de asesores de la asamblea legislativa.
Las autoridades hicieron un llamado para que otros Órganos del Estado, Ministerio Público y municipalidades se sumen al esfuerzo de desclasificar de manera voluntaria, información pública que no reúne las condiciones para ser mantenida como reservada.
