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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
El presidente Salvador Sánchez Cerén lanzó la Política de Participación Ciudadana, que establece los lineamientos para las instituciones gubernamentales, a fin de fomentar el involucramiento y el protagonismo de la ciudadanía en la gestión pública.
Este instrumento, indicaron las autoridades, fue creado con el objetivo de fomentar el involucramiento y el protagonismo de las personas y sus organizaciones en la gestión pública y la
construcción de un proyecto de país, desde el enfoque del buen vivir.
Con esta política, el Gobierno reafirma su compromiso de ser una administración abierta a la ciudadanía, dialogante y sometida al permanente escrutinio público.
“Desde el inicio de mi mandato asumí el compromiso de gobernar cercano a la gente y lo hemos cumplido. La participación ciudadana, ha sido uno de los principios centrales de mi gobierno”, dijo el mandatario.
El presidente afirmó que la construcción de este ideal presenta serios desafíos como los recursos para impulsarlo por lo que se preguntó ¿por qué a un año de que la Asamblea Legislativa aprobará 900 millones de dólares para convertirla en deuda de largo plazo, la Sala de lo Constitucional no ha definido si es constitucional o no su aprobación?
El documento elaborado por la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) establece que los ministerios e instituciones gubernamentales tienen que fomentar y crear los espacios en los que la gente pueda incidir y solventar sus problemas locales y nacionales.
El secretario de participación, transparencia y anticorrupción, Marcos
Rodríguez, explicó que esta política pretende que todas las instancias
del Ejecutivo, “81 instancias por lo menos”, apliquen determinados
lineamientos que se sintetizan en abrir las puertas del Estado para
que las personas sean parte de las políticas públicas y que no
solamente demande. “Es pasar de gobernar para la gente a gobernar con
la gente”, dijo.
El documento establece que las entidades del gobierno deben apoyar las
iniciativas que surjan de la ciudadanía, especialmente las
relacionadas con la prevención de la violencia, la construcción de la
cultura de paz, así como la convivencia social.
Asimismo, plantea la creación de espacios de interacción ciudadana
como las audiencias públicas, los despachos abiertos, los consejos
temáticos o sectoriales, las asambleas ciudadanas, la red de las Casas
de la Cultura y Convivencia, entre otros.
“Uno de ellos es el Consejo Consultivo Ciudadano de seguimiento del
Plan Quinquenal de Desarrollo que va tener representantes ciudadanos
que van a monitorear y pronunciarse en cuanto a los avances del plan”,
manifestó el secretario Rodríguez.
Agregó que con este instrumento gubernamental se prevé que la gente
pase de la petición y esperar que el gobierno resuelva sus problemas,
a ser parte de las soluciones y a cooperar con las autoridades para
mejorar la calidad de vida en sus comunidades.
“Todos somos partes de las virtudes de este país, pero todas y todos también somos parte de los problemas y la única forma de sacarlo adelante no es solo haciendo solicitudes y peticiones sino comprometiéndonos como protagonistas con el cambio del país”, señaló.
En el evento también se juramentó el Consejo Consultivo Ciudadano, entidad que le dará seguimiento a la ejecución del Plan Quinquenal de Desarrollo, y que está conformada por la presentación de 8,000 organizaciones a nivel nacional de diferentes sectores como ADESCOS, mujeres, pueblos indígenas, emprendedores, jóvenes, entre otros.
Lorena Murillo, delegada del equipo consultivo indicó que con la creación de este consejo se potencia el poder de incidir de la población en la política de más alto nivel como fuente de soberanía demandante del poder político.
Murillo señaló que con esto están aperturando un nuevo espacio de participación en los asuntos públicos y están estableciendo las bases para que las instituciones, funcionarias y funcionarios fomenten la cultura del debate, la consulta ciudadana y la rendición de cuentas.
El consejo estará integrado por delegados de las 14 asambleas ciudadanas departamentales, consejos técnicos y sectoriales, universidades y centros de investigación.
