Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Este 1 de mayo hubo muchas razones para que diversas organizaciones sociales, sindicatos, grupos de mujeres y partidos políticos decidieran marchar y reprochar a la administración del presidente Nayib Bukele, entre estas el desempleo, los despidos masivos, el despojo de tierras, las capturas arbitrarias, los desaparecidos, el aumento de la pobreza, la migración, la criminalización social y, además para exigirle su no reelección presidencial.
En el marco del Día Internacional del Trabajo, este 1 de mayo, miles de salvadoreños y salvadoreñas marcharon por las principales calles de la ciudad capital, para públicamente demandar del Estado salvadoreño el respeto a los derechos laborales, sociales y económicos de la población.
“Nuestros familiares fueron asesinados de forma injusta en esas cárceles, sin derecho a un debido proceso, solo porque alguien con mala intención los acusó, y eso no es justo lo que están haciendo”, dijo Jennifer, del Movimiento de Víctimas (MOVIR) que participó en la marcha.
“Si capturan delincuentes -bien- que paguen el daño que han hecho, pero los inocentes no tienen porque pagar. Sus madres, hijas, hermanas que reciben llenas de dolor a su familiar que fue asesinado a golpes, siendo inocente. Por eso estamos aquí con dignidad, queremos justicia, libertad y reparación”, acotó Jennifer.
Otros pronunciamientos de diversas organizaciones se hicieron sentir como el de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, que enfocó su preocupación por las medidas represivas y el deterioro del marco jurídico laboral que se ven reflejados en despidos o traslados injustificados, retraso en el pago de salarios y la criminalización del movimiento sindical y social.
“Con el régimen hay víctimas de cateos violentos, allanamientos de sus hogares y arrestos arbitrarios que llega a una cifra cerca de los 8 mil personas, principalmente jóvenes, según registros de algunas organizaciones de derechos humanos. Y la prórroga continúa por más de un año, que ha dificultado también el derecho a la movilidad de cientos de trabajadores y trabajadoras”, manifestó Sonia Ramírez.
Ramírez señaló que la realidad de las personas trabajadoras es sumamente difícil al plantear la escasez de los empleos formales, la discriminación por género para la mujer y por el ato costo de los alimentos, que limita al trabajador a gozar de su derecho a una vida digna.
“Hay menor acceso a alimentos variados y de calidad por el incremento de la canasta básica, el difícil acceso al agua de la calidad para el consumo humano producto de la contaminación de aguas superficiales y mayores barreras de los servicios de salud en el ISSS y el MINSAL, en donde se reciben malos tratos, citas tardías y falta de medicamentos, entre otros obstáculos para una salud integral”, reiteró Ramírez.
Mientras, Luis González, de la UNES y de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, reafirmó que en todos los años de lucha de las y los trabajadores siempre ha faltado una comunicación aceptable con cada gobierno en turno; pero consideró que actualmente es “mucho más grave” porque también se están perdiendo derechos conquistados.
“El derecho a la información, a la participación y la justicia se están perdiendo, y en el tema ambiental el derecho al agua, la seguridad y soberanía alimentaria, un medio ambiente sano, salud que son derechos fundamentales para las trabajadoras y trabajadores, porque están relacionados a su alimentación, a su salud”, explicó.
“¿Cómo van los trabajadores y trabajadoras a tener un vida digna?, si tenemos un Estado que no promueve políticas públicas para reivindicar sus derechos, que tengan calidad de vida. Por eso exigimos que los derechos de la población se cumplan y que no todo quede en discursos, esa es la exigencia que tenemos que hacer por nosotros y nuestros hijos”, reafirmó González.
Rosario Villega es de las pocas mujeres campesinas que pudo pasar junto a su comunidad el retén policial que fueron implementados en horas de la madrugada, luego que circulara por redes sociales la denuncia del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil la suspensión de permisos de los agentes para integrar este dispositivo de obstrucción al derecho a circular libremente en el territorio nacional.
Y que se realizaron en el municipio de Tecoluca y Olocuilta, en donde los agentes policiales no sólo impidieron el tránsito de las personas hacia San Salvador, si no que requisaron los Documentos Únicos de Identidad (DUI), con el fin de impedirles el paso.
“Nosotros hemos venido aquí para exigirle al gobierno que nos ayude a reparar las bordas para que el río Lempa, no inunde nuestros cultivos porque si no los perderemos. Somos campesinos que solo cultivamos la tierra, en La Pita, Tecoluca (San Vicente)”, reiteró Rosario Villegas. “Somos casi 1, 400 familias y ya fuimos a buscar a la CEL (Central Hidroeléctrica Río Lempa) y queremos que arreglen las bordas y atiendan los drenos que ya están colapsados, pero aún no hemos recibido ninguna respuesta. Solo nos han dicho que no hay dinero, pero el presidente (Nayib Bukele) en su campaña dijo que cuando no se robaba alcanzaba el dinero, entonces, queremos esa bordas”, exigió Villegas.
Asimismo, integrantes de la Secretaría de la Mujer de CRIPDES, señalaron que el 1 de mayo para las mujeres trabajadoras trasciende en su significado por la lucha de derechos, pero también por la discriminación por género que enfrentan históricamente.
“El alto costo de la vida, el abandono de algunos programas sociales y la falta de acceso de algunos servicios básicos como la salud, alimentación y trabajo, conforman otra realidad y mucho más grave para la mujer rural. ¿Qué significa esta marcha frente a un régimen para las mujeres?, que hay más obstáculos”, señaló Rubia Guardado.
“Este primero de mayo marchamos para hacer incidencia para que el gobierno cumpla las leyes y como mujeres rurales nos sentimos afectadas por todas las violaciones a derechos humanos que están sucediendo en los diferentes ámbitos de mujeres y las instituciones no están aplicando la ley”, añadió Guardado.
Asimismo, consideró que todo el contexto del Régimen de Excepción junto al abandono a la población vulnerable, lo que está provocando es el aumento de la pobreza que llega a las 275 mil personas y otras 500 mil que tuvieron que migrar en busca de una salida económica para su familia. “Las mujeres nos sentimos en un contexto social difícil, porque desde que entró este gobierno ha disminuido el apoyo a las mujeres y los pocos derechos que habíamos logrado han retrocedido. Este escenario de violencia es difícil porque están quedando solas por la violencia social, por las capturas arbitrarias del estado de excepción y por la migración, entonces queda sola y aislada y no es justo”, puntualizó Guardado.
